El PSOE recrimina a Ayuso que recurrir a la financiación privada ha costado 900 millones extra a las arcas públicas

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso encabezó la oposición a la quita de la deuda prometida por el Gobierno de Pedro Sánchez desde el primer día. Su argumento siempre fue que supondría un "agravio comparativo" para quienes como Madrid se financian a través de los mercados y no mediante el Fondo de Liquidez Autonómica y que la deuda, además, terminaría repartiéndose entre todas las comunidades autónomas. Ahora, la oposición ha encontrado argumentos para recriminarle que esa decisión tiene consecuencias para el bolsillo de los madrileños y abrirá el debate en la Asamblea de Madrid.

El grupo socialista llevará al próximo pleno, el primero de este periodo de sesiones, su denuncia acerca del coste de esta decisión política, y Más Madrid, recuerda Efe, presentó el pasado 8 de enero la petición de comparecencia de la consejera de Economía y Hacienda, Rocío Albert, para que explicara en la cámara por qué Madrid sigue financiándose a través de los mercados cuando en los últimos tres años esto ha tenido un coste extra de 900 millones de euros en concepto de intereses. Los datos que uno y otro partido utilizan están extraídos de un informe del BBVA publicado este mes de enero.

En el PSOE madrileño denuncian que “en cualquier empresa privada un impacto económico tan negativo, tan grande y continuado en el tiempo haría que el CEO de la empresa estuviera en la calle”. Acudir a los mercados en los años de crisis en los que se creó el FLA siempre fue una decisión política, tomada en su momento por Esperanza Aguirre y que se ha mantenido en el tiempo hasta ahora. El argumento ha sido siempre que el gobierno regional perdería "autonomía financiera", ya que quienes acuden a este mecanismo estatal tienen la obligación de cumplir con una serie de condicionantes, como dar explicaciones sobre el estado de su tesorería, el nivel de cumplimiento de su presupuesto, mantener el déficit a raya, y justificar sus gastos e ingresos. Ante cualquier incumplimiento, el Estado podría exigir recortes o un mayor control de la política impositiva.

"Es una decisión política con consecuencias económicas irracionales", explican ahora desde el PSOE, que recuerdan que la suma de esos intereses equivale al presupuesto de este año de vivienda, economía e i+D juntas.