El Consejo Económico andaluz afea a la Junta que no prevea inspectores para vigilar los pisos turísticos

Las modificaciones legales que prepara la Junta de Andalucía para regular las viviendas turísticas podrán ser aprobadas de forma inminente en Consejo de Gobierno, posiblemente en enero, después de que hayan pasado todos los filtros. El dictamen del Consejo Económico y Social de Andalucía, aprobado este jueves, avala la nueva normativa aunque pone pegas a algunos aspectos formales y de contenido de la nueva norma. Expresamente recrimina a la Junta que no concrete cuántos inspectores se dedicarán a vigilar el sector de las viviendas turísticas. También duda de que las viviendas irregulares que han sido legalizadas en los últimos años en Andalucía, muchas en zonas costeras, puedan destinarse a viviendas turísticas, como sí contempla la nueva regulación.

La próxima normativa andaluza veta que las viviendas de promoción pública, las llamadas VPO, puedan destinarse a uso turístico, lo que respalda sin fisuras el Consejo Económico y Social. Sin embargo, el órgano sí que expresa dudas sobre la previsión de la Junta de Andalucía de que “a través de una autorización expresa del órgano competente municipal se pueda excepcionar la prohibición de destinar a viviendas de uso turístico las reconocidas como viviendas asimiladas a fuera de ordenación (AFO)”, lo que aparece a partir del tercer borrador del decreto.

Amnistía a 300.000 viviendas

Se trata de edificaciones ilegales, más de 300.000, que la Junta de Andalucía ha regularizado desde 2019, con condiciones, tras años de pleitos y caos urbanístico. Eran edificaciones que estaban fuera de los planes urbanísticos municipales y que, en muchos casos, no se podían ni regular ni derribar. “En Andalucía son muchas las viviendas que se encuentran en esta situación, especialmente en municipios costeros y lugares de interés paisajístico y medioambiental”, avisa el Consejo Económico y Social. “Se evitaría así que la redacción que se proyecta (...) pudiera generar unas situaciones y usos para las que no está pensada la figura” de esta regularización de viviendas, avisa el dictamen.

El órgano consultivo de la Junta de Andalucía reprocha al propio Gobierno que el decreto obvie la necesidad de inspectores que controlen y sancionen en caso de incumplimientos de las viviendas turísticas. “Una de las principales herramientas de control del cumplimiento de la normativa de viviendas de uso turístico y de establecimientos de alojamiento turísticos es la que se lleva a cabo a través de las labores de inspección y sanción de las administraciones públicas competentes. El proyecto de decreto en examen no contempla ninguna previsión al respecto, pero quisiéramos dejar constancia de la importancia de la labor inspectora para que la normativa dictaminada sea eficaz y efectiva”, señala el dictamen, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. “Deben dotarse y destinarse los recursos humanos y materiales necesarios para que la inspección puede ejercer sus funciones con las garantías y las condiciones adecuadas”, advierten los expertos.

La Consejería de Turismo defiende que se dotará un cuerpo de inspectores, con más puestos en el plan de inspección de turismo para el año 2023, aprobado en diciembre de 2022, así como a través de un acuerdo para incrementar los efectivos. Desde el Consejo Económico y Social avisan de que esas propuestas tienen que “materializarse”.

Respaldo a los ayuntamientos

La principal novedad del decreto de la Junta es que da potestad a los ayuntamientos para poder poner coto a las viviendas turísticas en las ciudades mediante su planeamiento urbanístico y declarando zonas saturadas, donde se pueden prohibir o restringir nuevos alojamientos. Esto ya lo hicieron los ayuntamientos de Cádiz y Sevilla, cuando estaban gobernados por Adelante Cádiz y por el PSOE respectivamente. La regulación municipal fue recurrida aunque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio la razón a los ayuntamientos. También el Tribunal Supremo avala que los ayuntamientos están facultados en sus competencias para “establecer limitaciones en lo que respecta al número máximo de viviendas de uso turístico por edificio o por sector”, recuerda el dictamen.

La Junta de Andalucía decidió no aprobar un nuevo decreto sino modificar el actual, de 2016, algo que tampoco comparte el Consejo Económico y Social, que avisa de que hubiera sido mejor elaborar una nueva norma, recordando que esta modificación lleva en marcha desde 2021, por lo que pone en duda las cuestiones de “urgencia y oportunidad” que alega la administración. La nueva regulación cambia esa norma de 2016, una anterior de 2010 y también las modificaciones que se introdujeron con motivo de la pandemia de covid en mayo de 2020. “Tales cambios, como se indica en el informe de gabinete jurídico, hubieran aconsejado la elaboración de una nueva norma”, avisa el dictamen, que asegura que tendría mayor seguridad jurídica.

El órgano consultivo pide además que se modifique la ley de turismo, para reforzar una regulación que se ha visto condicionada en muchas ocasiones por sentencias de los tribunales y finalmente del Tribunal Supremo. “Durante el propio proceso de elaboración de este dictamen, se han publicitado nuevos pronunciamientos del Tribunal Supremo (...) que vienen a indicar que la actividad de alquiler de vivienda con fines turísticos tiene naturaleza empresarial y comercial y que, existiendo una prohibición en los estatutos de la comunidad que vetaba el destino de los inmuebles a tales usos, queda prohibido que sean utilizados como viviendas de uso turístico”, recuerda el dictamen. Una sentencia que abre la puerta a que las comunidades de vecinos prohíban viviendas turísticas, con matices. No podría existir un alojamiento de este tipo aunque tampoco, por ejemplo, una actividad comercial en el bajo del edificio, si forma parte de la comunidad, o un despacho de abogados o de psicólogos en un piso del bloque, ya que es una actividad profesional.

Incremento del 900%

El órgano asesor del Gobierno recoge datos que dan idea de cómo ha sido el desarrollo de las viviendas turísticas en Andalucía. En 2016, cuando se disciplinó por vez primera el régimen de las viviendas con fines turísticas, el número de viviendas con fines turísticos era de 12.201 (64.248 plazas) y en la actualidad constan inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía 113.705 viviendas (597.697 plazas). Esto supone más del 900% de crecimiento en menos de diez años y ello a pesar de la paralización de actividad derivada del covid. Se trata, además, de un crecimiento muy heterogéneo en función de las diversas provincias y destinos, “con provincias como Málaga, donde constan inscritas 65.159 viviendas y otras, como Jaén, con solo 610 viviendas”.

El parque de alojamiento en Andalucía ascendía a finales de 2022 a 1,1 millón de plazas, distribuidas en distintas alternativas de alojamiento. El porcentaje más alto corresponde a las viviendas de uso turístico que ascienden a un 45,4% del total. Los establecimientos hoteleros suponen el 24,8% de las plazas, donde más de la mitad son plazas en hoteles de 4 estrellas. Las viviendas rurales, los apartamentos y los campings se sitúan entre el 7% y el 8% de las plazas.