Investigación
Dos condenados a diez años de prisión por abusos sexuales a menores tuteladas en un piso de Mallorca
Estos jóvenes dominicanos drogaban a las adolescentes fugadas de los centros de acogida para mantener relaciones sexuales con ellas cuando estaban en estado semiinconsciente
Dos jóvenes dominicanos drogaban a menores tuteladas fugadas de los centros de acogida para abusar sexualmente de ellas en un piso de Cala Major (Mallorca). La Sección Segunda de la Audiencia de Palma los ha condenado a un total de 10 años de cárcel por los presuntos delitos de abuso sexual continuado, corrupción de menores y tráfico de drogas. La fiscalía pedía inicialmente para los procesados una pena de 31 años de cárcel. Fruto de un acuerdo de conformidad entre las partes la pena se ha reducido a menos de una tercera parte.
Los hechos que se han juzgado este martes en la Sección Segunda de la Audiencia de Palma tuvieron lugar entre septiembre de 2021 y febrero de 2022. Durante este tiempo, menores tuteladas fugadas de centros de acogida frecuentaban un piso del número 275 de la avenida de Joan Miró, en Cala Major. También acudían adolescentes fugadas de sus respectivas casas.
De acuerdo con el escrito del fiscal, los ahora condenados les proporcionaban alcohol, cocaína, regalos e incluso dinero en efectivo. Además les hacían consumir la droga en el piso. Una vez que estas se encontraban prácticamente inconscientes, se aprovechaban para abusar sexualmente de ellas. Estos abusos incluían tocamientos, felaciones y relaciones sexuales completas.
Uno de los ahora condenados bajó al piso donde ocurrían estos abusos y se llevó una menor a su domicilio, situado en el mismo edificio para abusar de ella aprovechándose de su estado por el elevado consumo de droga.
Droga para los centros de acogida
De acuerdo con el escrito del fiscal, algunas de estas menores "vomitaban con posterioridad a dichas relaciones sexuales" debido al elevado consumo de droga. Además de consumir allí las sustancias estupefacientes, se las vendían o se las daban para que las repartieran entre otros adolescentes en los centros de menores tutelados.
Tras el acuerdo alcanzado entre las partes, uno de los acusados aceptó una pena de siete años de cárcel por los delitos de abuso sexual continuado, corrupción de menores y delito contra la salud pública y el pago de una multa de 4.340 euros. Mientras que el segundo admitió una pena de tres años de prisión por abuso sexual y tráfico de drogas, así como el pago de una multa de 1.000 euros.
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