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Vivienda: libertad contra intervencionismo

Vista de una inmobiliaria de Madrid.

Vista de una inmobiliaria de Madrid. / EFE/ Fernando Alvarado

La vivienda es uno de los grandes problemas sociales actualmente en España debido a la imposibilidad de acceder a una vivienda digna para muchas familias y las enormes dificultades de los jóvenes para emanciparse por culpa de alquileres desorbitados en las grandes ciudades.

Ante esta realidad hay varias recetas: libertad o intervencionismo.

Esta segunda receta, el intervencionismo, elegido por el Gobierno, pretende obligar, forzar a la bajada de precios a los grandes propietarios y sancionar a los pequeños que se verán obligados a congelar o bajar los precios de sus alquileres. Una medida que provocará la destrucción del mercado del alquiler, la reducción de la oferta, subidas de precios y que dificultará a jóvenes y familias vulnerables acceder a los mismos.

Así, la “solución” que ofrece el Gobierno de España no es crear empleo para que los jóvenes, con una tasa de paro del 40%, puedan pagar un alquiler y emanciparse; no es recuperar el trabajo perdido por destrucción de empleo y ERTES; no es reducir una factura de la luz que ha subido un 200%; no es ayudar a las familias que son desahuciadas; no es construir viviendas sociales para los más necesitados, familias y jóvenes.

La única respuesta que plantea este gobierno del progreso pasa por atacar la propiedad privada y cargar contra los propietarios, es escurrir el bulto y que otros paguen su ineficaz gestión.

Dejándose llevar nuevamente por los populismos, nos quieren imponer una medida al más puro estilo comunista que ataca a las clases medias, y penaliza a las familias que han ahorrado toda su vida para tener un pequeño patrimonio. Familias que se han sacrificado para tener un colchón en su vejez, para ayudar a sus hijos, a las que este gobierno castiga haciéndoles pagar por haber ahorrado.

Una receta que además ha sido un rotundo fracaso en aquellos países que la han puesto en marcha como Berlín, París o Ámsterdam, donde no sólo ha provocado la subida del precio de los alquileres, sino la parálisis en la construcción de nuevas promociones de viviendas.

Una medida que nace herida de muerte porque en media España, en todas las CCAA y ayuntamientos donde gobierna el PP no se va a aplicar. Se anuncian recursos ante el Constitucional por el ataque a la propiedad privada. Los gobiernos de la libertad eligen la primera receta: bajar impuestos, liberalizar el suelo público, construir viviendas sociales, crear empleo y dar incentivos y ayudas a jóvenes y mayores para conseguir una vivienda sin machacar la hucha de las familias.

Nuevamente el Gobierno anuncia una medida no para favorecer a los más necesitados, familias desahuciadas, jóvenes y mayores, sino para contentar a los socios de Podemos y poder aprobar unos presupuestos que alarguen la estancia de Sánchez en Moncloa. Una cortina de humo para esconder la vergonzante subida de la luz que asfixia a los más necesitados, el incremento de desahucios en un 40% en las comunidades donde gobiernan como la valenciana, el fracaso de las políticas económicas y sociales de este Gobierno, y por qué no el éxito de Casado en una Convención histórica.