La Junta se harta de pagar a su principal casero: prepara un plan para ahorrar 57 millones

Cuando el PP tomó posesión del Gobierno andaluz en 2019 comprobó que se extendía una nebulosa sobre el inventario de bienes inmuebles de la Junta de Andalucía. Cuatro años después, el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno sigue tratando de poner orden en sus edificios públicos y se ha marcado como prioridad un plan de ahorro de alquiler de sedes que le permita acortar la factura de 57,7 millones de euros anuales en rentas.

Su principal casero es el fondo de inversión estadounidense WP Care, con quien en 2014, en un momento de asfixia financiera y falta de liquidez, el Gobierno socialista firmó una operación de ‘sale and lease back’, por la que vendió 70 inmuebles que le permitieron inyectar 300 millones de euros. A cambio, se comprometió a seguir pagando alquileres por el uso de esas sedes administrativas hasta 2034 con un contrato anual blindado de 33 millones al año. En total recibió 300 y pagará más de 700. El fondo de inversión, que también ha comprado en España las sedes del gigante de las funerarias Mémora, hizo una operación redonda pero el Gobierno andaluz quiere librarse de parte de ese lastre.

Para acortar la factura anual en renta de alquileres, la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, ha encargado un plan de ahorro en sedes administrativas, aminorando los 57,7 millones anuales que paga en alquileres y sacando rentabilidad a inmuebles sin uso.

Edificios en desuso

Hay edificios públicos abandonados, en estado semirruinoso y en desuso. Por ahí comenzará lo más urgente. La Cámara de Cuentas ya emitió un contundente informe en 2019 donde advertía de que la Junta de Andalucía tenía que “revisar, depurar y actualizar” el Inventario General de Bienes y Derechos (IGBD) de la comunidad de Andalucía. Ese informe señalaba que ese inventario, a 31 de diciembre de 2017, contaba con 400.105 registros por un valor neto contable de 22.181,48 millones. El 95,67% (382.764) corresponden a bienes muebles, que representan el 2,93% (649,94 millones) del valor total, y el 4,33% (17.341) son bienes inmuebles, cuyo valor supone el 97,07% (21.513,54 millones). El ente fiscalizador alertó de problemas informáticos que habían dejado desfasado ese inventario.

No solo fue sonada la operación de venta y alquiler que la Junta de Andalucía en la etapa socialista hizo con ese fondo de inversión, también ha tenido largas consecuencias la operación del pago en solares y edificios de la llamada deuda histórica que se selló en 2011. Una transmisión de suelos e inmuebles con la que la Junta dio por saldado el déficit de financiación durante años desde el Estado y que se convirtió en una losa. Muchos de esos edificios ruinosos no se conseguían vender y sumaban gastos en el presupuesto público. El Gobierno del PP ha ingresado 121 millones de euros en operaciones de venta de estos inmuebles. El cálculo que hizo el PSOE fue de 876. Con estas subastas, la Consejería de Economía que dirige Carolina España también quiere seguir haciendo caja para ajustar las tensiones por el enorme patrimonio que acumula la Junta.

El Gobierno andaluz alberga a 30.000 empleados públicos en sus sedes administrativas. No es fácil en muchas ocasiones mudar al personal a nuevos edificios, muchos en alquiler, y Hacienda advierte también de un problema de “dispersión” de sedes. El plan de ahorro se presentará tras el verano, se comprometió España, y quiere reducir el número de sedes, empezando por todas las que sean alquiladas. La Junta estudia si puede rehabilitar parte de su patrimonio en desuso para trasladar a sus trabajadores.

También se estudian ventas de suelo de gran valor y como ejemplo la consejería de Economía remite a la operación sellada con la residencia de Tiempo Libre en Cádiz, un edificio que llevaba más de una década cerrado como símbolo del abandono de la Junta, con coste para la administración que mantenía seguridad para evitar ocupaciones y que se había convertido en un caramelo inmobiliario en el centro de la capital gaditana. Se vendió por 11,6 millones y con una inversión posterior de 46 millones por parte del grupo Qhoteles ha permitido abrir un hotel de 255 habitaciones. Otro ejemplo que apuntan desde la Junta es la venta del solar de la Expo’92 que por 1,7 millones de euros compró el Liceo Francés para levantar un Centro Francés de Tecnología e Innovación Social. “No se trata solo de hacer caja sino que también permite actuar como dinamizador en solares o edificios baldíos”, explican desde la Junta.