Bolaños y el Supremo liman asperezas después de que el Gobierno salga en defensa de los jueces

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, mantuvieron este jueves la reunión suspendida la semana pasada tras los ataques de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, a los jueces del alto tribunal. El responsable de la cartera de Justicia aseguró que el encuentro había sido "muy cordial y muy fructífero", por lo que salía "muy contento". Por su parte, el Supremo emitió un comunicado manifestando que durante el encuentro se ha trasladado a Bolaños la necesidad de que el Gobierno ponga los medios a su alcance para que cesen los ataques al Poder Judicial y se ha dado la bienvenida a las manifestaciones en defensa de los jueces de los últimos días.

Había servido de algo que en su comparecencia este jueves en el Congreso volviera a defender la labor de los jueces frente a las alusiones al lawfare (persecución judicial infundada del contrincante político). Esta vez, además, les aseguró que podrán contar con el Gobierno, y con su ministerio en particular, "para hacer su trabajo sin injerencias y ningún tipo de descalificación".

Durante su intervención en la Comisión de Justicia, Bolaños también volvió a apelar al PP para que se llegue a un acuerdo que permita renovar de una vez el Consejo General del Poder Judicial, ya que la actual situación se da una triple anormalidad: constitucional, europea y de funcionamiento del propio servicio público de la Justicia. También se ha referido a los ocho vocales del sector conservador del órgano que vienen protagonizando lo que ha calificado de "oposición al Gobierno".

"Quien cometa algún tipo de injerencia o descalificación (a los jueces) me tendrá enfrente", ha subrayado durante su intervención inicial, a lo largo de la que ha insistido en que el Estado de derecho "necesita separación de poderes" para lo que es impresdindible que se respete el trabajo de los jueces y sus resoluciones.

De esta defensa ha hecho especial énfasis durante su réplica a la intervención del diputado de Junts Josep María Cervera. “Los jueces y magistrados hacen su trabajo con independencia y con arreglo a la ley”, le ha respondido directamente.

El Gobierno niega ante Junts que hubiera 'lawfare' en las sentencias del procés

Según el ministro la separación de poderes y la autonomía de sus instituciones "también se practica" y en este punto confía que durante su mandato se llegue a un acuerdo que permita renovar de una vez el órgano de gobierno de los jueces "mejorando su funcionamiento y garantizando su imparcialidad".

Situación del Supremo

Sobre este asunto, Bolaños se ha detenido en la situación creada por la falta de nombramientos por parte del Consejo del Poder Judicial, consecuencia de la reforma de 2021 que le impide designar plazas en la cúpula judicial, con la que el Gobierno trató de forzar al PP a renovar el órgano.

Así, ha recordado que solo en el Supremo existen hoy en día 23 vacantes sin cubrir, y que por cada año que no se renueva el CGPJ se acumula un retraso en el dictado de 1.000 sentencias. La situación, además, tiene un coste por los refuerzos que se precisan en juzgados y tribunales, que es de 10 millones de euros a los que hay que añadir otros 2,5 millones en refuerzos del gabinete técnico del Supremo.

"Renovar es una obligación de todos los grupos que estamos aquí -ha insistido ante los diputados-. Devolvamos la normalidad al Consejo porque no es una opción, es una obligación, ninguna de las 30 excusas dadas hasta ahora tienen ningún sentido y creo que es posible y está escrito".

La "excusa definitiva" del PP

En relación con las citadas excusas, el ministro ironizó durante su turno de réplica con el hecho de que el PP haya encontrado la "excusa definitiva" para no renovar el Consejo por lo señalado unos minutos antes por la portavoz del PP, María Jesús Moro, que había afirmado, despertando murmullos de protesta entre el resto de diputados, que en este asunto "no hay bloqueo y no hay incumplimiento". Para ser partido de Gobierno, según Bolaños, el PP tiene "un pecado original que le impide hablar de la Constitución, porque no la cumplen".

En este punto, ha señalado que "cualquier fórmula" para la renovación será estudiada pero que el Gobierno descarta la de rebajar las mayorías parlamentarias para lograrla. "Mi plan es dialogar y mañana hay una gran oportunidad que no se puede rechazar", ha afirmado.

También ha mostrado Bolaños su confianza en que la situación pueda desbloquearse tras el encuentro de este viernes entre el presidente Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, o en la "comisión de trabajo" apuntada por el propio presidente del Gobierno para la consecución de pactos de Estado.

Intervenciones de diputados

Como era fácil de prever la no renovación del CGPJ protagonizó las intervenciones de los portavoces de los grupos. El de EH Bildu, Jon Iñarritu, se burló de la posibilidad de que se renueve y consideró más fácil que te toque la lotería a que se produzca, “salvo que el espíritu navideño invada al PP”, por lo que preguntó al ministro sobre la posibilidad de cambiar la ley para obligar a los vocales a cesar en su cargo cuando caduca su mandato. A esta postura, el ministro ha respondido durante el turno de réplica que "al Estado de derecho le tocaría mañana el gordo si el PP se aviene a renovar el Consejo".

Por su parte, el de Sumar, Enrique Santiago, propuso una reforma legal en el mismo sentido, porque recordó que es la tercera vez que el PP bloquea, aunque nunca haya sido por tanto tiempo, que comparó con el de la dictadura chilena. El líder de IU también se pronunció sobre la polémica vivida estos días con los jueces y las comisiones parlamentarias. Aseguró que "nadie está por encima de comparecer. Otra cosa es que no se responda en función de sus obligaciones", porque, aseguró, el artículo 76 de la Constitución española no hace distinción por el cargo.

Especialmente contundentes contra la política del Gobierno fueron la diputada popular Moro y también el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, que llegó a acusar al Ejecutivo de caminar hacia una dictadura, lo que el ministro califico de "lamentable" y "grotesco".

A la diputada popular le recordó, por otra parte, que la estrategia de su partido para llevar la ley de Amnistía a Europa "no les está saliendo mal, sino rematadamente mal", y como muestra ha apuntado que hubo más europarlamentarios en el debate de si el queso Camembert debe ir "en bolsita o en una cajita" que en el que se celebró para tratar la ley española.

Lío con el catalán

Aunque no está aún habilitado el sistema de traducción de las comisiones, el presidente de la Comisión de Justicia, Francisco Lucas, autorizó al representante de Junts, Josep Maria Cervera, utilizar el catalán, al considerar un derecho el poder usar las lenguas cooficiales. Ello motivó la crítica del PP y de Vox, lo que llevó a su vez a la diputada de ERC, Pilar Vallugera, a considerar “evidente que no quieren” y, por tanto, hacer su intervención en catalán. Como no lo tenía previsto, no la llevaba escrita, lo que la hizo ir traduciéndose simultáneamente. La de Junts, traducida al castellano, será la que se incorpore al diario de sesiones.

Vallugera aseguró que pertenece a “una parte pequeñísima de su partido que entiende que deberían hablar en español por ser el Parlamento español, pero ante la reacción del PP se pronunciaría en catalán. “Si me quieren expulsar, me expulsan”, afirmó la diputada al admitir que no tenía por escrito su intervención y que por tanto, a diferencia de su compañero de Junts, no la podría aportar para el diario de sesiones.