Meloni maniobra con Sunak para endurecer aún más la política migratoria europea

El acuerdo político cerrado este miércoles por los Veintisiete para actuar en casos de llegadas masivas de inmigrantes, la última gran pieza del pacto de asilo e inmigración que les quedaba por negociar, ha supuesto un respiro para los líderes europeos. Aún así, Italia no se da por satisfecha, como Polonia o Hungría, los otros dos huesos duros de la UE en materia migratoria, quiere mucho más y maniobra para endurecer la política migratoria europea. "Italia lo ha votado porque creemos que son normas mejores que las anteriores pero la propuesta italiana no es seguir hablando de cómo redistribuimos a las personas que entran ilegalmente en Europa sino detener la inmigración ilegal", ha dicho la primera ministra 

Giorgia Meloni a su llegada a la tercera reunión de la Comunidad Política Europea celebrada en Granada.

Meloni ha aprovechado la cita para convocar junto con el primer ministro británico, Rishi Sunak

, un encuentro a cuatro bandas con sus homólogos de Países Bajos, Mark Rutte, y de Albania, Edi Rama, al que se han sumado por sorpresa la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente francés, 

Emmanuel Macron. El objetivo, según han explicado fuentes diplomáticas, ha sido hablar de "posibles iniciativas operativas en un contexto bilateral y multilateral para luchar contra la trata de seres humanos". La idea del encuentro era conjugar una doble cuestión: las posiciones de países de la UE y de fuera de la UE , del norte de Europa afectados por movimientos secundarios y del sur afectados por la llegada de inmigrantes en primera línea.

Tanto la italiana como el conservador británico son partidarios de la mano dura y un endurecimiento de la política migratoria. "Estos temas trascienden las fronteras nacionales y requieren soluciones creativas a nivel europeo", ha dicho Sunak en un comunicado en el que ha avisado de que los niveles de inmigración a Europa continental son los más altos en casi una década. "Con miles de personas muriendo en el mar, impulsadas por traficantes de personas, la situación es a la vez inmoral e insostenible. No podemos permitir que las bandas criminales decidan quién llega a las costas de Europa", ha añadido anunciando nuevas iniciativas bilaterales con Bélgica, Bulgaria y Serbia para aumentar el intercambio de inteligencia y la cooperación operativa.

La polémica de Túnez

Meloni, que se ha reunido también con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se verá este viernes con el canciller alemán, Olaf Sholz, para "razonar sobre cómo dar pasos adelante". En las últimas semanas Berlín y Roma han chocado precisamente por el tratamiento a los solicitantes de asilo en el nuevo reglamento de crisis y ambas partes aspiran a limar asperar. La cita será antes del inicio del Consejo Europeo informal, convocado por la presidencia semestral española de la UE y en el que la inmigración volverá a estar en el menú precisamente a petición de la italiana. El borrador de declaración preparado para la cumbre informal incluye un párrafo al respecto en el que se constata que es "un desafío europeo" que "requiere de una respuesta europea". El texto también recoge que "la inmigración irregular necesita ser abordada de forma inmediata de foma decidida" y apuesta por aumentar los acuerdos con terceros países de origen y tránsito.

A su llegada este jueves Meloni se ha mostrado "satisfecha" con el texto acordado por los Veintisiete -que ahora deberán negociar con el Parlamento Europeo- porque demuestra que "no estamos aislados en esta negociación". Ha recordado, no obstante, que Roma considera que la UE lo puede "hacer mejor" y que debe "correr un poco más" para frenar la llegada de inmigrantes. Este es el objetivo precisamente del acuerdo entre la Unión Europea y Túnez negociado por la Comisión Europea, firmado el pasado 18 de julio ante la presencia directa de Meloni y Rutte y que tantas tensiones y preocupaciones ha generado desde entonces.

El acuerdo incluye disposiciones para luchar contra la inmigración irregular y apoyo financiero: 785 millones de euros de los cuáles 105 millones se destinarían a formación, control de fronteras y combatir a las mafias de traficantes de seres humanos. Un pacto que ha generado mucha polémica en la oficina de la Defensora del Pueblo Europeo, que ha pedido explicaciones a Bruselas por las repercusiones para los derechos humanos, y el

Parlamento Europeo

que consideran "totalmente inaceptable" el acuerdo porque "no respeta la legislación de derechos humanos".