Las pesqueras españolas podrán acogerse a ayudas de la UE tras el final del acuerdo con Marruecos

Decenas de pesqueras españolas traen pulpo de las costas del Sáhara Occidental, la que fuera hasta 1975 provincia 53 de España. Otras compañías cementeras importan arena de ese territorio desértico. Empresas agroalimentarias traen tomates de Dajla, la antigua ciudad de Villa Cisneros de los tiempos en los que España era la metrópoli. El Sáhara Occidental es ahora un territorio no autónomo pendiente de descolonización bajo control de Marruecos. El país magrebí exporta sus riquezas gracias a tratados comerciales como los que han estado vigentes durante décadas con la Unión Europea.

Pero este 17 de julio expira el acuerdo comercial y pesquero de cuatro años. A dos semanas de que ocurra, no hay indicio alguno de que vaya a renovarse. La UE y España esperan la sentencia definitiva del Tribunal Superior de Justicia de la UE. El más alto tribunal europeo puede validar o rechazar la sentencia de 2021 del Tribunal General de la UE. Eso ocurrirá a finales de este año o principios del siguiente. 

El Acuerdo de Colaboración en el sector pesquero entre la UE y Marruecos a punto de expirar es considerado uno de los pactos pesqueros de mayor importancia política para España. Da permisos para 138 buques de la UE, de los que 93 son españoles, aunque sólo unas decenas de ellas están siendo usadas en estos momentos. Son pocas las perspectivas de que se renueve, según ha reconocido el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Las compañías españolas que operan allí se quedan en un limbo en medio de ese proceso político y legal. Pero podrán acogerse a un fondo de ayudas de la Unión Europea para amortiguar las pérdidas, según ha podido saber este diario. El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (EMFF, siglas en inglés) apoya compensaciones financieras a propietarios de embarcaciones y tripulaciones cuando se da una cesión temporal de sus actividades de pesca como resultado de la no renovación de un protocolo de acuerdos de partenariado de pesca sostenibles. Este apoyo es factible sólo hasta finales de 2023, que es la fecha del final del EMFF. 

Las ayudas se brindarán con una duración máxima de seis meses por embarcación durante el periodo elegible (2014-2023). Si los beneficiarios recibieron una compensación por casos previos de cese temporal desde 2014, el tiempo correspondiente será deducido. Además, todas las actividades de pesca llevadas a cabo por las embarcaciones de pesca y los pescadores concernidos deben haber parado de manera efectiva durante el periodo del cese temporal. Las ayudas las decide España, no la UE. Es cada país quien determina los beneficiarios, en línea con su programa EMFF y en línea con sus criterios de selección.  El Ministerio de Agricultura y Pesca no ha respondido a la petición de información de este diario al respecto.

Según el actual acuerdo pesquero, la contribución financiera total de la UE se estima en 208 millones de euros a lo largo de 4 años, incluida la compensación por el acceso a la zona de pesca, el apoyo al sector pesquero marroquí y el pago de cánones por los armadores, según información recopilada por fuentes diplomáticas marroquíes. España captura el 20% del total de la producción pesquera europea y es el primer país de la UE en este sector. Del total de 92 buques españoles que se benefician o han beneficiado de las licencias del acuerdo, la mayor parte son de Andalucía (47 buques), Canarias (38) y Galicia (7).

Empresas con negocio en el Sáhara Occidental

Más allá de la pesca, no hay datos actualizados de las empresas que tienen negocio actualmente en el Sáhara Occidental. En un informe encargado por Los Verdes europeos hace dos años constaban las siguientes empresas españolas. Este diario se ha puesto en contacto con ellas por correo electrónico para ver cuál es la situación actual y si preparan planes de contingencia, sin respuesta por su parte. 

El abogado del Frente Polisario, Manuel Devers, no descarta pedir indemnizaciones si la sentencia sale refrendada en el alto tribunal europeo. En conversación telefónica con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA desde París, asegura que el tiene em mandato del movimiento saharaui para, si es necesario y pertinente, pedir unas compensaciones que estima que podrían estar entre 6.000 y 8.000 millones de euros. Los detalles de los cálculos los darán a conocer tras la sentencia, si el Frente Polisario decide solicitarlas.

"Pueden ser mucho más incluso, si se tiene en cuenta las cantidades que ha pagado la Unión Europea a Marruecos desde la primera sentencia, de 2015, que ya establece que solo serán válidos los acuerdos si cuentan con el consentimiento del pueblo saharaui, además del importe de la pesca realizada, de los productos agrícolas que entran en la Unión Europea procedentes del Sáhara Occidental", opina Juan Soroeta, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad del País Vasco y experto en el conflicto del Sáhara Occidental. "Todo ello sin valorar el perjuicio que supone para la población del territorio"

Por el momento, el Polisario se muestra abierto a la negociación tanto con Bruselas como con las compañías. Pero insisten en que se trata de un expolio de bienes por parte de Marruecos que pertenecen al pueblo saharaui, parte del cual está en el exilio.