La empresa de la ‘trama Koldo’ recurrió al asesor de Ábalos para "agilizar trámites" en el Ministerio de Transportes

Los cabecillas de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas SL recurrieron a Koldo García Izaguirre, entonces asesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, para "agilizar trámites con este Ministerio en el contexto de la contratación en la pandemia". Así consta en el auto del magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, en el que el juez traslada y asume las conclusiones de la querella que interpuso la Fiscalía Anticorrupción por esta supuesta trama de cobro de comisiones irregulares en la compra de mascarillas para hacer frente al covid.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 apunta en este documento al cobro comisiones ilegales por un valor de 10 millones de euros en los contratos adjudicados a esta empresa por el ministerio de Ábalos, pero también por el de Interior y los Gobiernos autonómicos entonces gobernados por el PSOE en Baleares y Canarias.

Koldo García en libertad después de que se negara a declarar ante el juez

En esas fechas, prosigue Anticorrupción, García Izaguirre era cargo público del Ministerio de Transportes, en concreto "asesor del titular del Ministerio, consejero de Renfe y vocal del Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado". En el caso de la adjudicación realizada desde Ministerio del Interior, también se llevó a cabo a instancias de Transportes a la misma trama.

Notable incremento de su patrimonio

"Un dato sumamente relevante y revelador del papel que Koldo García Izaguirre pudo desempeñar en la adjudicación, es el notable incremento de su patrimonio durante los últimos años, pudiendo haber hecho uso de terceras personas próximas a su círculo familiar con la posible finalidad de ocultar, o al menos dificultar, la verdadera titularidad de los inmuebles adquiridos", especifica el auto, que parafrasea a Anticorrupción.

El auto en el que se dictaron medidas cautelares contra él también detecta una relación personal y directa de Koldo García con dos personas que participaron en dos expedientes de contratación, en concreto de Puertos del Estado y Adif, según acreditan varias llamadas telefónicas obrantes en el sumario.

En concreto, la investigación ha detectado que Koldo García Izaguirre y su familia adquirieron, cinco meses después de los contratos de mascarillas, varios inmuebles en Alicante por un valor de 1,5 millones de euros. "En este periodo destaca el aumento de ingresos en efectivo en general y llama la atención que disminuyan las disposiciones de dinero en efectivo, lo que denota la posible existencia de otra fuente financiera de origen desconocido", advierte el fiscal Luis Pastor.

Los investigadores también han observado "un incremento sustancial" de sus aportaciones a hipotecas y préstamos, todo ello después de la pandemia, para la compra de tres inmuebles en Benidorm. "Uno de estos inmuebles se adquiere a nombre de su hija menor por un importe de 115.000 euros sin constituir hipoteca, 11.500 se abonan en metálico y no se encuentra disposición en efectivo que lo justifique. Y el resto con cuatro cheques a favor de los vendedores haciendo uso para ello de los fondos de una cuenta bancaria a nombre de la hija menor", donde se habían ingresado dos días antes de la compraventa.

Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo, y la mujer de este, Ana María Rodríguez, fueron utilizados, siempre según la Fiscalía y el juez Ismael Moreno, para "ocultar la titularidad real" de algunos inmuebles. En el mismo sentido, José fue receptor de importantes fondos en efectivo en sus cuentas: en 2020 alcanzaron los 130.652 euros; en 2021 fueron 84.907 euros y en 2022 un total de 52.215 euros.

El contacto en la empresa

La Fiscalía Anticorrupción señala, además, que el contacto de García Izaguirre en la firma Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas SL, que obtuvo contratos de mascarillas por un valor de 53 millones, era el presidente del Zamora CF, Víctor Gonzalo de Aldama, uno de los cuatro detenidos que pasaron a disposición judicial del magistrado este jueves. Todos los arrestados han quedado en libertad con medidas cautelares, tras comparecer este jueves ante el juez.

Esta empresa mantenía en plena pandemia una deuda con Hacienda de 269.989 euros por el Impuesto sobre Sociedades de los años 2012, 2013 y 2014, según especifica un auto de 29 de junio de 2023, adelantado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Los hechos, según mantiene por el momento el juez Ismael Moreno, revisten inicialmente caracteres de delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.