La vía de las recusaciones mantiene las opciones del Gobierno para neutralizar al TC y asegurar la reforma exprés

La decisión del presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro González-Trevijano, de aplazar hasta el lunes el Pleno que iba a estudiar una posible suspensión del trámite parlamentario para una de las reformas exprés del Gobierno -precisamente la dirigida a acelerar la renovación pendiente en este órgano-, ha supuesto un cierto alivio para el ejecutivo de Pedro Sánchez y ha evitado un choque institucional sin precedentes entre este órgano constitucional y el legislativo. No obstante, el peligro no ha pasado, pues la reforma tiene que pasar aún el trámite en el Senado y la posibilidad de que la mayoría conservadora del tribunal acepte la paralización cautelar solicitada por el PP sigue vigente.

Ante esta situación, las opciones del Ejecutivo pasan por fiar parte de sus expectativas a las recusaciones del presidente del órgano, Pedro González Trevijano y del magistrado también del sector conservador Antonio Narváez introducidas 'in extremis' en el debate a través de un escrito de alegaciones de Unidas Podemos. Se trata de los dos magistrados que serían relevados de forma automática si prospera la reforma, cuando tomen posesión los dos nombrados por el Gobierno.

La mayoría conservadora del órgano hace difícil que las impugnaciones contra estos dos magistrados puedan tener éxito, si bien fuentes jurídicas señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que debería prosperar, al menos, la admisión a trámite de estos incidentes de recusación. Si González-Trevijano y Narváez fueran apartados -por el momento han rechazado hacerlo voluntariamente-, el TC conseguiría una mayoría progresista de cinco magistrados que aseguraría previsiblemente el rechazo de las pretensiones del PP.

Los morados justifican sus recusaciones por ser los magistrados señalados los más directamente afectados por la reforma planteada en la Proposición de Ley, "que busca precisamente cumplir con la renovación de los órganos constitucionales y cumplir con la Constitución”, recoge el escrito que han presentado ante el TC.

TENSIÓN EN EL TRIBUNAL

Por el momento, y a la espera de la reunión del lunes, el recurso del PP ha introducido una fuerte tensión dentro del Tribunal Constitucional. El sector conservador reprocha a los progresistas mantener una posición cercana al 'boicot' por exigir más tiempo para estudiar el asunto, una postura que, según las fuentes consultadas, ha obligado al presidente a retrasar hasta el lunes la resolución. Una vez el trámite se ha iniciado por el Congreso y los diputados han realizado sus primeras intervenciones y votaciones de la reforma, justificar una supuesta paralización de la reforma es mucho más complicado, reconocen.

El aplazamiento ha obedecido a un escrito suscrito por los cinco magistrados de sensibilidad progresista, incluido el vicepresidente del tribunal, Juan Antonio Xiol, en el que sostenían que necesitan un "tiempo indispensable" que les "permita el estudio completo del asunto a la vista del volumen de la documentación aportada, de la complejidad de la cuestión que plantea el recurso y la relevancia de la decisión". Se referían también a los escritos que han sido presentados por los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos justo cuando el Pleno iba a comenzar a reunirse.

Por parte de los progresistas, la complejidad de la decisión a adoptar, sin precedente alguno en relación con el Congreso de los Diputados, impedía actuar con la premura que a su juicio ha presidido la actuación del presidente desde que este miércoles convocara el Pleno, apenas unas horas después de presentarse el escrito de los diputados del PP. 

El tema tienen gran trascendencia constitucional, porque no existen precedentes en el Congreso de los Diputados de que el TC haya paralizado un trámite parlamentario. En este caso, se trata de reformar las leyes que regulan el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el propio tribunal de garantías, que el Gobierno ha puesto en marcha para acelerar la renovación de sus magistrados. La iniciativa de PSOE y Unidas Podemos fue introducida a través de dos enmiendas a la reforma del Código Penal, un texto que no tiene nada que ver con las leyes orgánicas antes señaladas, y por ello el PP considera que la técnica legislativa empleada es inconstitucional.

JUEZ Y PARTE

Por otro lado, la reforma planteada en el Congreso de los Diputados afecta directamente al propio órgano que tiene que analizarla. De aprobarse los planes del Gobierno, se reduciría a una mayoría simple la que precisaría el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para sacar adelante los dos nombramientos que le corresponden, y que sustituirán al magistrado conservador Santiago Martínez-Vares y al progresista Juan Antonio Xiol, actual vicepresidente del órgano.

La otra parte de la reforma del Gobierno supone tocar la ley orgánica que regula el funcionamiento del propio Tribunal Constitucional, y va dirigida a permitir que los magistrados que ha designado dentro de su turno el Gobierno- el exministro Juan Carlos Campo y la catedrática Laura Díez- tomen posesión sin tener que esperar al Consejo. El camino para ello pasa por suprimir dos puntos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) que otorgaban al propio Tribunal Constitucional la tarea de verificar que las personas designadas para entrar en dicho órgano reúnen los requisitos legales para ello.