Garantizar el derecho al aborto

Este jueves se debate en el Congreso de los Diputados una nueva Ley de Aborto. Como siempre cuando se discuten estos temas, hay polémica sobre si hacía falta una nueva ley de aborto o no, y hay polémica sobre su contenido. En mi opinión, la discusión es siempre la misma. Quien menos necesita que se garanticen sus derechos por ley, son quienes más se oponen. Quien se puede pagar el resolver estos temas por su cuenta, no tiene especial interés en que el derecho esté garantizado desde lo público. Un derecho al que ninguno de los que van a votar en contra van a renunciar una vez logrado.

Sí, hace falta una nueva ley de aborto. Sí, hace falta garantizar el derecho de las mujeres a abortar en un hospital público y a hacerlo al lado de casa. Podríamos pensar que esto está garantizado desde hace años, pero no es así. La Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo establece un derecho por ley basado en plazos y recoge la objeción de conciencia del personal sanitario y las garantías sobre su prestación. Pero esta ley no llega a garantizar de facto el derecho al aborto en la sanidad pública.

La ley del aborto vigente sirvió para que en los siguientes años a su aprobación descendiese en España el número de abortos, especialmente en mujeres menores de 19 años. Pero desde su entrada en vigor, los abortos practicados en hospitales públicos han pasado del 2.89% en 2011 al 15.49% en 2020. Cifras que no nos describen la realidad para muchas mujeres, ya que, al no estar desagregadas por provincias o Comunidades Autónomas, no podemos detectar las grandes diferencias entre las provincias donde no se ha practicado nunca ninguno, como es el caso de Huesca, Teruel, Ávila, Palencia, Segovia, Soria, Zamora, Cueca, Guadalajara, Toledo o Cáceres. Así, el aborto en España se practica frecuentemente en centros de titularidad privada, aunque se realice con financiación pública. De hecho, ocho de estas provincias no han notificado ningún aborto en 30 años, lo que indica que más de 40.000 mujeres han tenido que desplazarse a otro territorio para ejercer su derecho a abortar.

Esto ocurre porque la manera en que está regulada la objeción de conciencia no permite a la sanidad pública anticipar si las mujeres van o no a poder ejercer su derecho en un hospital público. Es imprescindible garantizar el derecho a la objeción de conciencia a los profesionales, pero también lo es garantizar el derecho a abortar de las ciudadanas que deseen hacerlo en la sanidad pública y, para ello, es necesario regular cómo se ejerce esta objeción de conciencia de manera que los hospitales sean capaces de garantizar que cuentan con los profesionales que darán el servicio siempre que alguien lo necesite.

Porque no es lo mismo abortar en un centro público, que en uno privado o que irse a Londres. Hoy en día muchas mujeres que van a una clínica privada a abortar se encuentran en la puerta con activistas que las insultan, las increpan y las juzgan por ejercer su derecho. Se estigmatiza a estas mujeres y se las priva de su intimidad, se pone en riesgo su integridad física y moral al no garantizarles este servicio en su hospital. En algunas provincias, además, se ven obligadas a desplazarse muchos kilómetros porque su hospital no puede atenderlas.

Por eso sí es necesario volver a regular las garantías del aborto en la sanidad pública mientras se preserva el derecho a la objeción de conciencia y se delimita la obligación del Sistema Nacional de Salud a la hora de realizar la prestación a todas las mujeres que así lo demanden. La primera ley sobre el aborto en España se aprobó durante la Segunda República, en 1937, y casi 100 años más tarde las mujeres siguen teniendo dificultades para ejercer este derecho.