El cisma judicial se agrava

El pleno del Tribunal Constitucional decidió por la exigua minoría que ya es habitual —seis votos conservadores por cinco progresistas—admitir a trámite el recurso del PP contra las dos enmiendas a la reforma del Código Penal por las que se modifica el sistema de elección de los candidatos al TC que debe nombrar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), atender la petición popular de medidas cautelarísimas para paralizar las votaciones de tales medidas en el Senado, y rechazar las peticiones de recusación de dos magistrados del TC González Trevijano y Narváez, que tienen su mandato caducado y a quienes afecta directamente la propuesta de reforma gubernamental que se cuestiona y que aceleraría su salida de la institución. Es inevitable sentir perplejidad ante esta obstinación, que la ciudadanía no entiende.

El precedente que se invoca para defender la suspensión de la tramitación en el Senado de las enmiendas recurridas lo es solo muy relativamente. Es cierto que el PSC interpuso recurso ante el tribunal constitucional para que el TC prohibiera el pleno del 9 de octubre de 2017 en el que se aprobarían las leyes de desconexión aduciendo una argumentación semejante a la que ahora utiliza el Partido Popular; sin embargo, aquel recurso, que no llegó a ser eficaz, fue desestimado y no requiere gran explicación la evidencia de que el hecho de que un parlamento autonómico de pasos manifiestos e irreparables hacia la independencia es incomparablemente más grave que extralimitarse en el procedimiento a la hora de introducir mediante enmiendas determinadas reformas a la ley orgánica del TC y del CGPJ para facilitar su renovación, un designio que no es una exigencia caprichosa sino un mandato constitucional en toda regla.

El Constitucional paraliza en el Senado la reforma dirigida a acelerar su renovación

La evidencia de que existe una calculada sintonía entre la derecha política y la judicial no debería, sin embargo, cegar las críticas porque la desmesura imposibilitaría cualquier solución en el futuro, y es urgente encontrarla. Y es justo reconocer, en todo caso, que la introducción de enmiendas de adición en proyectos de ley para sacar adelante solapadamente asuntos incómodos que evitan así todo debate es inconstitucional, según la sentencia del TC 119/2011 de 5 de julio, citada por algunos juristas últimamente.

Sin embargo, es incomprensible y provocativo que la improcedencia de esta técnica legislativa irregular, muy utilizada por todos los partidos políticos que han gobernado en el estado y/o en las comunidades autónomas, haya sido la espoleta de una decisión tan drástica que no tiene precedentes de gravedad comparable en toda la etapa democrática.

En un clima político desolado por la rebelión judicial en las alturas —parecería que el único poder no sometido al principio de legalidad es el judicial—, esta medida, que no evita nada porque las normas frustradas se elaborarán de otra manera, echa leña al fuego, incrementa la irritación popular y redondea el desprestigio de la Justicia, más apegada al poder político que los propios profesionales.

Ya se sabe que la “soberanía del parlamento” es una entelequia, ya que siempre prevalece el principio de legalidad. Sin embargo, la supresión del recurso previo de inconstitucionalidad se llevó a cabo precisamente para evitar este improcedente acto de sumisión que el Senado deberá realizar ahora ante una instancia muy respetable, pero que es en todo caso instrumental y subsidiaria, y que fue concebida para garantizar la constitucionalidad del régimen y no para participar en una batalla campal entre gobierno y oposición.

La politización de los jueces alcanza así un nuevo nivel, y aunque es del todo evidente que el origen de ese malestar público que alcanza cotas inquietantes se debe casi en exclusiva a la pertinaz negativa del Partido Popular a renovar las instituciones judiciales a su debido tiempo, produce un profundo desagrado el asistir al alineamiento de los jueces con sus mentores políticos.

Porque además es muy significativo que la razón jurídica lograda por el Tribunal Constitucional —que no es poder judicial, obviamente— se haya conseguido gracias a la escasa mayoría del bloque conservador, pétreo e inamovible, sobre el bloque progresista, igualmente compacto y consolidado. Nuestros juristas más encumbrados ya ni siquiera parecen tener alguna duda de que es imposible que su antagonista ideológico pueda tener alguna vez razón.

Para llegar a estas conclusiones, no haría falta establecer un órgano sofisticado que le cuesta dinero a la ciudadanía y que a fin de cuentas no es más que un reflejo a tinta china del equilibrio parlamentario… cuando no se produce un ostentoso boicot como el actual.

Jueces y políticos progresistas y conservadores, sobre todo estos últimos, invocan el patriotismo y exhiben grandes ideales a la hora de defender sus tesis, pero bien poco patriótico resulta atizar un incendio cainita que parte, en su origen, de una gran trampa que ha hecho el PP para no perder el poder judicial que obtuvo cuando disfrutaba de mayoría absoluta y que después ha decidido aviesamente conservar.