Las tres 'C' de la trama Koldo: el cabecilla, el conseguidor y el comisionista

La operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra la trama de corrupción en la compra de mascarillas por parte de la Administración central ha logrado llevar a la esfera pública el nombre de Koldo García Izaguirre, que fue escolta y asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, actualmente diputado del PSOE en el Congreso. Sin embargo, el sumario de la bautizada por la Guardia Civil como Operación Delorme, pues así se llamaba el inventor de la mascarilla sanitaria, ha identificado a los tres personajes más relevantes de esta red corrupta, que se aprovecharon de la necesidad de mascarillas para dar un pelotazo de al menos 16,5 millones de euros, según los cálculos iniciales de la Fiscalía Anticorrupción.

¿Y quienes son los principales implicados en la trama? Las tres 'C': el conseguidor, Koldo García Izaguirre; el comisionista, Víctor Gonzalo de Aldama; y el cabecilla de la red corrupta, Juan Carlos Cueto.

La Guardia Civil instaló un micrófono en una marisquería de Madrid para cazar a Koldo y sus socios

El conseguidor

El primero, el conseguidor, es el ya mencionado Koldo García Izaguirre. Tras protagonizar un ascenso meteórico en el Ministerio de Transportes, pues pasó de escolta a asesor de Ábalos, que le promocionó como consejero de Renfe Mercancías y vocal del Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado, consiguió que la trama accediera a jugosos contratos públicos.

Es decir, fue quién propició que las empresas de la red corrupta se hicieran en 2020, en plena pandemia, con contratos del Ministerio de Transportes y del Interior, entre otras administraciones, por un valor de 53 millones. Y todo a cambio de "dinero en b", concluye Anticorrupción, pues Koldo logró amasar un patrimonio detectado que no baja de los 1,5 millones de euros.

Pero el escolta de Ábalos no fue el único miembro de su familia que ha tenido ingresos exponenciales. Su pareja, Patricia Uriz Iriarte, es la titular única de gran parte de los bienes muebles e inmuebles adquiridos, mientras que Koldo sólo aparece como titular de una de las propiedades.

Los ingresos en efectivo se incrementaron sustancialmente a partir del año 2020, llegando a su punto álgido en 2021. En 2019 fueron 37.305 euros; en 2020 subieron hasta los 75.282 euros; para volver a elevarse hasta los 95.033 euros; y descender ligeramente en 2022 hasta los 88.443 euros. El pico del incremento de los ingresos en efectivo se produjo en el mes de marzo de 2020, cuando fueron adjudicados los millonarios contratos a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas SL.

Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo, es otra de las personas utilizadas para ocultar su titularidad real sobre algunos inmuebles. Él y su exmujer ingresaron 1.574.086 euros entre 2017 y 2022. "Al igual que en el caso de Koldo, sus ingresos experimentaron un notable incremento en 2020, que alcanzaron los 490.294 euros. Joseba fue contratado por organismos estatales dependientes del Ministerio de Transportes, en el que Koldo era asesor del ex ministro Ábalos.

El comisionista

"En varias ocasiones se han observado referencias al papel de Víctor de Aldama como 'comisionista' frente a la Administración Pública en el marco de los contratos investigados", especifica la Fiscalía Anticorrupción en la querella que dio inicio a las pesquisas del magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

Las pesquisas de la UCO de la Guardia Civil han descubierto que el primer contacto entre el dueño del Zamora CF, Víctor de Aldama, y el asesor del exministro Ábalos, Koldo García Izaguirre, se produjo en diciembre de 2018 en "un entorno laboral". Tan solo dos meses después, en febrero de 2019, "coincidieron en México con motivo de la visita oficial del ministro José Luis Ábalos a la región donde el primero ostentaría el cargo de cónsul honorario", especifica el Ministerio Fiscal.

Al percatarse Aldama de la necesidad de mascarillas, este puso en marcha una operación por la que iban a ganar al menos 16,5 millones de euros. Contactó con Koldo, que ejerció de conseguidor y abrió las puertas a la red corrupta. El dueño del Zamora CF ingresó 5,5 millones.

De Aldama fue la persona que intermedió con los productores de las mascarillas, tal y como especifica Koldo en una de las conversaciones grabadas por la UCO de la Guardia Civil, en la que en referencia al dueño del Zamora CF dice, de forma literal: "A mí me resolvió los problemas que tenía para poder ejecutar y traer lo que yo necesitaba de fuera".

El cabecilla

Juan Carlos Cueto era el cabecilla de la trama, según la Fiscalía Anticorrupción. Este hombre, que según las fuentes consultadas se encontraba fuera de España cuando estalló la operación de la UCO de la Guardia Civil, era realmente quien controlaba la firma Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas SL, integrada en el Grupo Cueto. Esta sociedad, de carácter "instrumental", fue la utilizada para esconder al auténtico beneficiario de los contratos de los ministerios de Transportes y del Interior.

Cueto dejó de encabezar las empresas de su grupo a raíz de la operación policial Trajano, que dio lugar al conocido como caso Defex en Angola. "Sin embargo, tal y como se indica en el informe policial, la participación de éste en la actividad empresarial no habría cesado", relata Anticorrupción, que concluye que dado que el Grupo Cueto controla la actividad de la empresa que recibió las adjudicaciones de mascarillas, "el beneficio obtenido por este conglomerado empresarial supondría el 35% del dinero público ingresado", lo que supone más de 9,5 millones de euros.

Los beneficios de la operación acabaron en empresas radicadas en Luxemburgo y Brasil, pero también sirvieron para comprar unas fincas rusticas en la comarca de Barco de Valdeorras, en Ourense. En esta operativa, además de Juan Carlos Cueto en su calidad de líder del Grupo Cueto, interviene el subteniente de la Guardia Civil destinado en el Ministerio de Transportes José Luis Rodríguez García.

Vinculado a Cueto aparece Rodríguez García, a quien los investigadores consideran una "pieza clave" para que los imputados se hicieran con los contratos de suministro de mascarillas. Este guardia llegó a utilizar un vehículo propiedad de la empresa Comercializadora de Pizarras Santa Bárbara, del Grupo Cueto. En el seguro se especifica que era un empleado de esta sociedad de la trama corrupta.