Transformación digital para todos

El nuevo Gobierno de España cuenta con un Ministerio dedicado en exclusiva a la Transformación Digital. El Real Decreto 829/2023, publicado el martes 21 de noviembre en el BOE, le asigna “la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de telecomunicaciones, sociedad de la información, transformación digital y el desarrollo y fomento de la inteligencia artificial”.

El nuevo Ministerio tiene una enorme responsabilidad por delante. El desarrollo tecnológico está aumentando las brechas digitales, y las novedades que trae la Inteligencia Artificial obligan a los poderes públicos a estar atentos y vigilantes. El mantra de que la regulación mata la innovación no parece del todo cierto, a no ser que se prefiera un modelo social como el de China, ajeno a las libertades individuales. Lo que sí está demostrado es el riesgo que corre buena parte de la población en su relación con las tecnologías digitales y su aplicación por gobiernos y empresas.

La mayor experta mundial en vulnerabilidad digital es una joven y brillantísima profesora holandesa, Sofía Ranchordás, a la que acaban de conceder hace pocos meses un ambicioso proyecto de investigación, dotado con 800.000 euros, para indagar en las causas y consecuencias de la vulnerabilidad debida a la digitalización del Estado administrativo. Los escándalos acaecidos en los Países Bajos debido al uso de algoritmos para luchar contra el fraude, con sesgos racistas y manifiesta aporofobia, han animado al gobierno holandés a poner en marcha esta iniciativa.

Otro clásico del tema es el estadounidense Ryan Calo. Un estudio suyo reciente (Socio-Digital Vulnerability) recuerda que no se pueden hacer silos con el concepto de vulnerabilidad, ya que cualquiera puede serlo en algún momento de su vida. Esta perspectiva amplia coincide con la de Ranchordás, cuya última publicación (Vulnerability) insiste en esta idea.

Pero quizás la clave la aportara Philip Alston en un olvidado texto de 2020, publicado en Open Global Rights: “el estado de bienestar digital actual suele basarse en el supuesto inicial de que las personas no son titulares de derechos, sino solicitantes”. Redondea su artículo con otro certero recordatorio: “el diseño de muchos sistemas digitales de asistencia social hace un énfasis desproporcionado en la capacidad de cotejar información de diferentes fuentes para poner al descubierto posibles engaños e irregularidades por parte de los solicitantes”. Cuestiones para considerar.