INVESTIGACIÓN

El candidato del PP al Constitucional prestó 562 servicios a administraciones públicas

  • Un presunto testaferro uruguayo de Ignacio González y de Eduardo Zaplana defendió ante el juez José Castro los negocios de Enrique Arnaldo con Jaume Matas

  • Realizó cinco trabajos para la Administración del Estado, 83 para comunidades autónomas, 15 para la Diputación Foral de Álava, dos para el Cabildo Insular de Gran Canaria y dos para el de Lanzarote, entre otros

El candidato del PP al Constitucional prestó 562 servicios a administraciones públicas
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El candidato del Partido Popular al Tribunal Constitucional Enrique Arnaldo reconoció al juez que investigó el caso Palma Arena, José Castro, que su empresa Estudios Jurídicos y Procesales SL llevó a cabo 562 servicios profesionales entre 2002 Y 2009 a decenas de administraciones públicas, según costa en un escrito de 21 de abril de 2010, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

En concreto, según relata el documento, realizó cinco trabajos para la Administración Central del Estado, 83 para diferentes comunidades autónomas, que no especificó; 15 para la Diputación Foral de Álava, dos para el Cabildo Insular de Gran Canaria; dos para el de Lanzarote, uno para la Associació Catalana de Municipis i Comarques; y 434 para diferentes consistorios, que tampoco identificó.

También elaboró estudios, análisis y proyectos para 19 instituciones, fundaciones o empresas públicas, como por ejemplo el Ente Público Radio Televisión de Baleares, la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, la Empresa Pública Radiotelevisión de la Región de Murcia, la Televisión del Principado de Asturias SAU, Telecanarias, Televisión Española, el Instituto Diversificación y Desarrollo de la Energía (IDEA), el instituto del transporte INECO, Aena, Centros Logísticos Aeroportuarios, Sepes, Gestió d'Infraestructures SA, la Universidad Rey Juan Carlos, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas-Escuela Superior de Arquitectura de la UPM, la Unión Profesional, la Cámara de Comercio de Madrid-Fundación ICO, las fundaciones de la Complutense de Madrid, Hogar del Empleado, Investigación y Desarrollo Ambiental y Ciencias Farmacéuticas y de la Naturaleza.

Casi un millón de euros

Tal y como adelantó la Cadena Ser, la suma total de adjudicaciones de instituciones gobernadas en solitario por el PP fue de 776.289 euros, con contratos de ayuntamientos, diputaciones, o comunidades como la valenciana, madrileña, castellano-leonesa o la balear. A esa cifra, se añaden otros 203.250,15 euros de los gobiernos de coalición en aquella época entre Coalición Canaria y el PP en las islas. 

Y este amplio número de trabajos realizados a las diferentes administraciones y fundaciones públicas acreditaría, según Enrique Arnaldo, "la altísima cualificación profesional de los miembros integrantes de la firma Estudios Jurídicos y Procesales SL, así como de la extensísima experiencia profesional acumulada a lo largo de los años". Además, esta experiencia demostraría "la absoluta idoneidad para llevar a efecto y desarrollar conveniente y convincentemente los encargos profesionales" que le había realizado el expresidente Jaume Matas, y que investigaba el instructor del caso Palma Arena José Castro.

En el mencionado escrito de 21 de abril de 2010 Arnaldo también alude a una carta escrita por el fiduciario uruguayo Fernando Belhot, en el que informa de que ambos habían firmado un "acuerdo marco de colaboración" para el establecimiento de una red iberoamericana de despachos de abogados.

Vinculado a los casos Lezo y Erial

El nombre de Belhot apareció como presunto testaferro del considerado como máximo responsable de la trama Lezo, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, pero también en el caso Erial, en el que está imputado el expresidente de la Comunidad Valenciana y exministro Eduardo Zaplana, tal y como informó la cadena de radio del Grupo Prisa.

En la carta el empresario uruguayo pone de manifiesto que entre su despacho de abogados y el de Enrique Arnaldo "ha existido información abundante respecto de proyectos de inversión en las áreas inmobiliarias, turística, energías renovables y transporte". Además, explica que "para el estudio y para trasladar los proyectos a los inversores, alguno de los cuales se encuentra ahora en negociación" Arnaldo había contado "no solo con el esfuerzo y dedicación de los socios de tu despacho sino con colaboradores externos", en una referencia velada a la posible colaboración de Jaume Matas con el bufete del candidato del PP al Tribunal Constitucional.

Según consta en el sumario del caso Lezo, Enrique Arnaldo prometió al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, considerado como uno de los presuntos cabecillas de la denominada trama ‘Lezo’, mantenerle informado sobre la renovación de cargos en la Fiscalía, según consta en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Nunca fue investigado en esta causa.

42.000 euros a Jaume Matas

Arnaldo sí estuvo imputado en el caso Palma Arena por abonar 42.000 euros al expresidente de Illes Baleares Jaume Matas después de que su Govern concediera a la empresa de Arnaldo contratos, según consta en un auto de 30 de marzo de 2010 del magistrado José Castro.

El asunto fue archivado, pero el magistrado acusó inicialmente a Matas de un delito de malversación de caudales públicos y cohecho por adjudicar dos contratos públicos a esta firma por 30.000 euros y 12.000 euros, respectivamente: "En el año 2004 se inició un expediente de contratación de una asesoría para la implantación de IB3 [la Televisión Autonómica balear], mediante el sistema de negociado sin publicidad. Dicho procedimiento se amañó desde su inicio para que la entidad adjudicataria fuese Estudios Jurídicos y Procesales SL", destacaba la resolución.

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