La plaga del ‘spyware’ se globaliza

La carta del 16 de diciembre de Gregory Meeks, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y otros congresistas dirigida a los secretarios de Estado, Antony Blinken, y del Tesoro, Janet Yellen, para que sancionen a compañías tecnológicas cuyo software permite espiar –sobre todo a políticos y disidentes– es una muestra más de la magnitud que ha alcanzado un negocio que ronda, según diversas estimaciones, los 12.000 millones de dólares.

Los congresistas acusan a NSO Group, DarkMatter, Candiru, Nexa Technologies y Trovicor, entre otras tecnológicas, de propiciar arrestos, desapariciones, torturas y hasta asesinatos de periodistas como el del saudí Jamal Khashoggi en 2018. La Ley Magnitsky de 2012 permite a la Casa Blanca condenar a responsables de graves violaciones de los derechos humanos y a quienes les provean de apoyo tecnológico. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y 79 organizaciones de derechos humanos, por su parte, han dirigido una carta abierta a la Unión Europea para que castigue a la israelí NSO –con sedes europeas en Luxemburgo, Bulgaria y Chipre– por su complicidad con actos de espionaje.

Según una investigación de The Washington Post y otros 16 medios de 10 países, entre las víctimas de Pegasus, el spyware de NSO, figuran varios presidentes como el francés Emmanuel Macron o el surafricano Cyril Ramaphosa, primeros ministros –uno de ellos el pakistaní Imran Kahn– o el rey de Marruecos Mohamed VI. Los datos citados por la investigación fueron analizados por forenses del Security Lab de Amnistía Internacional, que investigó el caso con la web francesa Forbidden Stories.

El programa espía de NSO ha sido utilizado por regímenes autoritarios –Azerbaiyán, Kazajstán, Ruanda…– y democráticos, como México y Guatemala. Según The Guardian, entre los clientes de NSO están los gobiernos de Alemania, España, Hungría y otros 35 países más. Entre 2016 y 2017, en México, Pegasus fue usado para espiar a miles de políticos –gobernadores, legisladores, opositores…–, incluido el presidente, Andrés Manuel López Obrador. En Guatemala, una compañía de vigilancia, asociada a NSO, fue contratada por los servicios de inteligencia para vigilar a periodistas, activistas y políticos opositores.

Desde hace años, el Mosad y el Shin Bet usan el spyware de grado militar de NSO, fundada en 2010, contra grupos palestinos a los que califican de terroristas. En 2015, el gobierno israelí autorizó su exportación. Desde entonces, el programa ha sido utilizado contra periodistas, activistas y opositores.

Una vez que el virus se instala subrepticiamente en un teléfono, permite a los intrusos acceder a todos sus datos: fotos, vídeos, llamadas, agenda, contraseñas… Los programas más sofisticados pueden activar cámaras y micrófonos para grabar comunicaciones en tiempo real y hasta seguir los movimientos de los dueños de los teléfonos. En 2016, The New York Times publicó documentos que mostraban que NSO había cobrado 650.000 dólares por espiar a una decena de usuarios de iPhone.

En 2020, según Moody’s, NSO tuvo unos ingresos de 240 millones de dólares. Esta alega razones contractuales y de seguridad nacional para no identificar a sus clientes y asegura que vende sus programas de vigilancia solo a entidades oficiales para su uso contra delitos graves y de terrorismo. El gobierno israelí, por su parte, dice que solo aprueba las exportaciones para su uso legal por agencias gubernamentales y que cuando los programas se usan violando las licencias de exportación se “toman las medidas apropiadas”.

El cerco, sin embargo, se estrecha en torno a NSO. En 2019, WhatsApp denunció a la compañía israelí por espiar a sus usuarios y acaba de entregar al gobierno indio una lista de 121 personas cuyos teléfonos fueron infectados con Pegasus, incluido el líder opositor Rahul Gandhi.

Según los técnicos de Apple, NSO creó más de un centenar de cuentas falsas en iCloud, para lo que tuvieron que aceptar sus términos y condiciones, lo que la somete a leyes de California y ha permitido a la compañía demandar a NSO ante los tribunales del Estado. Sus abogados quieren que NSO deje de usar su software, servicios y dispositivos, lo que inutilizaría Pegasus al no poder infectar los iPhone. En octubre, el departamento de Comercio de EEUU inició acciones legales contra NSO por actividades contrarias a la seguridad nacional de EEUU. En noviembre, la Casa Blanca prohibió a agencias oficiales mantener relaciones con NSO. 

En Washington, el lobby israelí está concentrando sus esfuerzos para intentar que la Casa Blanca levante la prohibición. No es extraño. Israel considera las ventas de spyware como un instrumento clave de su política exterior. En 2019, los abogados de NSO declararon ante los tribunales israelíes que revelar el nombre de sus clientes “dañaría seriamente” las relaciones exteriores del Estado judío.