La tiranía de la necesidad

A expensas de las apetencias desbocadas de un prófugo resentido y las emergencias personales de un dirigente apremiado, sometido a la tiranía de siete votos; las exigencias de la minoría mambí no dejan de ser parte de una estrategia de arrinconamiento para doblegar al Estado opresor, por mucho que se invoque la existencia de un mal llamado conflicto entre estados, lo que carece de pudor en su presunción.

¿Qué está pasando en España? Hay algo fundamental que no funciona y allana que se acabe imponiendo la tiranía de la necesidad. ¿Es que no hay nadie ahí dentro que encienda las luces? Veamos…

Sábado 2 de diciembre de 2023. En una ciudad ajena a la Unión Europea (UE) al borde del lago Lemán, la bella Ginebra con alcalde gallego (Alfonso Gómez, 1960), paraíso de ricos y famosos, cuna de relojes y chocolates, patria del prófugo Juan Calvino, del filántropo Henry Dunant y del polímata Jean-Jacques Rousseau, autor de El contrato social .

Primer encuentro, rodeado de hermetismo, entre PSOE y Junts, con arbitraje de un diplomático salvadoreño y tríada consensuada: la Constitución como marco, discreción en la negociación, transparencia en los acuerdos. Un anfitrión, el Centro para el Diálogo Humanitario Henri Dunant, fundado en 1998. Interlocutores más o menos ocultos, con dos protagonistas descollantes: un fascinante personaje que gobierna la nación «discutida y discutible» y un, hasta ahora, paria político que ha sometido a su merced a un rescoldo del 155, algo que el periodista-jefe del Gobierno catalán no logró en octubre de 2017, con su golpe sedicioso y una DUI momentánea. Junto a ellos, incontables actores de reparto, con perfil irrelevante para lo que se está tratando, como destapa la llegada del nuncio socialista a Madrid, procedente de Ginebra, al que alguien increpó y, visiblemente desconcertado, sólo acertó a decir «todo ha ido bien». Le faltó añadir «vayan a casa y duerman tranquilamente».

Con la estentórea aparición en el Parlamento Europeo de una VP del Gobierno en funciones, la serie ya se había estrenado con un guion que llevaba escribiéndose hace tiempo, pero la hora de la verdad no ha hecho más que comenzar. Los siguientes capítulos los irán desarrollando libretistas -notorios y velados- durante los próximos x años. La «argumentación» empleada para equipar la cabriola -concordia y entendimiento- en su camino hacia el cambio de régimen, con más de la mitad del país en contra, es conmovedora, si bien ofensiva para la perpleja opinión pública que la percibe como una severa escisión con la realidad.

La presencia de verificadores, exigida por un supremacismo vilatà, simboliza la claudicación reclamada-y obtenida- por los independentistas, para mediar en «un conflicto interno entre catalanes» con una pregunta aclaratoria: ¿los no independentistas tendrán también derecho a verificador?

Aunque resulte complejo ubicar la figura del relator en un sistema democrático, su trabajo no es tanto verificar como dar fe de lenidades previas, haciendo caja. No cabe olvidar que un acompañante ginebrino gana más dinero cuanto más grave percibe el conflicto diagnosticado. De ahí que no haya que descartar una coartada, la de dos partes irreconciliables. Una de ellas arrienda su apoyo en el Congreso, reclamando arbitraje por unos supuestos déficits democráticos del Estado español. Teatralización bien financiada, mientras un Estado aparenta cancelarse.

El asombro por la opacidad del precio -hoteles, viajes, dietas, salarios de verificadores- devuelve la memoria a Pla, cuando al llegar a Nueva York, a propósito de la iluminación, preguntó ¿y todo esto quién lo paga?

Que se diga que la negociación en un país extranjero se hace entre dos partidos, no empece que sea en nombre del Gobierno de España. Es una coartada que desvela mala conciencia ante una decisión que no soporta un mínimo escrutinio objetivo, basado en la relación coste beneficio. Si así fuera, les correspondería pagar a las dos formaciones que se reúnen. Si se estuviera pagando con nuestros impuestos, estaríamos ante una malversación de libro. No se entiende que la oposición no exija saber un coste que se intuye opaco y desorbitado.

De ahí que parezca interesante esa propuesta consistente en que teniendo en cuenta que los diputados se enteran de los avances suizos a través de los medios, se cierre el Congreso, se apague la calefacción y se mantenga el sueldo tan solo al único diputado que trabaja de lo lindo. Quienes tienen más poder, dinero e influencia que nunca, llevan tiempo intentando, sin éxito, internacionalizar el absurdo.

El 27 de octubre de 2017, sesenta y cinco naciones de cinco continentes mostraron su apoyo a la integridad de España y su sistema democrático y dijeron «no» a la independencia de Cataluña. Pronto llegaron las trabas a las reclamaciones de la justicia española, en forma de malabares para no entregar a los requeridos. Primero fueron jueces belgas, luego alemanes y después funcionarios helvéticos. En la ventana de oportunidad que se abre, se trata de ir vistiendo el santo del referéndum, exigencia en la mesa de Ginebra y auténtica estación término del reactivado separatismo. 

Por mucho que se quisiera disimular, antes de este reciente encuentro hubo visitas a Ginebra del fugitivo en varias ocasiones, conversaciones cifradas en Threema, reuniones en el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo… La UE tampoco desconoce que este inédito trampantojo tiene que ver con los escaños que necesita el presidente semestral de la Unión para seguir ocupando la silla curul ¿no les parece insólito que el presente y el futuro de uno de sus Estados miembros se ventile de esta manera?

Al levantarse el telón de la amnistía -primera gran victoria política del procés- se destapó un propósito inequívoco: cargar de peso moral el proyecto independentista, infamar la reacción judicial del Estado de derecho en 2017 y, por supuesto, afrentar la democracia española. El amplio y transversal malestar que provoca la amnistía ha empujado al Gobierno y sus terminales a promover nuevas justificaciones. Entre ellas, que la medida de gracia ha logrado meter al nacionalismo dentro del marco constitucional, piruetas que acentúan la desconfianza de todos sobre todo. Pero no se puede negar que el guion del agraciado no se haya cumplido puntual y sumisamente, sin que haya constancia de concesión alguna por su parte, salvo el préstamo estricto de lo convenido.

Hay que ser impúdico para decir que se respetan las decisiones judiciales y a la vez asegurar que la justicia prevarica, lawfare, solo porque la aplicación de sentencias justas activa la tiranía y dificulta los votos necesitados.

Prepárense, que esto es solo el principio de una rendición de cuentas periódica, realizada en territorio «neutral» y supervisada por verificadores internacionales. La complejidad jurídica y el riesgo político de la agenda a tratar son máximas. Así que, tanto remar para morir en la orilla, vamos viendo…