Casado mantiene la exigencia de reforma legal para extender el pacto al CGPJ

La renovación de los órganos constitucionales pendientes, todos excepto el Consejo General del Poder Judicial, es ya el acuerdo más importante en lo que va de legislatura entre el Gobierno y el Partido Popular. Aunque ambas partes sostienen que la interlocución no ha dejado de existir como tal, las relaciones llevaban muchos meses estancadas, hasta el punto de que era difícil predecir un acercamiento de estas características con resultados en tiempo récord. En menos de 24 horas el acuerdo se cerró, después de dos encuentros de tú a tú entre el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, y el número dos de los populares, Teodoro García Egea. Los mensajes se prolongaron a lo largo de la noche y una última reunión, ya el jueves por la mañana a primera hora en el Congreso, sirvió para zanjar las líneas generales.

Todavía quedan flecos y detalles importantes por resolver. Fuentes populares aseguran que los nombres que integrarán las instituciones a partir de ahora no están cerrados, y que las conversaciones se han centrado en hablar del reparto y consensuar que deben ser perfiles de prestigio que no supongan un escollo en la negociación. El gran problema sigue siendo el CGPJ, que ni siquiera ha formado parte de estos contactos. El PP no se mueve de su posición y exige una reforma legal en el sistema de elección que, como mínimo, debe empezarse a tramitar en paralelo al pacto. El presidente del Gobierno volvió a defender anoche en una entrevista en 'laSexta' en mecanismo actual en el que "los jueces ya eligen a los jueces" antes de pasar por el Parlamento. Pedro Sánchez aseguró que ve "más cerca" un acuerdo, pero criticó a los populares por empeñarse en esa reforma cuando el Congreso ya la tumbado en dos ocasiones.

Acuerdo entre Gobierno y PP para renovar los órganos constitucionales excepto el CGPJ

El acuerdo de ayer, en todo caso, implica elegir ya al nuevo Defensor del Pueblo, cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, todos los consejeros del Tribunal de Cuentas (cuyo mandato terminó en julio) y los componentes de la Agencia de Protección de Datos. La idea es que la renovación se apruebe en pleno la última semana de octubre. “Hay días para terminar de afinar”, aseguran en la cúpula del PP, reconociendo que los contactos se están llevando con absoluta discreción dentro de los propios partidos.

En realidad, la negociación la han pilotado Bolaños y García Egea, los hombres fuertes de Pedro Sánchez y Pablo Casado. Justo cuando se hacía público el anuncio, el presidente y el líder de la oposición coincidían en un acto que premiaba a Angela Merkel, presidido por el Rey y en presencia del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que desde hace dos años insiste públicamente en la necesidad de desbloquear la renovación de los órganos.

El cambio en la ley y los matices

El relativo al gobierno de los jueces, sin embargo, se quedó fuera del paquete. Su exclusión es precisamente lo que ha permitido un pacto tan rápido. Las dos partes sabían perfectamente que el escollo real siempre ha sido ese y, al desgajarlo del resto de instituciones, el acercamiento se pudo concretar. El tono entre los dos partidos ha cambiado, aunque la interlocución entre líderes continúa siendo inexistente.

En las últimas horas, tanto la parte socialista del Ejecutivo como el PP, se esfuerzan en remarcar el ánimo de negociación. “Hay voluntad diálogo sobre la base de avanzar en la independencia judicial”, aseguran en las filas populares, dejando entrever que la exploración para extender el acuerdo al gran órgano pendiente seguirá en los próximos días y semanas.

La cuestión es que para desbloquear el CGPJ uno de los dos deberá cambiar su posición. Hay matices en los que se podrían apreciar cesiones de ambos, pero el Gobierno deberá aceptar una reforma legal para que el PP acceda. En el partido de Casado son tajantes al respecto: no se han movido y no lo harán. Sólo se avienen a pactar el consejo si hay una reforma en la ley orgánica del Poder Judicial para cambiar el sistema de elección. El acuerdo actual sí se haría con el sistema vigente, pero para futuras renovaciones los jueces elegirían directamente a 12 de los 20 vocales. 

Hasta el momento el PSOE se negaba a ese sistema por corporativo, pero en el PP dejan entrever que podría haber avances. Los socialistas sí llegaron a poner encima de la mesa la creación de una comisión para estudiar distintas posibilidades sin comprometerse a apoyar la propuesta del primer partido de la oposición. Pero Casado ya dejó claro que no se conformaría con comisiones o subcomisiones en el Congreso y que exigía una reforma de la ley. En todas las intervenciones públicas, miembros del Gobierno han negado que estén por la labor de una modificación de ese tipo.

Es cierto que hace semanas el PP propuso hacer ambas cosas de forma paralela. Empezar la negociación del órgano de gobierno de los jueces mientras se tramitaba el cambio legislativo. Los populares insistieron en que no habría luz verde hasta ver la reforma, pero una posibilidad sería ahora renovar y, al mismo tiempo, que continuaran los trámites del cambio en la ley. Lo que Casado necesita es una votación de por medio que comprometa al PSOE y que le garantice que esa reforma legal se hará en un tiempo breve. “Ya no nos fiamos de las palabras”, dijo el líder a principios del mes de septiembre, dejando claro que haría falta algo más que un compromiso hablado.