Ayuso despide el año con una inversión de 478 millones en ayuda social y un impulso a la digitalización

El gobierno de la Comunidad ha decidido despedir el año con la aprobación de varios acuerdos en materia social por un importe de 478 millones de euros. El Ejecutivo ha dado el visto bueno a partidas relacionadas con la dependencia, el apoyo a menores con autismo y la emergencia social en el penúltimo consejo de gobierno de 2023, dejando el último de la próxima semana para el balance anual, en el que Isabel Díaz Ayuso sacará previsiblemente pecho por haber logrado aprobar hasta siete leyes en estos tres meses de arranque de la legislatura tras apretar por la vía de urgencia y de forma caótica la tramitación parlamentaria de las leyes LGTBi y la Ley ómnibus, que este viernes obtendrán luz verde en la Asamblea junto a los presupuestos. 

Casi todas las partidas, que son continuidad de las precedentes de años anteriores, aumentan respecto a años anteriores, según los datos facilitados por el equipo de Gobierno y llegan después de que desde la Delegación del Gobierno en Madrid haya insistido en varias ocasiones en el último mes en que Madrid es la comunidad que registra mayores niveles de desigualdad en la población.

Ayuda a la dependencia

La partida principal aprobada por el Gobierno regional está destinada a las ayudas a la dependencia para 2024. Suman 334,5 millones de euros, un 29% adicional al gasto presupuestado para 2023 (268 millones de euros). Según ha afirmado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, en la rueda de prensa posterior al Consejo, la ayuda servirá para atender a 71.485 personas que tienen reconocidas estas prestaciones en la región, pero la cifra puede ampliarse a lo largo del próximo año.  

Se repartirá en tres conceptos. En primer lugar, una cuantía mensual, de carácter excepcional, para los gastos derivados de la atención a la persona en su entorno domiciliario. En segundo lugar, un complemento para financiar “el coste de un servicio reconocido a la persona dependiente en su plan individual de atención, ofrecido por un centro o entidad privada debidamente acreditada, cuando no sea posible el acceso a un recurso público concertado". Y por último, ayudas a través de la figura del asistente personal para que los beneficiarios tengan acceso a la educación y el trabajo y facilitar así un mayor grado de independencia e inclusión.

Además, la Comunidad destinará otros 106 millones a un fin similar en la capital de la región. Mediante la firma de un nuevo convenio con el Ayuntamiento de Madrid para personas dependientes, el ejecutivo autonómico colabora en los servicios de atención domiciliaria y de teleasistencia, los centros de día de mayores y las plazas de las residencias gestionadas por el Consistorio de la capital. Esta ayuda permitirá que el servicio a domicilio llegue a 25.100 personas.

Asimismo, el Gobierno regional ha aprobado una partida de 5,6 millones de euros hasta 2026 "para el alojamiento destinados a personas en situación de emergencia social, lo que suponen 60 plazas en régimen de pensión completa, a las que se añaden 50 adicionales en la campaña de frío y otras 20 para la ola de calor". El acceso a estas plazas se tramita principalmente a través del SAMUR social o los servicios sociales municipales.

El último acuerdo de 22 millones de euros en materia sociosanitaria aprobado en este último consejo de gobierno ha sido para las 317 plazas para personas afectadas por trastornos del espectro autista.En los centros de la región, estas personas reciben, entre otros, servicios de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, y psico-social.

Digitalización de los trámites administrativos

Dávila ha anunciado también junto al consejero de Digitalización, Miguel López Valverde, que a partir del próximo mes de enero estará ya en funcionamiento la Historia Social Única, un proyecto que contará con una inversión de 29,6 millones de euros que permitirá recopilar toda la información de los usuarios de servicios sociales, sea  personal, familiar, sanitaria, de vivienda, económica, laboral o educativa. Será un instrumento similar a la historia clínica, que servirá para coordinar cerca de 120 procedimientos y aplicaciones informáticas que hasta ahora operaban de manera aislada.

Asimismo, el gobierno regional ha dado un impulso a la digitalización de los expedientes judiciales. Con esta iniciativa la consejería de López Valverde estima que en los próximos dos años, plazo para finalizar el proyecto, la Comunidad pueda reducir hasta un 20% los tiempos de tramitación y con esto facilite la búsqueda de información por parte de los usuarios.