PSOE y Unidas Podemos acuerdan sacar las devoluciones en caliente de la ley mordaza

PSOE y Unidas Podemos han acordado sacar las devoluciones en caliente de la futura redacción de la ley de seguridad ciudadana, según han trasladado fuentes conocedoras de la negociación a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Tras una serie de negociaciones iniciada a comienzos de esta semana, los socios de Gobierno lograron desbloquear varios de los asuntos necesarios para derogar la ley mordaza, una reforma que lleva atascada tres años.  De esta forma, la nueva ley de Seguridad Ciudadana omitará cualquier mención a asuntos de extranjería y fronteras, referencias que quedarán en el ámbito de la legislación de extranjería.

Por tanto, se eliminará la disposición final que introdujo Mariano Rajoy que avalaba las devoluciones en caliente. Este punto, uno de los más polémicos de dicha reforma, pasará a regularse dentro de la ley de extranjería, siguiendo de esta forma lo establecido en los convenios internacionales suscritos por España y que prohíben este tipo de devoluciones sin garantías jurídicas.

Otro punto de avance será la reducción de la cuantía de las multas que se recogen en la norma y que pueden llegar hasta los 600.000 euros, rebajando cantidades "excesivas" y vinculándolas a la capacidad económica del administrado, calculándose de forma "progresiva y proporcional". También la disminución del tiempo que la policía podrá retener en comisaría a una persona para identificarla, que pasaría a ser de dos horas como máximo ampliable a seis con la excepción de casos excepcionales debidamente alegados y verificables.

También han pactado que se garantice la protección del derecho fundamental a la reunión pacífica sin que "la ausencia de comunicación previa impida su ejercicio siempre que sea de forma pacífica". Además, no se podrá sancionar la toma y difusión de imágenes de miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, salvo que afecte al derecho a la intimidad o la seguridad de los profesionales o sus familiares.

Septiembre de 2020

Los dos socios de Gobierno siguen avanzando en la tramitación parlamentaria de esa reforma que lleva paralizada desde septiembre de 2020, cuando la mayoría de los grupos apoyó una proposición de ley del PNV, la misma que estaba en tramitación cuando se convocaron las elecciones de 2019.

Desde entonces, se han ido sucediendo los plazos de enmiendas hasta este momento. Los partidos que respaldan al Gobierno pretenden que esos plazos ya no se amplíen más y negocian los cambios en la ley hasta el 3 de noviembre, si bien Unidas Podemos admite que "quedan importantes puntos que discutir".