Apatía y escepticismo

Cinco años de gobiernos de coalición se saldan con la puesta en cuestión del orden constitucional por nacionalistas catalanes y vascos, una inveterada colonización de las instituciones, la ofensiva para defender la existencia de “lawfare” en los procedimientos judiciales, la utilización de la memoria histórica como instrumento de deslegitimación política y la puesta en marcha de la amnistía –antónimo de igualdad, concordia y consistencia moral– como bálsamo de fierabrás para conservar el poder (mediante el blindaje de la impunidad a cambio de votos), pudiendo llegar a la suspensión del Código Penal, al imponer el móvil como elemento penal determinante sobre delitos amnistiados (malversación, corrupción y terrorismo). Clave del quebranto del principio de igualdad.

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En base a hechos consumados con semblante legal, la evidencia actúa como paráfrasis de una apatía social, estado emocional ligado al escepticismo, la incertidumbre, la resignación o la falta de respuestas a los requerimientos de una parte de la sociedad sin esperanza de futuro.

Cuatro décadas de insondable autogobierno no han dejado satisfechos a quienes, alejados de la lealtad constitucional, siguen concentrando sus ambiciones en la construcción nacional de Cataluña y Euskal Herría, en todos los ámbitos (educativo, lingüístico, institucional, simbólico, emocional). La soñada autodeterminación, estación “términi” de una codicia desconcertante.

Una insuficiente definición de las competencias exclusivas del Estado despertó efusiones regionalistas, sin dar solución a las exigencias de los nacionalismos más impetuosos. La integral resultante condujo a un latente proceso de deslegitimación del sistema político y a que el peso de la Historia siga jugando el papel enervante de un posible enfrentamiento.

Al comprobar la debilidad del Gobierno, cada día que pasa están más crecidos, hasta llegar a pedir, expresamente, la inhabilitación de un magistrado. Lo nunca visto Y como estrambote del delirio, el terrorismo humanitario –redefinido como un blindaje– convierte a su protagonista en un hombre de paz y al fugado, en un exiliado al que rescatar de su calvario.

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Dando a entender que el mayor riesgo que corría la democracia española era la apatía y el escepticismo de la sociedad, más que cualquier proyecto involucionista, Javier Tusell (Barcelona 1945-Madrid 2005) publicó en 1997 La transición española a la democracia, un libro en el que alertaba de que “el peligro de la democracia española era mucho más el cáncer del escepticismo que el infarto de un golpe de estado”.

Opinión ÁGORALuis Sánchez-Merlo

Poder Judicial, caza mayor

Catedrático de Historia Contemporánea, autor de cincuenta libros, principalmente dedicados a la historia política de la España del siglo XX, hace 27 años no podía imaginar que su premonición pudiera convertirse en una profecía autocumplida.

Se apoyaba en cuestiones heredadas tanto de la transición como de la dictadura y ponía el énfasis en el método empleado para arrancar la democracia, que acentuaba la despolitización, la apatía política y el individualismo.

Tusell aseguraba que, después de la transición, la sociedad española poseía un alto grado de igualitarismo y modernización, con el contrapeso de ser poco tolerante, escasamente informada y no estar vertebrada por un asociacionismo voluntario. Rasgos todos ellos de las democracias más acendradas.

De ahí que la ley electoral, el régimen parlamentario, la estabilidad gubernamental, la vida interna de los partidos o las relaciones entre los tres poderes quedasen encapsuladas en fórmulas que han contribuido a alejar más a un sistema político que profesa una especie de tutela sobre la ciudadanía española.

Para evitar inestabilidad en el gobierno y el parlamento, como había sucedido en la Segunda República, en la transición el sistema electoral originario era proporcional. Satisfechas las pretensiones de la derecha (para evitar la pérdida del apoyo de las zonas rurales, más conservadoras), dejaba de serlo con tantas circunscripciones que, además de ser las menos pobladas, estaban sobre representadas.

Opinión OPINIÓNLuis Sánchez-Merlo

La tiranía de la necesidad

¿El sistema electoral es ahora un impedimento para conocer con exactitud la voluntad popular, lo que contribuye a deteriorar la calidad de la democracia?

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El inicio de un proceso de desmovilización, vinculado a la apatía y el desencanto que produjo la democracia, como desmenuza José María Maravall (Madrid, 1942) en su obra La política de la Transición (1982), acabó provocando la moderación de las reivindicaciones.

Para el sociólogo, ministro de Educación y Ciencia en los dos primeros gobiernos (1982-1988) de Felipe González, la deficiente cultura política, heredada de una dictadura desactivadora y desideologizada, explicaría la apatía política generalizada que existía en la población después de la Transición.

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Juan Pablo Fusi (San Sebastián, 1945), historiador y catedrático de la Universidad Complutense, ya predijo que el cuestionado Estado de las Autonomías, pensado para dar una respuesta a un problema histórico, acabaría por enfrentar a las comunidades, olvidando la solidaridad, por la dificultad que entraña una política de igualdad entre ellas.

Antes de la implantación del sistema no se preguntó a la población qué tipo de sistema de organización territorial prefería. La creciente bilateralidad (negociación de las competencias y asignación de recursos) que plantean los históricos rompe una relación igualitaria con todas las comunidades.

¿El régimen autonómico, supone un impedimento para la real consolidación de la democracia o es una deficiencia más del sistema?

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La tentación noventayochista es una reflexión quintaesencial que acentúa la apatía y el escepticismo pero no cabe rendirse sin dar una explicación razonada de los motivos que pudieran explicar la impasibilidad de ánimo que embarga a una parte considerable de los ciudadanos. Y, de paso, quebrar el silencio espeso de esa sociedad que, a caballo entre el hastío y la incredulidad, la indolencia y la irritabilidad, no da crédito a lo que está pasando.

Esto requiere plantearse cuestiones esenciales: ¿cuenta el sistema con anticuerpos para impedir la implosión de la separación de poderes o el principio de igualdad?, ¿el desguace es irreversible?, ¿la tercera instancia, estrenada por el Tribunal de Garantías, tiene encaje constitucional?

A quienes se preguntan hasta dónde está dispuesto a llegar quien encabeza el equipo de rodaje, les recomendaría releer en La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, esta reflexión tan ajustada: “Aquel que quiere permanentemente llegar más alto, tiene que contar con que algún día le invadirá el vértigo”.