Vanesa, la limpiadora a la que le piden 5 años de cárcel por protestar contra su despido: "He acabado en la UCI"

A Vanesa Sánchez la despidieron de la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía en Granada, el lugar en el que había estado trabajando como limpiadora durante once años ininterrumpidos. No se imaginaba que, por pedir su readmisión, se iba a enfrentar a una condena de más de 5 años de cárcel.

“Yo estoy enferma del corazón. Tengo una enfermedad congénita que me provoca arritmias cardiacas; con todo este asunto he acabado ingresada en la UCI” le cuenta Vanesa Sánchez (Granada, 1982) a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, a sólo tres días de que se celebre el juicio. Porque su caso ha llegado a los tribunales. La Junta de Andalucía le pide 5 años y 3 meses de prisión por desórdenes públicos y amenazas durante una protesta. La Fiscalía pide 1 año y 7 meses.

La historia se remonta a 2019, con el traspaso de los servicios de limpieza en la Delegación de Turismo de Granada. Pasaron de la empresa Rydelca a Verdiblanca. Y todos los trabajadores de la primera empresa fueron subrogados por la segunda para conservar su puesto de trabajo. Todos menos Vanesa Sánchez.

“La Delegación cambió de edificio. De la calle Marqués de Ensenada se fueron a uno de la Avenida Madrid. Y fue cuando entraron Ciudadanos y el PP. Yo era delegada sindical del SAT. Y aprovecharon el cambio para dejarme en la calle. Fui la única de todos mis compañeros que me quedé sin contratar y me dijeron desde la misma Junta que me buscase otro trabajo”, recuerda Vanesa a este periódico.

Protestas

"La clave para mi despido fue que les estuve enviando inspecciones de Trabajo. La última empresa tuvo una licitación a la baja. A mí me faltaba dinero en la nómina y les envié una inspección. Les pedí un uniforme para trabajar, qué menos. y como no me lo dieron, les envié otra inspección de Trabajo. Eso no le sentó nada bien al delegado de Turismo, fui una persona incómoda para él. Y aprovechó el último cambio y subrogaron a todo el mundo menos a mí".

"Me echaron sin despido, sin indemnización y sin nada". Ahí empezaron las protestas. Durante más de un año, todos los viernes, se estuvo manifestando en la puerta del edificio junto a sus compañeros de sindicato y otros representantes de varios colectivos sociales de Granada, pidiendo recuperar su puesto de trabajo. Y esas concentraciones se repitieron, sin éxito, hasta el 21 de marzo de 2021. 

“Habíamos estado protestando en la puerta 18 meses. Hasta ese 21 de marzo. Ese día decidimos entrar dentro del edificio, para llevar a cabo una protesta simbólica desplegando una pancarta y presentar un escrito para solicitar un encuentro con el delegado”, explica a este diario Néstor Salvador, portavoz del sindicato SAT en Granada y uno de los tres activistas que se enfrenta a la petición de cárcel. 

Porque la petición de cárcel no se limita a Vanesa, sino a las cuatro personas que entraron en el edificio aquel 21 de marzo. En realidad sólo para tres, dado que uno de ellos falleció el pasado mes de octubre. Pero para los otros tres (Vanesa, Néstor y María José, la hermana de Vanesa y portavoz de la Unión Kellys de Granada) se mantiene.

Cuatro de ocho

“En realidad entramos ocho personas, pero solamente nos piden cárcel a nosotros cuatro, porque dicen que a las otras no se las ha podido identificar. Y eso es absurdo, porque hay fotos y vídeos de aquel momento en el que, por cierto, nadie usó la violencia. Sólo entramos, protestamos y nada más. Llegó la Policía Nacional y ni siquiera nos identificó. Nos dijo que para presentar un escrito no hacían falta ocho personas. Que nos quedásemos dos y ya está. Eso hicimos. Y luego nos fuimos”, prosigue Néstor, que considera que el caso "es un ejemplo claro de represión sindical".

Vanesa apunta que ella, además, fue de las primeras en abandonar la estancia: “Yo además me encontraba mal; me puse nerviosa y bajé de allí enseguida. Pero allí nadie usó la violencia. Fue una protesta pacífica como todas las que hicimos durante 18 meses en la puerta. Si no, los mismos agentes de policía nos habrían identificado, como mínimo”, apunta.

No lo vieron igual desde la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía. Denunciaron a los activistas por presuntos delitos de desórdenes públicos, allanamiento del domicilio de una persona jurídica, coacciones y amenazas. Por todo ello, el Gobierno andaluz les solicita una pena de prisión de cinco años y tres meses.

Ahora, Vanesa está a unas horas de sentarse en el banquillo por todo este proceso. Y asegura que "vamos sin miedo, porque es que yo no he hecho nada. No he matado a nadie. No le he pegado a nadie". E insiste en que "todo este proceso me está pasando factura. Tengo un problema cardiaco que se me está agravando con todo este proceso. El estrés me produce arritmias ventriculares y todo esto se está convirtiendo en un calvario diario". Hasta el punto de que ha acabado en la UCI en alguna ocasión.

El sindicato ha llevado el caso de Vanesa y los otros afectados hasta el mismo Parlamento Europeo. Desde allí nos atendía telefónicamente Néstor Salvador cuando nos pusimos en contacto. "Las sensaciones han sido buenas y el caso ha suscitado la atención de diversos grupos". Un interés que no les va a salvar, a él, a Vanesa y a María José, de sentarse en el banquillo esta misma semana.

La Junta responde

Este diario se ha puesto en contacto con la Delegación de Turismo de Granada, desde donde han indicado que "en este asunto hay un error de partida, y es que nosotros no podemos readmitir a una persona que no trabajaba para nosotros. No lo ha hecho nunca. Ella estaba contratada por otra empresa, como muchas a las que subcontratamos desde la Junta para hacer la limpieza o el mantenimiento de las instalaciones".

"En el caso de Vanesa, ella estaba contratada por Rydalca. Luego, el servicio pasó a una asociación de personas con discapacidad que se llama Verdiblanca. Son ellos los que deben contratarla o no, la Junta de Andalucía desde luego que no. No está en nuestra mano. Por eso no hemos entendido los meses y meses de protestas en la puerta de nuestro edificio, cuando nosotros no podemos hacer nada. Se ha pretendido algo absurdo", prosiguen fuentes de la Delegación de Turismo.

Respecto al altercado en sí, desde la Delegación explican que "hubo una serie de personas que se excedieron. En lugar de protestar en la puerta como siempre, entraron en los despachos y no se comportaron. Intimidaron a los funcionarios, tiraron los papeles por el suelo, con una actitud intolerable. Nosotros pusimos una demanda y de eso ya se encargan nuestros servicios jurídicos". La Fiscalía, por su parte, rebaja la petición de prisión que han hecho los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía. De los 5 años y 3 meses, pedirán 1 año y 7 meses, en el juicio que tiene que celebrarse el 1 de febrero.

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA también se ha puesto en contacto con la asociación Verdiblanca, que es la empresa que debería haber contratado a Vanesa, pero no la subrogó, siendo la única trabajadora que no fue readmitida. Desde la asociación reclamaron las preguntas por escrito, pero no ha facilitado ninguna repuesta.