Metáfora del narcoterrorismo

Fruto del apareamiento entre el terrorismo y otros delitos conexos, como el tráfico de drogas, el narcoterrorismo ha ido creciendo hasta convertirse en un reto para la seguridad global. En la actualidad, se trata de dos de los fenómenos transnacionales más complejos.

Para el narcotraficante, la impunidad es una certeza tangible, que comprueba a diario: dispone de un negocio millonario, cuenta con mejores medios que guardias y policías y disfruta de un sistema penal asumible.

El sorprendente desmantelamiento de la unidad de élite de la Guardia Civil (G. C.) –clave en la lucha contra el narcotráfico– sin explicaciones al respecto, aumenta la curva de la violencia y debilita la respuesta al narco.

La metáfora radica en la coincidencia del salto cualitativo en las mafias –de narcos a terroristas– con la mengua de la capacidad operativa del Instituto Armado.

El asesinato de dos guardias civiles, embestidos de forma intencionada por una narcolancha –con tecnología de última generación– ha puesto de relieve la precariedad de medios con los que nuestros agentes se enfrentan a traficantes de drogas que operan en el litoral andaluz.

Opinión ÁGORALuis Sánchez-Merlo

Alta traición y terrorismo

Lo que rodea a estos hechos –que han conmocionado a buena parte de la sociedad española– invita a interpelar al Ejecutivo sobre cuestiones referidas a la tragedia.

La unidad de élite contra el narcotráfico fue creada en 2018, como Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON-Sur). Integrada por 150 agentes de la G. C. en comisión de servicio permanente, 24 horas al día, 7 días a la semana.

Al mando de un teniente coronel, que controlaba el movimiento de todas las patrullas y, en función de la información que captaba, el organismo tenía capacidad para intervenir fuera de los límites territoriales de las unidades de la G. C. De modo que, antes de que la narcolancha llegara al destino, allí los estaban esperando.

¿Qué pudo ocurrir para que en 2022 –sin previa comunicación al Ministerio Público– se tomara la decisión (jaleada por los narcos en las redes sociales) de disolver el OCON-Sur que, desde su puesta en marcha, había cosechado tan buenos resultados?

1,1 millones de kilos de hachís incautados; 35.146 kg de cocaína; 52.275 de marihuana; 2.500.000 cajetillas de tabaco de contrabando; 12.183 detenidos; 2.622 coches intervenidos; 1.100 embarcaciones, algunas de ellas planeadoras, intervenidas; 780.000 litros de gasolina decomisados.

Se invocaron motivaciones para explicar su disolución:

La reestructuración, reclamada por los mandos, para convertir la interinidad del grupo en estable. En la ecuación para recuperar la competencia en sus territorios, no se incluía la gran movilidad con que funcionan los narcos y la necesidad de respuesta en la misma medida. Eso exige disponer de una organización supraprovincial que no se limite a los territorios, sino que tenga libertad para moverse más allá. Y la unidad de élite lo tenía.

Carestía de los servicios: Invocar razones presupuestarias, escatimando medios en servicios de esta naturaleza, suena a perezosa improvisación. Es cierto que la élite resulta más cara que la plantilla, pero 150 personas en comisión de servicio, a las que se pagan las dietas y trabajan 24 horas, es otro cantar.

Contaminación: Los protagonistas del éxito han manifestado que se trató de un problema de orden interno. Está "sub iudice" y la prudencia aconseja esperar.

Las preguntas se amontonan: ¿Quién, en la cadena de mando, dio la orden de salida de la patrulla, ordenando a los guardias que se embarcaran en una pequeña zodiac neumática, para enfrentarse a los narcotraficantes, que habían fondeado sus potentes embarcaciones en el puerto de Barbate? ¿Cómo es posible que 4 o 5 narcolanchas entraran en el puerto con absoluta impunidad? ¿Por qué se envió a esos guardias civiles a una misión suicida?

El incremento de la curva de la violencia en el narco ha alcanzado nuevas cotas desde la desaparición de OCON-Sur. Haber derogado el cuerpo de acción rápida de la G. C. tiene todas las papeletas para concluir que ha sido un enorme error político, social y estratégico.

Opinión ÁGORALuis Sánchez-Merlo

Apatía y escepticismo

El asunto es de tal gravedad que saber por qué se desmanteló esa unidad es clave, lo que apremiaría una comisión de investigación en el Parlamento.

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En España, los asesinatos por terrorismo tienen una consideración legal muy distinta a los de guardias civiles que mueren cuando se enfrentan a los narcotraficantes del sur. Aquí serán muertes en acto de servicio y con ello se tendrán que conformar sus huérfanos y sus viudas.

¿Alguien puede explicar por qué los cómplices de asesinos, que los fueron a buscar para esconderlos, salen en libertad con cargos? Es inexplicable que no se hubiera acompañado de una fianza ejemplar y proporcional.

Una de las reformas que reclaman los jueces del Estrecho es la de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al objeto de que sea la Audiencia Nacional –que cuenta con los medios, experiencia y recursos en casos de terrorismo– la que impulse las investigaciones y dé soporte jurídico a agentes y autoridades que luchan contra las mafias.

Lo que está pasando en la zona es un problema muy serio, que afecta a la abogacía, a la Guardia Civil y, hay quien añade, a la judicatura. La instrucción del sumario del narcocrimen correrá a cargo de un juez recién salido –esta semana– de la Escuela Judicial, lo que podría interpretarse como que ningún juez titular haya querido hacerse cargo.

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La dimensión social de la zona, en la que una parte de la población no esconde su apoyo a los delincuentes y su odio a las fuerzas de seguridad que tratan de perseguirlos. El viernes de la tragedia, los soldados de los narcotraficantes jaleaban a sus capitanes como si disfrutaran de un videojuego de matar policías. Resulta muy preocupante el clima generado, para que los narcos asesinos sean jaleados desde la orilla, animando a los narcos a rematar la faena.

 Para considerarse como delito de odio, la celebración del crimen –con gritos de apoyo– sería preciso que el odio fuera un mecanismo inductivo para su comisión. En esta ocasión, fue voluntad de quien tomó la determinación por sí mismo.

En la catástrofe ética que vive una parte de la sociedad española, donde resulta más fácil permitir que corregir, si no se consigue poner fin a este apoyo social al narcotráfico, por muchos medios que se pongan a disposición, será muy difícil acabar con el problema.

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La desolada viuda de uno de los guardias civiles asesinados por los narcos, ayuna del pésame apropiado, impidió al ministro del ramo poner la medalla sobre el féretro de su marido, que murió por obedecer. El aplauso fue para ella, por mantenerse firme diciendo que prefería renunciar a la cantidad económica que lleva aparejada esta condecoración.

Ese momento en que, en voz alta, dijo que se negaba a que fuera él quien le condecorase, trajo a la memoria a Rosaria Schifani (1993), viuda de uno de los cinco guardaespaldas del juez Falcone, asesinado por la mafia siciliana. En el funeral de su marido, la gente, harta de que muriesen los que combatían a la mafia, echó a los políticos que querían entrar en la iglesia.