El TC estudiará si la ley catalana de vivienda se ajusta a la Constitución

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados el pasado mes de junio por el Gobierno contra la ley catalana de vivienda que habilita a poner límites a los precios del alquiler, según han confirmados fuentes jurídicas a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

El pasado 15 de junio, el Consejo de Ministros pidió al Tribunal Constitucional impugnar los artículos 1 y del 6 al 16, las Disposiciones Adicionales de la 1º a la 4ª, la Disposición Transitoria 1ª y la Disposición Final 4ª letra b al entender que "vulnera las competencias estatales en esta materia", aseguró María Jesús Montero, entonces portavoz del Gobierno.

"Es muy difícil no recurrir" la ley "cuando la Comisión de Garantías Estatutarias de Cataluña emite un informe tan negativo [...] Pero la anticonstitucionalidad es evidente y no podemos pasar por alto", explicó por su parte el entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

El Ejecutivo central, con la previsión de tramitar en paralelo la Ley estatal de Vivienda, justificó en ese momento no solicitar junto a la impugnación la suspensión cautelar de la medida. De esta forma, la norma seguirá aplicándose a la espera de que Tribunal Constitucional falle sobre el asunto.

La ley, que se aplica en los 60 municipios catalanes con más de 20.000 habitantes, fija que el precio del alquiler no puede aumentar respecto al contrato anterior y que si una vivienda tenía un precio por encima de la media de alquileres de la zona, el nuevo contrato no podrá superar el índice de precios de la Generalitat.

Además, establece que los hogares que se alquilen por primera vez, tendrán que ajustarse al índice fijado por la administración para cada zona, pero la obra nueva queda exenta para incentivar la construcción de vivienda protegida. La ley también prevé sanciones de 3.000 hasta 90.000 euros en caso de incumplimiento. El sector inmobiliario y las patronales cargaron contra la ley porque "paralizará el sector y reducirá la oferta".

Choque de competencias

El Parlament catalán aprobó en septiembre de 2020 la ley para regular los precios de los alquileres, una norma despertó desde el principio la oposición de los socialistas -además de Ciudadanos y del PP, que presentó otro recurso que el TC ya admitió a trámite en enero-.

En el PSOE negaron en todo momento motivos ideológicos o deseos de limitar la capacidad de acción de la Generalitat y justificaron en todo momento que el recurso del TC se basaba en su mayor parte en el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.

Este organismo, que vela porque las normas del Parlament se ajusten al Estatut y la Constitución, emitió en agosto del pasado año, a raíz de una petición del PP y Ciutadans, un informe contra la norma catalana. Por unanimidad, el dictamen, que no es vinculante, concluyó que una buena parte de su contenido era incompatible con ambas leyes fundamentales.

Ley Estatal

El pasado martes, el Gobierno de Coalición llegó un acuerdo para sacar adelante la futura Ley de Vivienda, una norma que forzará a los grandes propietarios a bajar los alquileres en las zonas tensionadas y a los particulares a congelarlos.

Según lo acordado entre el PSOE y Podemos, serán las comunidades autónomas las que deberán solicitar al Gobierno la declaración de zonas de mercado de alquiler tensionado, que serán donde se aplicará la regulación de precios a los propietarios de más de diez viviendas.

La norma recibió una rotunda negativa por parte del sector, de la oposición y, paradójicamente, del Govern catalán. De hecho, la consellera de Derechos Sociales, Violant Cervera, advirtió el martes al Gobierno central que si la ley estatal "invade competencias", el Govern la recurrirá ante el TC.

Cervera dijo desconocer la "letra pequeña" del acuerdo sobre la ley de vivienda pero alertó de que no debe ser una norma "recentralizadora", puesto que la Generalitat tiene "competencias" en esta materia. "Analizaremos con lupa si esta nueva ley invade nuestras competencias" y, "si consideramos que ha invadido competencias, la llevaremos al TC", anunció.