TSUNAMI DEMOCRÀTIC

Los fiscales del Supremo ven por una amplia mayoría indicios de terrorismo para imputar a Puigdemont

La Junta de Fiscales de lo Penal del TS ha rechazado la propuesta del ponente y 12 de sus miembros frente a tres aprecian indicios de terrorismo y 11 frente a cuatro, para imputar a Puigdemont y a Wagensberg

Convocatoria de Tsunami en el aeropuerto de El Prat, en octubre de 2019.

Convocatoria de Tsunami en el aeropuerto de El Prat, en octubre de 2019. / Elisenda Pons

La Junta de Fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo ya ha alcanzado una decisión respecto a la exposición razonada elevada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para que la Sala Segunda asumiera la causa de Tsunami Democràtic e imputa al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. A diferencia de lo que proponía el ponente del informe sometido a estudio, 12 fiscales frente a tres aprecian que en las actuaciones hay indicios suficientes de terrorismo en el procedimiento, en línea con lo argumentado por el magistrado de la Audiencia Nacional, y 11 frente a cuatro, que también lo son para que la Sala Segunda impute a Puigdemont y al diputado del Parlament Ruben Wagensberg, informaron fuentes fiscales a este diario.

Ahora el ministerio público redactará un nuevo informe para elevar a la Sala Segunda que será redactado por la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, al haberle elevado sus discrepancias los dos fiscales jefe de Penal, que presidían la junta, Fidel Cadena y Joaquín Sánchez Covisa. En lugar de entregar la ponencia a otro fiscal y que él reflejara el criterio mayoritario, se ha aplicado el artículo 24 del Estatuto Fiscal, y lo ha asumido su superiora jerárquica, lo que ha dado pie a que desde el sector crítico con las decisiones de fiscal general, Álvaro García Ortiz, consideren que se trata de una maniobra para que el dictamen que se remita a la Sala Segunda opte por la unidad de criterio fiscal y niegue el terrorismo.

Durante la junta, Cadena coincidió con la inmensa mayoría de fiscales en rechazar el informe del fiscal Álvaro Redondo, que en un primer borrador era partidario de que la Sala Segunda del Supremo investigara a Puigdemont por terrorismo, pero finalmente apostó porque lo que se debía informar al alto tribunal era para que instara a García Castellón a seguir instruyendo al ver demasiado abiertos los indicios que presenta contra él y contra el diputado del Parlament Ruben Wagensberg.

Su propuesta ha sido estudiada por 15 fiscales de lo Penal del alto tribunal, presididos por Cadena y Sánchez Covisa, y en la que, además del propio Cadena también han participado otros dos de los representantes del ministerio público en el juicio del 'procés' Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza. Alguno de los fiscales, como Manuel Dolz, ha intervenido de forma telemática. El que sí ha asistido ha sido Redondo, que ha asumido el criterio mayoritario sin plantear objeción alguna y admitiendo que él no es especialista en terrorismo.

El rechazo de la propuesta supone que haya que redactar un nuevo informe, que ha sido asumido por la número dos de la Fiscalía General. Su dictamen ya se remitirá directamente a la Sala Segunda del alto tribunal. De ahí que, aunque pueda seguir el criterio mayoritario, varios de los asistentes a la junta consideren que optará por defender la unidad de acción del ministerio público, que en la Audiencia Nacional nunca ha visto terrorismo, ni indicios contra Puigdemont.

El sector habitualmente muy crítico con el fiscal general, ya apunta a que todo, incluida la propia celebración de la junta de los fiscales de lo Penal, se trataba de "una maniobra" para acabar imponiendo el criterio contrario a la existencia de terrorismo con total independencia del sentir mayoritario de la cúpula fiscal, pero a la vez dando la impresión de que García Ortiz no había intervenido en la decisión.

Una decisión vinculante

La junta comenzó su reunión pasadas la diez de la mañana. El criterio que se sometió a debate era el que rechazaba que la investigación de Tsunami Democràtric salga de la Audiencia Nacional. Pero el debate se ha visto fuertemente condicionado por las informaciones en prensa sobre la existencia de un primer borrador de informe en el que Redondo habría visto inicialmente lo contrario, es decir, indicios de delitos de terrorismo imputables al expresident huido en Bélgica.

Redondo negó haber recibido presión alguna para cambiar de opinión, y en un comunicado hecho público este martes se refirió a este primer escrito como "un primer borrador interno, como documento de trabajo, sin carácter de documento procesal". De hecho, en la Junta de Fiscales se trató también la posibilidad de blindarle de alguna forma su apoyo ante ciertas informaciones.

El pasado 30 de enero depachó verbalmente con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien "se dio por enterado", sin darle "ninguna instrucción", según la misma nota. Fuentes cercanas al fiscal general explicaron a este periódico que García únicamente tuvo conocimiento del documento que este martes ha llegado a la Juntna de fiscales, que fue "el mismo al entrar y salir de su depacho" y que posteriormente Redondo distribuyó entre sus compañeros fiscales del Supremo