La Junta de Andalucía recomprará por 328 millones 70 edificios que vendió y alquila desde hace una década

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), ha decidido cortar por lo sano y su Gobierno destinará en el próximo Presupuesto 328 millones de euros a la compra de los 70 edificios que tiene alquilados para sedes administrativas desde hace una década. Moreno enmienda así la plana a la que en 2014 era consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, y hoy es ministra en el Gobierno de Pedro Sánchez, que selló una operación que ha resultado ruinosa para las arcas andaluzas, según el actual Ejecutivo.

El principal casero de la Junta de Andalucía es el fondo de inversión estadounidense WP Care, con quien en 2014, a través de su sociedad Inversiones Holmes, en un momento de asfixia financiera y falta de liquidez, el Gobierno socialista firmó una operación de ‘sale and lease back’, por la que vendió 70 inmuebles que le permitieron inyectar 300 millones de euros a las arcas públicas.

En plena crisis, Andalucía no podía salir a los mercados ni emitir deuda y necesitaba ingresos. A cambio de esa venta, aceptó condiciones draconianas y se comprometió a seguir pagando alquileres por el uso de esas sedes administrativas hasta 2034 con un contrato anual blindado de 33 millones al año. En total recibió 300 y tendría que pagar más de 700. El fondo de inversión, que también ha comprado en España las sedes del gigante de las funerarias Mémora, hizo una operación redonda pero el Gobierno andaluz quiere librarse de parte de ese lastre. La solución finalmente será recomprar esos edificios.

Pagando hasta 2034

La Junta de Andalucía se comprometió a seguir de inquilina hasta 2034. La renta ascendía a 28,5 millones de euros al año más el IPC. Aunque el IPC fuera negativo, la cuota anual subiría siempre al menos un 1,5%. Actualmente, se están pagando 35,6 millones de euros anuales, informaron desde el Ejecutivo andaluz. Por eso, de aquí a 2034, la Junta habría tenido que pagar 430 millones de euros en alquileres, haciéndose cargo del mantenimiento de los edificios, así se pactó en el contrato de 2014, y en 2034 se quedaría en la calle, teniendo que buscar emplazamientos nuevos.

La Junta se harta de pagar a su principal casero: prepara un plan para ahorrar 57 millones

La Junta pagará ahora 328 M€ por recuperar los edificios. El dinero se pagará de una vez con cargo a los presupuestos de 2024. Además del ahorro de más de 100 millones de euros con lo que restaba por pagar hasta 2034, más lo que hubiera que seguir pagando en sedes alquiladas a partir de entonces, el Gobierno autonómico ahorra cada año la renta de alquiler que este año ha sido de 35,6 millones de euros y podrá destinarla a inversiones, explican para defender esta operación.

"Herencia envenenada"

Moreno habló de “una herencia envenenada” que “no tenía ni pies ni cabezas” al hacer este anuncio, acompañado de la consejería de Economía y Hacienda, Carolina España, que ya en julio anunció que su departamento ponía en marcha un plan para ahorrar 57,7 millones de euros al año en alquileres de la Junta.

El Gobierno andaluz alberga a 30.000 empleados públicos en sus sedes administrativas. No es fácil en muchas ocasiones mudar al personal a nuevos edificios, muchos en alquiler, y Hacienda advierte también de un problema de “dispersión” de sedes. En esos 70 inmuebles que ahora se compran trabajan unos 8.600 empleados públicos, de consejerías diversas, desde Inclusión Social a Empleo y en la mayoría de los casos en oficinas de atención al público.

El Gobierno andaluz ha llamado la atención sobre aspectos llamativos del contrato firmado con el fondo de inversión y que admiten han impedido otra salida segura que no sea la de comprar de nuevo esos edificios. La Junta pactó con Inversiones Holmes someter al "arbitraje internacional de la Corte de Londres" las controversias que surjan en los contratos de venta y arrendamiento, pese a que los edificios están ubicados en Andalucía. Para ello, la entonces consejera María Jesús Montero dictó un decreto, que lleva su firma y la de Susana Díaz, como presidenta andaluza, que se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 19 de diciembre de 2014. Moreno admitió que no entiende por qué se acordó de esta forma, tampoco que sea la inquilina, en este caso la Junta, quien tenga que asumir los costes de mantenimientos de los edificios.