El primer borrador de Vox en la Comunidad Valenciana denunciaba "crímenes contra la humanidad” en la II República

El texto de la ley de Concordia que ha comenzado a debatirse esta semana en las Corts ha provocado reacciones nacionales e internacionales, incluidos un debate en el Parlamento Europeo y un toque de atención de la ONU al Gobierno de España. La ley, una iniciativa de Vox en los gobiernos autonómicos en los que ha entrado, fue sin embargo rebajada respecto a los primeros borradores, que incluían un tono más inflamado en su preámbulo. Según la información a la que ha tenido acceso este diario, de uno de los primeros borradores del partido de Santiago Abascal se eliminaron varios párrafos que incidían en el carácter violento y la inestabilidad de la Segunda República. 

En concreto, esos párrafos eliminados del preámbulo hablan de "crímenes contra la humanidad" acaecidos durante la II República, crímenes que ahora habría que reconocer, señala el texto. Así, en uno de los fragmentos recortados se dice: "Sin embargo, durante la tramitación de la Ley de Memoria Democrática uno de los debates más encendidos fue el de reconocer o no los crímenes acaecidos, crímenes contra la humanidad, durante la Segunda República española, unos crímenes que se enmarcan dentro del propio proceso de la guerra civil, que después derivó en una dictadura que también provocó víctimas".

La "inestabilidad" de la República

La proposición de ley, impulsada también por el PP (dentro de la batería legislativa conjunta de 5 leyes que han presentado los socios del Consell), ha provocado un gran revuelo. También en el ámbito académico. En ese sentido, durante la preparación del texto fueron eliminados otros argumentos que profundizan en la revisión historiográfica del periodo anterior a la guerra de 1936. Por ejemplo, el siguiente: "Las convulsiones que siguieron a la proclamación de la Segunda República ya hacían presagiar el clima de inestabilidad social, crisis institucional y exclusión del adversario que caracterizaría a sus distintos gobiernos. La Segunda República fue un régimen constitucional y democrático, si bien las extraordinarias circunstancias políticas y sociales del periodo dificultaron su desarrollo".

Profundizando en esta vía, el borrador inicial de Vox se situaba en el terreno de los historiadores y bajaba al detalle con una sucesión de episodios: “En este sentido, no debemos olvidar que a la Segunda República le saludó una huelga general en 1931, los sucesos de Castilblanco, los de Arnedo y Carabanchel de 1932, la fallida Sanjurjada, la revolución anarquista del 33, Casas viejas, la Revolución del 34, la huelga general del 34, la proclamación del Estado catalán y un sinfín de sucesos que nos hablan de lo complicado que fue mantener el orden constitucional en la segunda República”, se indica en otro pasaje eliminado de la versión final. 

Llegados a ese punto, la versión preliminar de Vox, finalmente mutilada, llega al meollo de los hechos que habría que reparar: “Se cifran en más de 2.000 fallecidos los de la revolución de 1934 y otros 1.000 fallecidos más en las persecuciones religiosas y en los enfrentamientos abiertos entre bloques y organizaciones paramilitares existentes en aquel momento. De esa incapacidad de las instituciones de la Segunda República de evitar los asesinatos que masivamente se produjeron de civiles, deriva nuestra obligación de reconocer a las víctimas que los padecieron”, subraya el texto que finalmente no vio la luz tras sentarse los representantes de Vox con los del PP, que rebajaron el tono.

Críticas de los historiadores

Más allá de estas referencias eliminadas del preámbulo, el texto final sí incluye otras referencias que han provocado una amplia polémica. El manifiesto de los departamentos de Historia Contemporánea de las universidades valencianas subraya que hay un consenso en la historiografía española y el hispanismo internacional en que la Segunda República fue la primera forma democrática de gobierno en la España del siglo XX. Por tanto, consideran que "con sus errores e imperfecciones, como cualquier democracia, resulta homologable al resto de democracias existentes en ese momento".

Por su parte, los relatores de la ONU que han estudiado la norma afirman que "reconocer el mismo régimen de protección" a las víctimas de la represión franquista que a las del terrorismo "etarra e islámico" supone "desvirtuar el objetivo" de las propias normas, que es "atender las necesidades y derechos de las centenares de miles de víctimas del franquismo y la guerra civil".

Además, Naciones Unidas destaca la "importancia de asegurar la no discriminación a la hora de reconocer, dar justicia y reparar a todas las víctimas sin discriminación alguna", pero matizan: "El proyecto de ley podría llevar a asimilar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil a un grupo heterogéneo de crímenes y/o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España, quitándole el reconocimiento y la atención necesarios a los derechos de las centenas de miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura franquista".

Sin exhumaciones hasta 2025 por la "nefasta gestión" del Botànic

El Consell acordó hace pocas semanas una modificación presupuestaria de casi 500.000 euros que preveía destinar a actuaciones de memoria democrática, principalmente exhumaciones y retirada de simbología franquista. Ese dinero, señalan en Presidencia, se ha tenido que redirigir a la rehabilitación del edificio destinado a ser la sede del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas, un proyecto del Botànic, y a ejecutar obras en el Memorial de Paterna.
Según argumentan, esta obra acumula retrasos considerables por la "nefasta gestión" del Botànic. "La no ejecución de estos proyectos durante el ejercicio 2023 ha hecho necesario obtener los citados fondos del mismo programa mediante una modificación presupuestaria", indican las citadas fuentes.
Y explican que se detraen de exhumaciones y actuaciones por la memoria "como consecuencia de la nueva estructura del Consell". Ahora, añaden, "resulta necesario modificar las bases reguladoras de las subvenciones y, en este momento, se está tramitando el proyecto de decreto por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a actuaciones sobre exhumación e identificación de víctimas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura". Y añaden que dado el objeto de esta convocatoria "resulta imposible para los posibles beneficiarios su ejecución en el año 2024".
Las fuentes de Presidencia aseguran que no se cancela el dinero para exhumaciones, sino que se trata de un "aplazamiento temporal" forzado por los retrasos heredados del Botànic y que los fondos se recuperarán en el presupuesto del próximo año.