INVESTIGACIÓN

La Fiscalía vinculó a Arnaldo con un "informe mendaz" para "blindar" a un alcalde corrupto

  • La UCO descubrió un 'email' en el que un empresario impartía instrucciones al candidato del PP al TC y a Rafael Entrena, hermano de su socio, para "dar cobertura legal" a la construcción de un millar de viviendas

  • La Audiencia anuló el registro en el que fue encontrado el mensaje en el que se encargaba a Enrique Arnaldo, que había sido vocal del CGPJ, que maniobrara ante un juez para que no hubiera "sobresaltos" en un asunto penal

El candidato del PP al Tribunal Constitucional, Enrique Arnaldo.

El candidato del PP al Tribunal Constitucional, Enrique Arnaldo. / EUROPA PRESS

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La Fiscalía Provincial de Las Palmas vinculó al ahora candidato del PP al Tribunal Constitucional Enrique Arnaldo con un "informe mendaz" para "dar cobertura legal" a la aprobación de la urbanización Costa Roja, en la isla de Lanzarote (Canarias), que también buscaba "blindar" la actuación del alcalde que aprobó el convenio urbanístico, que años después fue declarado ilegal. El exregidor de Yaiza José Francisco Reyes Rodríguez acabó condenado por otro caso de corrupción a una pena de cinco años y once meses de cárcel por prevaricación urbanística.

Así consta en un escrito de 14 de marzo de 2013, al que ha tenido acceso en exclusiva EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, en el que se incluye un correo electrónico que fue descubierto tras un registro realizado por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En este documento, el empresario Luis Lleó Khünell, da "las gracias por el tiempo profesional dedicado" por Enrique Arnaldo y Rafael Entrena, hermano de su socio Ramón, durante su estancia en Madrid y, "bajando al fondo de los asuntos tratados", les da instrucciones para que elaboraran un informe favorable a la construcción de la urbanización.

Pero el registro policial fue declarado nulo meses después por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que estimó el recurso que interpuso el promotor Luis Lleó Khünell, por lo que las pruebas obtenidas, entre ellas el mensaje dirigido a Arnaldo, no pudo utilizarse como prueba en la investigación judicial.

Dio instrucciones a Arnaldo

Sin embargo, en el correo electrónico se puede leer cómo el empresario trasladaba unas indicaciones a Arnaldo y al hemano de su socio sobre el contenido que debía incluir el dictamen, que pretendía servir de coartada para defender la legalidad de la urbanización Costa Roja, y por el que el Ayuntamiento de Yaiza pagó 27.000 euros a una sociedad de Entrena.

"Me piden que se haga de la siguiente manera: una hoja de encargo firmada por el redactor del dictamen y el alcalde con fecha 6 de marzo de 2007 para realizar el mismo con plazo hasta el 15 de mayo de 2007. Me piden que la hagas llegar firmada y el Ayuntamiento nos la sella y la firma el alcalde donde ponemos objeto del dictamen, plazo y precio. La fecha del encargo coincide seis días después de que el Cabildo requiera al Ayuntamiento para dar copia del expediente administrativo de la licencia urbanística", especifica el mensaje dirigido al letrado del Congreso y a Rafael Entrena.

En la misiva Lleó Khünell explica al candidato del PP al Constitucional y al hermano de su socio que su informe pericial tenía que dar "cobertura jurídica" al convenio urbanístico, pero también al propio alcalde, "ante los informes técnico y jurídico (parcos) obrantes en el expediente", especifica el correo, que finaliza: "Se aprovecharía para justificar legalmente la aportación a posteriori del escrito solicitud del informe de compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) de Lanzarote que se presentará el lunes que viene tras vencer el plazo para comienzo de las obras y de ejecución de las mismas".

Vocal del CGPJ

Finalmente, el empresario, que acabó condenado por corrupción en el caso Unión, pedía en el 'email' dirigido a Entrena y Arnaldo, ya que este último había sido hasta 2001 vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que realizaran gestiones en relación a una querella que había recaído ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Arrecife contra tres funcionarios del Ayuntamiento de Yaiza, municipio en el que pretendía construir el millar de viviendas: "Sería muy interesante hacer gestión personal con preparador o entorno del magistrado-juez al ser el primer destino como magistrado y está bastante perdido, lleva una semana en el Juzgado al objeto de lograr que en cuanto menos hasta después de las elecciones no haya sobresaltos con este asunto penal, inclusive solicitar, al tratarse el querellante de persona física, don Carlos Espino Angulo, una fianza razonable".

El hermano del socio de Arnaldo contestó que no estaba de acuerdo con el 'modus operandi' sugerido por el empresario, porque "podía complicar más las cosas". Sin embargo, la Fiscalía constató que las indicaciones de Lleó Khünell, que según apunta tendrían su origen en el entorno del alcalde de Yaiza, sí se plasmaron en el informe pericial, que según el Ministerio Fiscal era "una farsa", porque desoía "a sabiendas la normativa" e inducía "a los responsables municipales directamente a no poner traba alguna al proyecto, cumpliendo con las instrucciones dadas por Luis Lleó Khünell", destaca el fiscal, que llega a calificar la actuación del catedrático Entrena como una "delictiva maniobra jurídica".

"Infringía clamorosamente la normativa"

La promoción urbanística, prosigue el informe del ministerio público, "infringía clamorosamente la normativa urbanística aplicable, además, desde varios puntos de vista o parámetros urbanísticos (y no solo el PIOT, sino también el propio PGOU de Yaiza), pero el principal era que no había instrumento de planeamiento que permitiera autorizar dicho proyecto". Y por eso la Fiscalía consideraba que el catedrático Entrena y el empresario Luis Lleó Khünell habían actuado como "inductores directos de la actuación del alcalde" con la intención de "dar cobertura legal y blindar penalmente exclusivamente a una persona, el alcalde José Francisco Reyes Rodríguez".

Por todo ello, el ministerio fiscal pedía la imputación de Rafael Entrena, que había sido objeto a dedo de un contrato público de 27.000 euros, "cuando el límite de la contratación menor se fijaba en los 12.000 euros, cantidad que es sobrepasada en el presente caso, sin que exista el menor indicio para pensar que dicha contratación se efectuara correctamente, sino de forma directa y plenamente arbitraria, incurriendo todos los intervinientes en un presunto delito de prevaricación, a título de autores directos, cooperadores necesarios e inductores, en relación con un delito de fraude a la Administración", determina el fiscal, que también le imputaba, en calidad de cooperador necesario, un presunto delito de malversación de caudales públicos.

Condenado, pero evitó la cárcel

Trece años después de las componendas con Entrena y Arnaldo, Lleó Khünell y el intermediario Fernando Becerra lograron eludir la cárcel tras pactar con la Fiscalía unas condenas de un año y cinco meses de cárcel y 150.000 euros de multa, en el caso de Lleó Khünell, y de un año y multa de 100.000 euros en el de su socio, tras confesarse culpables del soborno que destapó el "caso Unión". Se trataba de una de las causas de corrupción más importantes instruidas en Canarias en los últimos años, tal y como destacó Efe en noviembre de 2019, cuando se conoció la resolución judicial.

Lograron esta sentencia rebajada tras reconocer que trataron de comprar al consejero del Cabildo de Lanzarote Carlos Espino (PSOE) para que desbloqueara la operación urbanística investigada, valorada en 69 millones de euros. Se trataba de construir más de un millar de viviendas en la urbanización Costa Roja, en el paraje de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza.

Inicialmente, la Fiscalía pedía para el promotor inmobiliario Luis Lleó Khünell una pena de seis años de cárcel y otra menos severa, de un año y seis meses, para su intermediario Fernando Becerra. Le acusaba de haber ideado un plan para recuperar las pérdidas millonarias que le había ocasionado la impugnación por parte del Cabildo de Lanzarote de la licencia que le había otorgado en 2006 por el entonces alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes Rodríguez, condenado igualmente en varios procesos por corrupción, para hacer una macrourbanización.

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