Moncloa se planta tras la última oferta a Junts y ya admite la posibilidad de que decaiga la ley de amnistía

El Gobierno rebaja sus expectativas sobre la aprobación de la ley de amnistía por el rechazo de Junts. Fuentes de Moncloa reconocen las dificultades para llegar a un acuerdo con los posconvergentes pese a su última propuesta de acortar los plazos de instrucción judicial. “Sería una pena”, admiten estas fuentes próximas a las negociaciones sobre la posibilidad de no salvar la norma, pero avanzando al mismo tiempo que no aceptarán los cambios exigidos por Junts. “Hay otras cuestiones encima de la mesa en las que estamos trabajando”, explican en referencia a la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal (LECrim) para concluir que “la ley [de amnistía] no la vamos a tocar”.

Desde el partido de Carles Puigdemont todavía no han transmitido una respuesta a esta última oferta e insisten en ampliar el perímetro de la amnistía a los delitos de terrorismo y alta traición. Una línea roja para el Gobierno, al entender que estos cambios serían inconstitucionales. Su última propuesta, para tratar de garantizar la aplicación casi inmediata de la amnistía a todos los condenados por el ‘procés’, es el paso máximo que están dispuestos a dar. Con todo, temen que no sirva para llegar a un punto de encuentro y de ahí que ya contemplen la posibilidad de que decaiga la norma.

El Gobierno admite la dificultad de acortar la instrucción judicial para contentar a Junts: "Hay que buscar un equilibrio"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró seguro este lunes durante una entrevista en La Sexta de que la ley sería aprobada. En su equipo más cercano, sin embargo, ya no descartaban nada este martes debido a que Junts no está recorriendo su parte del camino tras ofrecérsele, como pedía, la vía para tener un mayor control de la instrucción judicial. Todo ello en un momento en el que los jueces acaban de prorrogar las investigaciones de Tsunami Democràtic y de caso Voloh que afectan a líderes del 'procés' como el expresident Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. La aplicación de la amnistía quedaría en suspenso en estos casos y la reforma de la LECrim vendría a evitarlo.

Para el Ejecutivo ya supone un alto coste esta reforma, como deslizan los socialistas en privado por tratarse de una autoenmienda. El PSOE impulsó una reforma con sus socios al inicio de la pasada legislatura en el sentido contrario al que ahora se propone. De ahí que en Moncloa señalen las dificultades de esta iniciativa y la necesidad de “buscar un equilibrio”. Eso sí, solamente si Junts acaba recogiendo el guante.

El plazo máximo que tienen socialistas y posconvergentes para llegar a un acuerdo en la comisión de Justicia es el 21 de febrero, según determinó este martes la Mesa del Congreso. Cabría la posibilidad de prorrogar este periodo otros quince días más. En el PSOE trasladan que no pueden hacer más que plantarse tras su última oferta. Esperar a que Junts reaccione positivamente y confiar en que maduren su decisión de no tumbar la ley de amnistía. ERC y el resto de socios de investidura apoyaron la ley tal y como está redactada.

Presupuestos prorrogados

En la cúpula del PSOE aseguran que en Junts “están midiendo” su decisión porque el rechazo de la ley les acarrearía “costes”. Muestra de que existen diferentes posiciones en el seno del partido de Carles Puigdemont es la dimisión del exconseller de Interior, Miquel Sàmper, por discrepancias con la decisión de votar en contra de la norma. En este contexto, en el que ERC también presiona, el Gobierno ha lanzado su propio órdago.

Como cuando durante las negociaciones de investidura hubo un momento en el que se plantaron ante Junts sin descartar una repetición electoral. Un escenario al que remitían por las posiciones de máximos de las que no se movía Junts y ante el que presionaban con un resultado a la baja de los independentistas si volvían a las urnas. Ahora, restan importancia al papel decisivo de Junts y desvinculan la aprobación de la ley de amnistía con la viabilidad de la legislatura. Por un lado, porque defienden que la decisión de seguir adelante o no con la legislatura corresponde al presidente del Gobierno, y que su decisión es tirar hacia adelante. Por otro lado, porque pueden hacerlo manteniendo los presupuestos prorrogados.

Los votos de Junts son imprescindibles para sacar adelante las iniciativas del Gobierno de coalición en minoría, pero los socialistas sostienen que no afectaría a la estabilidad socioeconómica mantener los Presupuestos prorrogados. "Técnicamente no hay problema en trabajar en prórroga", aducen. Una circunstancia, recuerdan, que ya se produjo durante el estallido de la pandemia. A pesar del órdago y de disociar el alcance de la legislatura con la aprobación del proyecto de los Presupuestos para 2024, en el PSOE subrayan su voluntad negociadora. También que Junts no se ha levantado de la mesa de negociación de los Presupuestos ni manifestado por el momento su intención de paralizarlos.

Papel de la Fiscalía

Un diálogo con Junts que para llegar a buen puerto deberá implicar cesiones por ambas partes. Desde la socialista, los costes son evidentes para mantener a flote la gobernabilidad, al igual que su pretensión de no tirar la toalla. Ejemplo de ello es su posición este martes frente a la decisión mayoritaria de la Junta de Fiscales del Supremo de lo Penal del Tribunal Supremo al apreciar indicios de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic. Fuentes de Moncloa advirtieron que “la decisión final es de Fiscalía”, dando a entender que el criterio avalado por 12 fiscales frente a tres podrá ser corregido.

“Esta decisión no es la decisión última”, subrayó la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, para deslizar la confianza en un cambio de criterio que comparten fuentes de Moncloa respecto a su tesis de que la causa de Tsunami conllevará un delito de desórdenes públicos, pero no de terrorismo. La ministra de Defensa, caracterizada por posiciones contenidas dentro del Consejo de Ministros y que fue jueza del Tribunal Supremo (2004-2016), incluso fue un paso más allá al responder que es el "poder legislativo el que dicta las leyes que aplican jueces y fiscales". PSOE y Junts tiene quince días para acercar posiciones, pero la posibilidad de que decaiga el principal hito del pacto de investidura con los independentistas es ya una realidad que admiten en Moncloa.