Podemos supera el acuerdo con el PSOE para la ley mordaza y presenta enmiendas en solitario

Después de semanas de negociación entre los partidos de la coalición para alcanzar un acuerdo que modifique la

Ley Mordaza

, el socio minoritario del Gobierno decide marcar perfil propio presentando en solitario varias enmiendas al texto. El jueves de la semana pasada PSOE y Podemos anunciaban un pacto para comenzar a derogar la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, con más de medio centenar de modificaciones registradas.

Entre estas enmiendas conjuntas se plantean algunos cambios, como la rebaja de las sanciones, la eliminación de las multas en manifestaciones no comunicadas siempre que no pongan en riesgo la seguridad; la emisión del DNI en lenguas cooficiales; la supresión del uso de balas de goma por parte de los antidisturbios; la rebaja de sanción grave a leve la tenencia de estupefacientes; la limitación a dos horas del tiempo en que los sujetos que se nieguen a identificarse pueden ser retenidos en dependencias policiales; un proceso en que los agentes policiales deberán hacer constar, además, su propia identificación; las modificaciones pactadas entre PSOE y Podemos también recogen el derecho a ser devueltos al mismo lugar del que fueron recogidos cuando la comisaría esté en otra localidad.

Más allá de estos cambios, el partido morado ocho enmiendas en solitario, al margen de su socio de Gobierno, que sólo ha presentado una propuesta de cambio en la ley para que el cultivo de sustancias tóxicas en lugares privados sea considerado infracción leve, en lugar de grave, como hasta ahora.

Las modificaciones propuestas por Podemos van más allá en número y en el fondo, limitando el papel de los agentes policiales en ciertas situaciones o reduciendo los ingresos administrativos del estado. Así, una de las enmiendas va encaminada a suprimir las tasas administrativas para la expedición del DNI o Pasaporte de los menores de edad; otra introduce una modificación para obligar a los agentes policiales a dejar constancia en aquellos casos en que empleen cámaras móviles de videovigilancia, cuyo uso "deberá hacerse costar en cada atestado por actuación en la vía pública". Además, busca dar más garantías al tratamiento de las imágenes captadas por videovigilancia, señalando que "dichas grabaciones deberán ser custodiadas dentro de los plazos que marca la legislación en materia de protección de datos, pudiendo ser recabadas por la autoridad judicial".

Podemos propone también eliminar la capacidad de los agentes de pedir que cesen en su actividad a las personas que ejercen la prostitución, que en caso de no atender esta petición se enfrentarían a una infracción grave, al ser entendida como "desobediencia o resistencia a la autoridad". Un cambio que, según detalla en la explicación de motivos, busca "proteger a las mujeres en contextos de prostitución, especialmente a aquellas más vulnerables, frente a posibles sanciones".

Otra de las enmiendas más llamativas va encaminada a suprimir como infracción grave la "plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público, cuando no sean constitutivos de infracción penal". Un apartado que venía recogido en el apartado 18 del artículo 36 de la Ley de Seguridad Ciudadana y que los morados piden suprimir, justificándolo en que "no parece razonable la sanción de la mera tenencia en un domicilio privado de plantas o similares de algún tipo de sustancia, en especial de marihuana o sucedáneas".

Respecto a las drogas, los morados también piden que sólo se consideren infracciones leves la tenencia de sustancias estupefacientes sólo en caso de que "causen un grave daño a la salud"; con el objeto de que no se penalice "la mera tenencia de otras sustancias que socialmente son mayoritariamente admitidas" como la marihuana.

Podemos también pide concretar más la infracción leve hasta ahora consistente en " faltas de respeto y consideración" a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones. Un término que los morados sustituyen por "insultos e injurias", con objetivo de dotar a la norma de "mayor seguridad jurídica".