Polémica en el 'caso limpiadora': "No contratamos a Vanesa porque no estaba en la lista que nos pasó la Junta de Andalucía"

Mañana, 1 de febrero, está previsto que se celebre el juicio que sentará en el banquillo a la limpiadora granadina Vanesa Sánchez por presuntos delitos de desórdenes públicos y amenazas. Unos hechos acontecidos en marzo de 2019, en el marco de una protesta que pedía su readmisión como limpiadora en la Delegación de Turismo de Granada.

Vanesa llevaba 11 años trabajando en el mismo lugar, contratada por las diferentes empresas a las que se les había ido concediendo el servicio. Cuando una de estas empresas concluía su concesión, entraba una nueva que subrogaba a los trabajadores que quedaban sin contrato con este cambio. En el último, que pasó de la empresa Rydalca a la empresa Verdiblanca, todos los contratos fueron subrogados... menos el de Vanesa Sánchez.

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Ese fue el inicio de una serie de protestas que se llevaron a cabo todos los viernes por la tarde ante la sede de la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía en Granada. Unas protestas que se prolongaron por espacio de 18 meses. El 21 de marzo de 2019, sin embargo, las protestas trascendieron la puerta, que era donde se celebraban habitualmente. Ocho personas, pertenecientes al sindicato SAT, entraron dentro de la sede de la Delegación.

Ese fue el motivo por el que la Junta de Andalucía presentó denuncia contra 4 de las personas que entraron en el edificio. Una de ellas fue la propia Vanesa Sánchez. Otra fue su hermana María José Sánchez, también limpiadora y presidenta de la asociación Unión Kellys Granada. Los otros dos fueron Néstor Salvador, portavoz del sindicato SAT y Paco Cabello, otro sindicalista que también fue imputado, pero que falleció el pasado mes de octubre. La Junta de Andalucía les pide 5 años y 3 meses de prisión.

El contrato misterioso

¿Qué sucedió con el contrato de Vanesa? ¿Por qué no fue subrogado? EL PERIÓDICO DE ESPAÑA se puso en contacto con la Delegación de Turismo de Granada, desde donde se desmarcaron de cualquier tipo de responsabilidad: "Se trata de una contratación que hace la empresa concesionaria del servicio; en ese caso, de la limpieza. Nosotros no podemos contratar o dejar de contratar a Vanesa, porque nunca estuvo contratada con nosotros. No podemos readmitir a alguien que nunca tuvo contrato con la Junta".

Este diario se puso en contacto entonces con Verdiblanca, la asociación almeriense de personas con discapacidad que se hizo con la concesión de los servicios de limpieza de las dependencias de la Junta de Andalucía, después de que expirase la concesión de la empresa Rydalca, que fue la última que contrató a Vanesa Sánchez.

La respuesta de Verdiblanca se hizo esperar 24 horas. Finalmente, la asociación almeriense ha contestado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA para explicar que, si no subrogaron el contrato de la limpiadora Vanesa, fue porque no aparecía en la relación de personas que les enviaron desde la Junta.

"No aparecía"

Un portavoz de Verdiblanca, que agradeció a este diario "su interés en contrastar la información con nosotros porque ningún otro medio se ha puesto en contacto", explicó que "al respecto podemos decirle que la trabajadora Vanesa Sánchez no aparecía en la Relación de Puestos de Trabajo que hizo pública la Junta de Andalucía en el momento en el que sacó a licitación el Servicio de Limpieza en las instalaciones que Verdiblanca está actualmente".

Prosigue la empresa explicando que "por tanto, y según el pliego de prescripciones técnicas que hay publicado, nuestra empresa Verdiblanca estaba obligada a subrogar solamente al personal que está referenciado en el mismo", con lo que aclaran que el contrato de la limpiadora que mañana se sentará en el banquillo no fue subrogado porque desde la Junta de Andalucía no hicieron constar su nombre.

¿Hubieran contratado a Vanesa en caso de que hubiese aparecido en ese listado? Desde Verdiblanca lo afirman, porque es, dicen, obligación de la empresa concesionaria: "Verdiblanca está obligada, como así lo hace siempre, a cumplir con la normativa vigente y las condiciones recogidas en los pliegos de prescripciones técnicas que aparecen en las decenas de licitaciones a las que nos presentamos anualmente", concluyen fuentes de la empresa.

Silencio de la Junta

Tras conocer la versión de la empresa, este periódico se volvió a poner en contacto con la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía, para intentar contrastar esta versión e intentar conocer el motivo por el que el nombre de Vanesa Sánchez fue el único que no apareció en dicha relación tras el cambio de empresa. Sin embargo, esta vez no hemos obtenido respuesta del gobierno andaluz.

Tanto Vanesa Sánchez como los miembros del sindicato SAT al que ella y su hermana (también denunciada) pertenecen, consideran que el motivo fue una "represión sindical". La propia limpiadora explicó a este diario que "A mí me dijeron que era muy buena limpiadora, pero que me buscase la vida en otro trabajo", achacando este rechazo al hecho de que "cada vez que yo veía algo que no me gustaba, como que no me daban uniforme o se hacían las cosas mal, les enviaba una inspección de trabajo".

Por el momento, Vanesa y los otros dos miembros del SAT se sentarán mañana en el banquillo. Aunque la Junta les pide más de 5 años de cárcel, la Fiscalía dejó la petición en 1 año y 7 meses, que es a lo que se enfrentan en el proceso judicial, en el que, según fuentes de la Delegación de Turismo: "Intimidaron al personal que estaba allí trabajando". Los sindicalista lo niegan y recuerdan que "ni siquiera la Policía Nacional, que estaba presente, nos identificó".