Facebook: paga o consiente

De Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram o Whatsapp, se podría escribir que es el perejil de todas las salsas. Hace un par de meses, a principios de octubre, el Wall Street Journal ya dijo que la empresa planeaba ofrecer a sus usuarios el pago de una cuota mensual a cambio de liberarlos de la incómoda e invasiva publicidad segmentada que, al parecer, conoce nuestros intereses. Dicho y hecho. El 30 de octubre se comunicó a las autoridades europeas, y durante la primera semana de noviembre saltó el aviso en nuestras pantallas: o pagar una cuota mensual, o consentir el tratamiento de los datos, como se ha venido haciendo desde siempre.

En el documento de Meta se habla de suscripciones a cambio de no tener anuncios (subscriptions for no ads). Algunos medios especializados han utilizado una simplificación mucho más certera: pay or okay, que he traducido libremente como «paga o consiente». Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos fundamentales y la protección de datos han ido más allá para calificar la estrategia de Meta como un modelo de pago por el ejercicio de nuestros propios derechos (pay for your rights). Un debate apasionante que se dirimirá en los tribunales europeos, no en la complaciente jurisdicción irlandesa.

En su web, actualizada a 4 de diciembre, sostiene Meta que la empresa cree en un internet gratuito sostenido por la publicidad, y que su nueva política permite ofrecer sus productos y servicios a todos, sean cuales sean sus ingresos. No lo ven así ni las organizaciones europeas de consumidores -19 de las cuales han demandado a Meta- ni la entidad llamada Noyb, fundada por el austríaco Max Schrems, azote de las Big Tech y sus multimillonarios beneficios a costa de la privacidad de millones de usuarios.

Noyb, bajo la marca del Centro Europeo para los Derechos Digitales, ha interpuesto a su vez otra demanda, con argumentos sólidos. Para evitar el tratamiento con fines publicitarios de nuestros datos de navegación y personales habría que pagar a Meta en torno a 252 euros al año. De esta manera, vincular el consentimiento que establece el Reglamento General de Protección de Datos (artículo 6.1.a) a un pago supone «la renuncia al derecho fundamental a cambio de un pago (o de evitar el pago). Como resultado, el derecho fundamental ya no sería inalienable, sino que degeneraría en una mercancía». Pagar para proteger nuestros propios derechos: una nueva y brillante idea de las corporaciones tecnológicas.