El juez indaga a través de productoras audiovisuales en la presunta financiación ilegal de CDC

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz avanza para recabar información sobre la presunta financiación irregular de CDC a través de la productora audiovisual Triacom, según informaron a EL PERIÓDICO, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, fuentes jurídicas.

El magistrado ha cursado 21 requerimientos a distintas entidades, entre las que se encuentran empresas, como Mediapro, Benito Arnó y la propia Triacom Audivisual, pero también instituciones, como distintos departamentos de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, este último por contratos realizados en los años en que era alcalde Xavier Trias.

Los requerimientos, remitidos a través de la Guardia Civil, también se han remitido al centro de telecomunicaciones de la Generalitat, la Corporación de Mitjans Audiovisuals y la Sindicatura de Comptes, entre otros. La petición de información se ha producido en la pieza Triacom que a diferencia del grueso del caso del 3% sigue en instrucción.

En ella se investiga "una singularidad dentro del patrón de comportamiento habitual" seguido para la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya. En vez hacerse a través de donaciones a sus fundaciones Catdem y Forum Barcelona, el juez explia que se recurrió a Triacom Audiovisual y en particular a su representante, Oriol Carbó, que también fue gerente de TV-3.

Así se pagó a Joan Manuel Parra la deuda que el partido contrajo con su empresa de producción audiovisual, Hispart, por la campaña electoral de 2010. Fueron 750.000 euros que Triacom pagó en beneficio de CDC a través de facturas falsas.

Según consta en el auto en el que acuerdan los requerimientos, al que ha tenido acceso este diario, durante la instrucción se ha detectado "un posible patrón de actuación que revela que Triacom habría sido utilizada para cumplir distintas funciones", además de cubrir la deuda contraída por CDC.

Uno era recibir el dinero que en realidad respondía a donaciones de ciertas empresas, como Telefónica, y otro pagar los gastos particulares de personas "ligadas directa e indirectamente" al partido. La resolución menciona al alcalde de Fondarella, Joan Reñe; a Anna Vidal, esposa de Oriol Pujol, imputado en el caso al que da nombre su familia, y a Sandra Buevaron, esposa del exalto cargo convergente David Madí, imputado en el caso Voloh.

En la pieza principal del caso 3% el juez ya propuso juzgar a los exgerentes de CDC Daniel Osàcar, Andreu Viloca y Germá Gordó, al exresponsable jurídico de esta formación Francesc Xavier Sánchez Vera y a otras 28 personas físicas y 16 jurídicas, entre las que figuran Convergència y el PDECat, por los delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales por el sistema que utilizaron para financiar "al menos durante 11 años" a Convergència "ilegalmente y en forma encubierta".