Irrealismo europeo ante la inmigración

El aumento de la inmigración en el Mediterráneo central en el primer trimestre de 2023 y el estado de emergencia migratorio declarado por Italia evidencian el irrealismo del enfoque de la Unión Europea (UE) y la persistente falta de solidaridad entre los Veintisiete. El reglamento europeo de Dublín, que fuerza a los países del sur de la UE, más expuestos a las olas migratorias, a asumir los demandantes de asilo e inmigrantes que llegan a su territorio genera tensiones entre los Estados y debilita la cohesión política de la UE, mientras que la endémica falta de fondos y capacidades para gestionar la inmigración agrava la situación.    

Los dos pilares fundamentales de la política migratoria de la UE son impedir la llegada de irregulares por todos los medios y acelerar su retorno forzoso. El primero tiene un elevado coste en vidas y fomenta todo tipo de abusos con un resultado limitado, debido a una presión migratoria cada vez mayor (pobreza, conflictos, explosión demográfica en África, cambio climático). El segundo fracasa por el bajo porcentaje de retornos efectivos. El número de irregulares llegados en la ruta del Mediterráneo central se ha triplicado en el primer trimestre de 2023 con casi 28.000 personas, según Frontex. La oposición de los países de origen a aceptar la devolución de sus inmigrantes limita las órdenes de expulsión cumplidas al 24% y parte de ellas se cumple por el mero desplazamiento del inmigrante a otro país de la UE, señala Eurostat.

Demasiados temas pendientes por resolver en la UE

El rechazo a los inmigrantes se produce paradójicamente en un contexto en que la UE necesita inmigrantes para contrarrestar su declive demográfico. Desde 2012 los fallecidos superan en un porcentaje cada vez mayor a los nacimientos y, pese a la inmigración neta anual, la población de la UE disminuyó en 656.000 personas en los dos últimos años, según Eurostat. Hasta Finlandia necesita triplicar ya los inmigrantes netos anuales para evitar un declive económico, avisa un informe del instituto económico ETLA. 

La UE recurre a tres tipos de medidas para frenar la llegada de demandantes de asilo e inmigrantes: Primero, obstaculizar la labor de los navíos de salvamento humanitarios; segundo, tolerar las devoluciones en caliente y los retrocesos forzados en el mar y en las fronteras terrestres (ampliamente documentados y con la complicidad de Frontex); y tercero, subcontratar a terceros países como gendarmes migratorios.

La Comisión Europea promueve regular la labor de los navíos de rescate humanitarios para controlar y limitar en la práctica sus actividades. Esta medida, incluida en su plan de acción de noviembre de 2022, se ha traducido en Italia en imponer el desembarco de los rescatados en puertos del norte del país (Ravena, Ancona, Livorno, La Spezia), a más de cuatro días de navegación de las zonas de naufragio, para recortar la capacidad operativa de esos navíos y multiplicar los costes a sus organizaciones.

Esta práctica ha contribuido al aumento de inmigrantes ahogados en el Mediterráneo central en el primer trimestre de este año: al menos 441, la cifra más elevada desde 2017, indica la Organización Internacional para las Migraciones (IOM). Desde 2014, más de 20.000 inmigrantes han perecido ahogados sólo en el Mediterráneo central, precisa la organización.

Alemania también prepara imponer a los navíos de rescate los mismos requerimientos de seguridad que a un buque mercante, según el borrador filtrado en marzo por la revista Monitor, con un coste inasumible para las organizaciones humanitarias. Italia, Grecia y Malta presionan para que sean los países de esas organizaciones quienes asuman los rescatados. Además, Grecia e Italia persiguen judicialmente a los miembros de las organizaciones humanitarias.

La elevada llegada de inmigrantes en el Mediterráneo central es consecuencia del caos creado en Libia por la destrucción del Estado por parte de la OTAN en 2011 con su campaña de siete meses de bombardeos sin ningún plan político, ni gobierno preparado para reemplazar al régimen de Muamar Gadafi, ni para gestionar una transición. Doce años después, Libia sigue inmersa en una guerra civil, fracturada por milicias locales, y ha desestabilizado todo el Sahel. La UE e Italia financian a los guardacostas libios y a las milicias islamistas de Trípoli para contener la inmigración, lo que ha fomentado la esclavización de inmigrantes y abusos de todo tipo, sin detener las salidas. Turquía, Túnez, Marruecos, Egipto y Níger también reciben fondos de la UE para actuar de gendarmes migratorios.