INVESTIGACIÓN

Arnaldo cobró a una televisión del PP por monitorizar leyes mientras era funcionario del Congreso

  • Dos correos electrónicos muestran que el candidato del PP al Constitucional, que es letrado del Congreso, informó en mayo de 2006 a su cliente sobre la aprobación de la Ley de Propiedad Intelectual

  • En esas fechas la empresa de Enrique Arnaldo estaba contratada por la televisión balear, por lo que esta firma cobraba todos los meses 2.400 euros por su asesoría legal

 El candidato Enrique Arnaldo Alcubilla comparece ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso de los Diputados para la elección de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional.

 El candidato Enrique Arnaldo Alcubilla comparece ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso de los Diputados para la elección de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. / EFE/ Chema Moya

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El candidato del PP al Tribunal Constitucional Enrique Arnaldo facilitó siendo letrado de la Cortes Generales documentos e información a la Televisión Pública de Baleares (iB3), que le había contratado durante la presidencia de Jaume Matas (PP), acerca de la tramitación del Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual en el Congreso de los Diputados, según consta en el sumario del caso Palma Arena, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

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Facturas de mayo y junio de 2006

Facturas de mayo y junio de 2006

En concreto, en un correo electrónico de 31 de mayo de 2006, días antes de que se aprobara el 7 de julio la mencionada norma en la Cámara Baja, Arnaldo remitió desde una cuenta de Estudios Jurídicos y Procesales (EJP) un mensaje a la directora de la Asesoría Jurídica del Ente Público de la Radiotelevisión de Islas Baleares, Lara Alonso, en el que adjuntaba el Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual: "Al respecto decirte que las enmiendas al mismo han sido ya aprobadas por el Senado, por lo que también te mandamos el texto de presentación de enmiendas, y el texto de aprobación de las mismas", especifica el mensaje, que después recuerda: "No obstante cuando se publique el texto definitivo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales te lo haremos llegar".

Correo electrónico de Enrique Arnaldo

/ EPE

En un segundo mensaje, este enviado a la trabajadora de la televisión pública de Baleares dos días después, el 2 de junio de 2006, Arnaldo le adjunta el texto del Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual aprobado por el Senado, que se encontraba "pendiente de la aprobación definitiva por el Congreso".

Segundo correo electrónico de Enrique Arnaldo

/ EPE

Facturas pagadas

Estas gestiones se producen mientras Arnaldo es letrado del Congreso de los Diputados y asesora a la televisión de Islas Baleares. En concreto en los meses de mayo y junio de 2006, fechas en las que el candidato del PP al Tribunal Constitucional monitorizó la aprobación de la Ley de Propiedad Intelectual en las Cortes Generales, el Ente Público de la televisión balear abonó a Estudios Jurídicos y Procesales dos facturas de 2.434 euros cada una, lo que supone 4.868 euros. En total la asesoría se extendió entre los años 2005 y 2008 por lo que los ingresos para este bufete de abogados fueron muy cuantiosos.

Actividades incompatibles con ser letrado

El Estatuto de Personal de las Cortes Generales establece en su artículo 62 cuáles son las actividades incompatibles con el puesto de funcionario en servicio activo en el Congreso de los Diputados, entre las que se encuentran varias en las que habría incurrido Arnaldo a través de su despacho profesional. Y ello pese a que el pasado 2 de noviembre, durante su comparecencia en el Congreso, el jurista afirmó haber cumplido siempre con el régimen de compatibilidad.

En principio, Arnaldo habría vulnerado del citado artículo en su letra e), que excluye para los letrados de las cortes el ejercicio de actividades privadas lucrativas, profesionales o industriales, siempre que pudieran comprometer la imparcialidad o independencia del funcionario, o impedir o menoscabar el cumplimiento de sus deberes.

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Dictámenes

Dictámenes

Pero quizá la incompatibilidad de Arnaldo se vea más clara respecto del punto k) del artículo 62 del Estatuto. Este último prohíbe a los funcionarios la elaboración de informes o dictámenes para las Administraciones públicas.

Facturas de tres dictámenes

Según la documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Arnaldo cobró 1.740 euros por un trabajo para el Ente Público Radio Televisión de Baleares en febrero de 2007. En la factura aparece el siguiente concepto: "Dictamen acerca de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal y de su posible incidencia en el ámbito de los Entes Públicos de la Radio y la Televisión Autonómicas".

En el sumario del caso 'Palma Arena' en el que estuvo imputado, aunque finalmente no se le llevó a juicio, aparecen dos facturas similares más. En abril de 2007 Arnaldo realizó para el mismo ente público otro dictamen -pese a ser ello incompatible según el Estatuto que regulaba su labor como letrado- por el que cobró en esta ocasión 2.088 euros.

Su despacho, Estudios Jurídicos y Procesales S.L., hizo entonces un "dictamen sobre el régimen jurídico aplicable a la actividad informativa, y de especialización de espacios gratuitos de propaganda electoral del Ente Público Radiotelevisión de las Islas Baleares en el marco de las elecciones autonómicas y municipales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares".

El tercer documento al que ha tenido acceso este diario es de un año anterior, enero de 2006, cuando el despacho de Arnaldo giró factura por 1.740 euros -al igual que las anteriores, el servicio más el IVA- también a la televisión balear por un "dictamen sobre análisis público de las tarifas de la SGAE en relación con los contratos para la autorización, no exclusiva ni intransmisible a terceros, sobre el uso de su repertorio para los actos de comunicación pública y reproducción fijados en el mismo, por los medios televisivos".

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