Corrupción y amnistía

La corrupción y la amnistía acaparan la atención de la opinión pública en España. Todos los españoles están al tanto y son pocos los que se sienten totalmente ajenos. La dimensión política de los dos asuntos es evidente, pero hace tiempo que los partidos no encuentran solución a los problemas y los derivan al poder judicial, al que por otro lado someten a una fuerte presión, como se aprecia en la pugna que mantienen por controlar el Consejo General del Poder Judicial. Ventilar las diferencias políticas en instancias arbitrales o en los juzgados se ha convertido en un hábito, que indica las limitaciones de unos políticos, la debilidad de las instituciones y el grado de polarización alcanzado por la política española.

La operación Delorme y la tramitación de la ley de amnistía ponen en un serio aprieto al Gobierno. Los comentaristas se centran en analizar sus consecuencias. Calibran los efectos erosivos que pueden tener en los apoyos parlamentarios y electorales al Ejecutivo y especulan con la continuidad de la legislatura y el futuro de Pedro Sánchez. En tono comedido o áspero, refuerzan los argumentos acusatorios o exculpatorios de los partidos en liza, que atacan o se defienden, por lo general atacando, según dicte el guion de la posición adoptada.

Opinión ÁGORAÓscar R. Buznego

Tríptico del paisaje político

Cada cuestión es tratada en el debate público como una batalla partidista más, que concluye con un balance actualizado de ganancias y pérdidas para cada una de las siglas, y la consiguiente revisión de las probabilidades de victoria y derrota electoral. Es un síntoma de flaqueza de nuestra democracia, que en la edición más reciente del índice de The Economist ocupa el último lugar entre las democracias plenas, a un paso de descender a la categoría de "defectuosas". Al fondo de la disputa entre los partidos hay grandes problemas sin resolver en torno a las bases de nuestro sistema político.

La corrupción es uno de ellos, por su magnitud, ser recurrente y por la floja reacción que ha despertado en la sociedad española. España aparece con 60 puntos, en el puesto 40 del mundo y el 14 de la Unión Europea, en el Índice de Percepción de la Corrupción que presenta anualmente Transparencia Internacional. En esa clasificación, ha descendido año tras año desde 2019. El 87% de los españoles ven mucha o bastante corrupción en los partidos. El informe Corrupción y ética en España, elaborado por el profesor Fernando Jiménez, experto en la materia, revela que los españoles percibieron durante la pandemia mayores oportunidades para la corrupción, consideran más corruptos a los políticos y empresarios que a los funcionarios y ciudadanos, opinan que estos tienden a ser indulgentes en las urnas con la corrupción de su propio partido y declaran que raramente denuncian porque piensan que es una pérdida de tiempo y podría acarrearles complicaciones. Se estima que la corrupción produce un impacto negativo en el PIB de un punto anual.

Las noticias sobre la trama que actuaba alrededor del ministerio de Ábalos ha desatado una tormenta política. El PP ataca y el PSOE contraataca con un golpe de igual factura. Se buscan más implicados. Se amplifica cualquier dato por nimio que sea con tal de hacer diana en la imagen del rival. Se promueven comisiones de investigación, siempre que sea a conveniencia del impulsor, para desnudar las miserias del adversario.

Opinión TRIBUNAÓscar R. Buznego

La función de Vox

¿Cómo reducir la corrupción si los partidos solo la ven como arma arrojadiza y motivo de escándalo para lesionar al contrincante en la lucha política? Estamos advertidos de que el control de la corrupción es uno de los flancos más débiles de nuestra democracia, que nos rezaga en comparación con los países ubicados al norte. Hay acuerdo general en que la solución consiste en fortalecer la independencia del poder judicial, facilitarle más recursos para la investigación y abreviar los procedimientos, y en una vigilancia más estrecha de los ciudadanos.

Los casos de corrupción se repiten en España de forma invariable y con cadencia regular. El caso Koldo incurre de modo flagrante en el vicio adquirido a la hora de seleccionar al personal de confianza. Algo habría que hacer al respecto. Pero parece que los partidos están lejos, pensando en otras cosas. ¿Cuántas promesas de regeneración institucional de la democracia han quedado en papel mojado? Según un sondeo flash publicado ayer por un diario de Madrid, la opinión de los españoles sobre la corrupción y la amnistía está dividida. La mayoría de los votantes de izquierdas juzgan más grave el caso Koldo y la mayoría de los de derechas el perdón a los independentistas catalanes procesados. No deberíamos perder de vista que detrás de la amnistía y los números de Pedro Sánchez para gobernar hay otro problema, mayor incluso que el de la corrupción, que es doble, la integridad de la democracia y el estatus de Cataluña.