Juzgan de nuevo en Alicante a un empresario kuwaití acusado de violar tres veces a la canguro de sus hijos

Un infierno fue lo que este martes describió ante un tribunal de la Audiencia de Alicante una joven marroquí, estudiante de Derecho en su país, que en julio del 2019 llegó a la provincia para trabajar como canguro de los dos hijos de un empresario kuwatí afincando en Calp (Alicante) y juzgado por violarla en tres ocasiones en los escasos dos meses que estuvo en su casa.   Era al menos la tercera ocasión en que esta chica ha tenido que relatar unos episodios que, a mitad de su comparecencia, llegaron a provocarle el vómito. 

Lo hizo por primera vez cuando el 12 de septiembre de 2019 logró escaparse de la vivienda del acusado saltando la valla que separaba el chalé del vecino y, no sin serias dificultades, pudo denunciar los hechos.  

Lo tuvo que hacer de nuevo durante el 

juicio que se celebró hace dos años, donde el acusado fue condenado a 36 años de prisión por tres delitos de violación y uno de lesiones leves, y que el 

Supremo anuló por denegarse sin motivo aparente pruebas de la defensa. Y lo ha hecho de nuevo este martes, en la repetición de la vista, con idéntica rotundidad que en sus anteriores comparecencias y sin escatimar detalles, por escabrosos que fueran. 

Y claro, la joven se rompió. Tanto que fue preciso suspender por unos minutos la declaración que estaba prestando separada por un biombo, pero a escasos metros, del acusado de haberla forzado en tres ocasiones amenazándola de muerte si decía algo. Además de aprovecharse de que carecía de papeles para no pagarle por ocuparse de sus hijos de 7 y 5 años, según apuntó la joven, aunque no se le juzga por esos hechos.  Más de cuarenta años de prisión reclaman para él tanto el Ministerio Público como la acusación particular, que ejerce el letrado Francisco Javier Salvá. 

En la primera vista oral, la anulada por el Alto Tribunal, fue condenado a 36 años de prisión, donde permaneció desde que se le detuvo, el 12 de septiembre de 2019, hasta que se anuló el proceso, alrededor de tres años después, en el verano del 22. 

Contradicciones

Frente a la declaración de la joven, tan "contundente" y sin "fisuras que hagan dudar de su credibilidad" como en el primer juicio, la del acusado entró en contradicciones que la fiscal puso sobre con habilidad la mesa del tribunal. 

Un ejemplo. Mientras en el primer juicio el encausado negó que hubiera tenido relación sexual alguna con la canguro de sus hijos, en la sesión de este martes cambió ese testimonio, admitió la existencia de contactos sexuales y los atribuyó a que era la chica la que los buscaba porque se había enamorado de él poniendo en peligro la relación que tenía con su novia.

Para apoyar su nueva versión tiró la defensa, el exfiscal Ignacio Gordillo, de un informe pagado por el acusado con transcripciones de mensajes de WhatsApp supuestamente escritos por la chica en los que le decía lo mucho que le quería. Unos mensajes que la joven aseguró tajantemente no haber escrito jamás y ante los que llegó a preguntar asombrada: "¿Pero de dónde los han sacado?"

La transcripción de esos supuestos WhatsApp, que forman parte de la prueba que denegó el primer tribunal (uno de los motivos por los que se anuló aquel proceso), no se realizó bajo control de un letrado judicial, como tuvo que precisar el presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Durá.  

En un momento de la declaración del acusado, ante la pregunta de la fiscal de por qué no había hablando hasta ahora de la existencia de esas

relaciones sexuales

supuestamente consentidas, respondió. "Es que no había ninguna prueba presentada. Había que traerlas". 

Una pregunta que la representante del Ministerio Público tuvo que hacer a través de la presidencia del tribunal, y por la contradicción detectada, dado que el encausado sólo aceptó responder a su abogado. 

Insultos

La chica contó que el acusado la forzó en tres ocasiones, que la llamaba "perra" e "hija de perra", que se reía cuando decía que iba a ir la Policía "porque aseguraba que podía comprarla" (a la Policía) y que tras denunciar los hechos le han hecho ofertas para que retirara la denuncia, entre ellas 10.000 euros, que la joven ha rechazado.

Junto a la ofertas, contó, también ha habido

amenazas

. Como la de la novia del acusado que, según relató, le dijo que "si fuera ella no denunciaría porque estaba jugando con fuego".

La joven, que lleva tres años con tratamiento psicológico, que aseguró que le cuesta salir a la calle y que aún no se ha atrevido a contarle nada a sus padres, tuvo que responder también a la nada inocente pregunta del exfiscal Gordillo sobre si reclamaba una indemnización por lo sucedido. "¿Qué indemnización? Lo que quiero es recuperar mi vida", respondió tajante.