"España", "país" y "Gobierno": las claves y el discurso completo de Pedro Sánchez en su investidura

Discurso de investidura.

Noviembre, 2023

Buenos días. Egun on. Bon dia. Bos días.

Presidenta,

Estimados diputados y diputadas,

Españoles y españolas,

Manifestarse en las calles es una de las formas de ejercer la democracia que reconoce nuestra Constitución.

Estos días hemos escuchado a miles de ciudadanos expresarse libre y legítimamente en protestas convocadas por el PP y Vox. A todos quienes han ejercido este derecho de modo pacífico quiero trasladarles mi respeto y mi reconocimiento porque han ejercido un derecho constitucional de participación política que ampara la Constitución Española.

La Constitución solo contempla una forma superior de ejercicio democrático: votar en las elecciones.

Precisamente ese es el procedimiento que la Constitución señala para la formación del gobierno y la investidura del presidente.

Hoy, en esta Cámara, vamos a escuchar a los 25 millones que votaron el 23 de julio en unas elecciones constitucionales, convocadas y celebradas de forma impecablemente constitucional y al amparo de las reglas que fija la Constitución Española.

Hoy, en esta Cámara, vamos a escuchar -y a acatar- la voluntad del pueblo español expresada a través de sus representantes tal y como establece nuestra Constitución.

Hoy, seguiremos las reglas de la democracia parlamentaria que fija la Constitución e iniciaremos el trámite constitucional que desembocará en la constitución del próximo gobierno constitucional de España.

Y lo haremos así porque así lo establece la propia Constitución y las leyes que emanan de ella; pero también porque aprendimos de nuestros padres y nuestros abuelos que solo hay democracia dentro de la Constitución. Fuera de la Constitución y sus reglas no hay democracia sino imposición y capricho.

Señorías,

España, como Europa, como el mundo entero, vive transformaciones que no tienen precedentes en la historia de la Humanidad. Algunas de ellas encierran un carácter netamente positivo, como es el caso del feminismo que aspira a terminar con el patriarcado y lograr, con ello, sociedades más justas e iguales. En cambio, otras transformaciones serán beneficiosas o devastadoras, en función de la respuesta que se les dé.

El ejemplo más palmario es el cambio climático, que afecta a todo el planeta y representa ya una emergencia que nos obliga a transformar nuestras economías, la política energética y nuestros hábitos de consumo para conservar un planeta habitable. Sólo les daré un dato: alcanzar la neutralidad climática costará un 2.6% del PIB mundial en este siglo. No alcanzarla, podría suponer una contracción del 30% de ese PIB mundial.

Una segunda transformación es el avance de la globalización, exenta de un sistema multilateral eficaz, lo que multiplica las desigualdades entre países y produce intensos y descontrolados movimientos migratorios. Movimientos migratorios que se ven exacerbados por la emergencia climática, la falta de oportunidades en los países de origen, la persecución del diferente en regímenes dictatoriales y por el auge o enquistamiento de conflictos armados.

Lo estamos viendo en Ucrania y en Oriente Medio. Fuimos testigos en Siria, Irak y Afganistán. Y con la misma determinación con la que España ayuda al agredido, Ucrania, frente al agresor, la Rusia de Putin, por su flagrante violación del Derecho Internacional; con la misma determinación demandamos el inmediato alto el fuego humanitario de Israel sobre Gaza y el estricto cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario que hoy, claramente, no está respetando.

Que no haya ningún tipo de dudas: estamos con Israel en la repulsa y la respuesta al atentado terrorista que este país sufrió el pasado mes de octubre, y cuyos autores deben comparecer ante la justicia y rendir cuentas. Exigimos la inmediata liberación de los rehenes capturados por Hamas. Pero, con idéntica claridad, rechazamos la matanza indiscriminada de palestinos en Gaza y Cisjordania.

Reclamamos el inmediato alto el fuego; que cesen las bombas; que entre de manera inmediata la ayuda humanitaria; que se abra paso la diplomacia con la celebración de una Conferencia de Paz;

y que la solución justamente demandada por el pueblo palestino de reconocimiento de su Estado sea avalada por la comunidad internacional.

Quiero trasladarles un compromiso: inspirándonos en la resolución de las Cortes Generales en 2014, el nuevo gobierno trabajará para que Europa, y por supuesto España, reconozcamos el Estado palestino.

Y por supuesto, España y Europa debemos continuar apoyando a Ucrania hasta que el último soldado ruso abandone un país que quiere ser libre y europeo, logrando con ello una paz justa y duradera entre Rusia y Ucrania.

Señorías,

Les decía: emergencia climática, desigualdades entre naciones y regiones, auge de conflictos bélicos… a las que se une el aumento de las desigualdades dentro de cada país, tras décadas de políticas neoliberales fracasadas, que devaluaron las condiciones materiales de la mayoría social y socavaron los cimientos del Estado del Bienestar.

También, la cuarta revolución industrial y la explosión de la IA cuestionan el control del ser humano sobre la tecnología y presagian una sustitución de buena parte de los trabajos presentes. Un reemplazo que podría alcanzar a la mitad de los empleos actuales.

Muchas de estas transformaciones han estado presentes durante la Presidencia de la Unión Europea que está desempeñando España en este semestre. Sirvan como ejemplo: el refuerzo del Pilar Social, la reforma del mercado eléctrico, la culminación del Pacto de Migración y Asilo, el aumento de la ayuda humanitaria española y europea a Gaza, la nueva gobernanza económica, el reglamento sobre la Inteligencia Artificial o los preparativos de cara a la próxima e importante COP28, donde Europa y España están llamadas a liderar con el ejemplo el cumplimiento de los Acuerdos de París.

El liderazgo activo y constructivo de España en todos estos debates globales y con fuerte impacto social es la prueba de cómo España ha ido recuperando peso internacional: no porque hablemos con fluidez uno u otro idioma, sino porque España es hoy vista como un socio fiable y comprometido ante los grandes desafíos que afronta la humanidad.

Señorías,

Soy plenamente consciente de que todas estas transformaciones provocan un sentimiento de indefensión en amplios sectores de nuestra población, que se sienten desamparados y desprovistos de certezas ante estos cambios vertiginosos.

Muchos trabajadores y empresarios, autónomos y miembros de la economía social, ven peligrar sus empleos y negocios por la deslocalización de actividades económicas, que se trasladan a países menos desarrollados, con menor protección social y laboral, o por la sustitución de sus empleos por ingenios automatizados. Hay trabajadores y desempleados que miran la migración con recelo al sentir un potencial riesgo de ver dañada su contribución en el mercado de trabajo.

Zonas geográficas enteras amenazadas por la escasez de agua, los incendios y la desertificación que impactan de lleno sobre sectores productivos tradicionales de extraordinaria importancia y arraigo en nuestras sociedades (la agricultura, la ganadería y la pesca), como también sobre sectores como el turístico, el transporte… expuestos todos ellos y algunos más a las consecuencias de la emergencia climática.

Hogares a los que les cuesta cada vez más llegar a fin de mes. El alto coste de la vida, la imposibilidad de poder acceder a una vivienda digna…todas estas duras realidades cotidianas de la gente de a pie exigen una respuesta firme y comprometida por parte de los poderes públicos, reforzando el Estado del Bienestar o ensanchando la red de protección social. Justo lo contrario a los recortes y al desmantelamiento de lo público que proclama el pensamiento neoliberal de los de arriba.

Señorías,

Si estas situaciones de estrés e incertidumbre no reciben una respuesta positiva por parte de la democracia, este sentimiento de inseguridad puede extenderse más y más entre la población y alimentar expresiones políticas reaccionarias que acaben por minar las propias bases de la democracia.

O la democracia responde proporcionando seguridad, o el sentimiento de inseguridad social se transformará en temor; y ese temor se convertirá en rabia y esa rabia acabará por nutrir propuestas políticas que acaben socavando a la propia democracia.

Me refiero, como es obvio, a propuestas reaccionarias que cristalizan en formaciones de ultraderecha, que cuestionan la democracia y los derechos humanos.

Propuestas reaccionarias que descalifican a la ciencia, que niegan el cambio climático, que desprecian la cultura y al diferente, y que atacan causas tan justas como el feminismo.

Y me refiero también a ideas reaccionarias que acaban por parasitar a los partidos de la derecha tradicional (el Partido Republicano en EEUU colonizado por el trumpismo, el Partido Conservador Británico arrastrado por el Brexit, las corrientes del PP europeo que claudican ante la ultraderecha, o la derecha tradicional argentina arrollada por el delirante discurso reaccionario de Milei…).

Ese es el dilema al que se enfrenta el mundo, la encrucijada que enfrenta Europa; y esa es también la disyuntiva que encara España. O la democracia proporciona seguridad o la inseguridad acabará con la democracia. O afrontamos todas esas transformaciones con justicia social o las bases de nuestra prosperidad se debilitarán. O España continúa avanzando o España retrocede. Esta es la disyuntiva a la que nos enfrentamos.

Es una disyuntiva que va mucho más allá de la clásica distinción entre izquierdas y derechas.

Lo que chocan son dos formas distintas de entender la sociedad y afrontar el futuro.

Como ya sucedió hace cien años, en momentos de cambio intenso se libra una intensa contienda ideológica y política entre una opción reaccionaria y una opción progresista.

La opción reaccionaria e involucionista promete un ilusorio regreso a un glorioso pasado mitificado y falso. Una opción que, como todos los movimientos demagógicos desde la Grecia Clásica, señala culpables expiatorios y no ofrece soluciones reales. En un tiempo fueron los izquierdistas, otras veces las autoridades de la UE; y siempre, siempre, las feministas, los sindicalistas, los migrantes, los ecologistas, y de nuevo la izquierda.

Frente a esta opción reaccionaria se alza una opción que apuesta por el avance, por la consolidación y la extensión y mejora de las grandes conquistas sociales. Una opción que brinda la seguridad de la solidaridad organizada como respuesta a los temores individuales. 

Toca decidir si afrontamos estos retos de cara o dejamos que la desigualdad se desboque y precipitamos una catástrofe medioambiental que condicionará el bienestar de nuestros hijos e hijas y nuestra especie. Nos corresponde optar por el avance o el retroceso.

 También toca decidir si mejoramos y aumentamos los servicios públicos y las prestaciones sociales o retrocedemos a los postulados neoliberales y austericidas que tanto dolor causaron tras la crisis financiera. De nuevo, debemos optar entre avanzar o retroceder.

De igual modo, ha llegado el momento de reafirmar nuestro compromiso con la democracia. En lo que va de siglo, el número de regímenes autocráticos ha crecido un 20%, y las democracias han retrocedido a los niveles que tenían en 1986.

Una cuarta parte de la población mundial piensa que esto es una buena noticia. Que, en tiempos frenéticos y complejos como los actuales, es mejor dejar el gobierno en manos de líderes autoritarios que decidan solos, sin tener que responder a parlamentos, elecciones o medios de comunicación. Y hay quienes pensamos que esto es una temeridad. Que eso ya se intentó antes y desembocó en resultados catastróficos, en regímenes criminales.

Quienes pensamos, en definitiva, que las democracias son los sistemas que garantizan mayor crecimiento económico, mayores niveles de paz y libertad, mayor número de derechos y justicia social. 

Debemos elegir.

Como también debemos elegir si queremos seguir avanzando en la dignidad del trabajo, el empoderamiento de las mujeres, el respeto a la diversidad sexual, la integración de las personas migrantes, y la creencia de que una sociedad plural es una sociedad mejor.

O si, por el contrario, secundamos a los profetas del odio que quieren encerrar a las mujeres en las cocinas, a las personas LGTBI en los armarios, y a los inmigrantes en campos de refugiados. 

La humanidad se enfrenta a un dilema existencial. Las decisiones que tomemos hoy condicionarán el mundo en el que viviremos el resto de nuestras vidas y legaremos a nuestros hijos. Es mucho lo que está en juego.

Y –como les digo– existen solo dos alternativas.

Por un lado, esa propuesta de las derechas retrógradas que quieren desmantelar prácticamente todos los avances que se han producido en las últimas décadas. Estas derechas rezuman clasismo, reniegan de las conquistas en derechos y dignidad laboral, rechazan el Estado del Bienestar, niegan el cambio climático, desprecian a quienes aman de forma distinta a ellos, imponen un modo único y excluyente de sentir y ejercitar la condición de español y se oponen al protagonismo de las mujeres en la sociedad. En definitiva, rechazan los cambios, renuncian a reconducirlos y sólo proponen el retorno al pasado.

Frente a ellas, existen unas fuerzas progresistas que no están dispuestas a dar un paso atrás. Fuerzas que conocen bien los problemas a los que nos enfrentamos. Y que están, además, convencidas de que esos problemas pueden superarse; y de que, si tomamos las decisiones correctas, Europa y los valores que encarna tienen un futuro brillante por delante y puede iluminar con su modelo al resto del mundo.

Las derechas retrógradas siguen dogmas económicos trasnochados, ignoran a los expertos y cuestionan las aportaciones de la ciencia y, en consecuencia, se muestran incapaces de gestionar lo público. Son tan incapaces de resolver problemas como capaces de instigar al odio y la rabia social. Dominan la técnica reaccionaria. Y solo muestran su destreza en aprovechar los miedos y frustraciones legítimas de una parte de la población para ganar poder.

Sin embargo, una vez que llegan al poder precipitan el caos, como se vio con el estruendoso fracaso de la Primera Ministra Liz Truss, el descalabro del Brexit o en la errática gestión de la pandemia.

Son incompetentes en la gestión, pero son de una temible eficacia en la propagación del resentimiento y el odio. En la última década, los partidos de extrema derecha han duplicado sus votos en Europa, se han hecho con 1 de cada 4 escaños en los parlamentos nacionales, y han entrado en 12 gobiernos estatales y centenares de gobiernos regionales y locales.

No lo han hecho solos, es verdad. Les hubiera resultado imposible. Los partidos de extrema derecha se han expandido gracias a una derecha tradicional que los ha bendecido como compañeros de viaje y les ha abierto las puertas de las instituciones. Como consecuencia de ello, hoy, más del 27% de los europeos viven en un país gobernado por estas fuerzas retrógradas.

Durante muchos años, España se libró de este flagelo. Los observadores internacionales celebraban que un país tan relevante como el nuestro fuese capaz de mantener a la extrema derecha fuera de sus instituciones, y alababan a la sociedad española por ello.

Desgraciadamente, eso empezó a cambiar hace cuatro años cuando la extrema derecha irrumpió con fuerza en este Parlamento, aunque no con la suficiente como para alcanzar resortes de poder efectivo.

El cambio radical se consumó el pasado 28 de mayo. Aquel día, el PP tuvo que elegir qué clase de derecha quería ser. La derecha responsable que comprende la necesidad de frenar el avance de la extrema derecha antes de que sea demasiado tarde. O la derecha irresponsable que la blanquea y legitima para llegar al poder.

Aquella noche, el señor Feijóo pudo elegir ser como Ursula Von der Leyen, Emmanuel Macron, o Donald Tusk. Pero no lo hizo. Se adentró en el camino de perdición que había iniciado unos meses antes, en Castilla y León. Unió su destino a la ultraderecha.

Cortó el frágil cordón sanitario que, pese a todo, había mantenido su predecesor –el señor Casado– y se sumó al club reaccionario de Trump, Le Pen, Orban y Santiago Abascal.

El PP decidió bendecir a la ultraderecha y le abrió las puertas a 5 gobiernos autonómicos, 5 diputaciones y 135 ayuntamientos. O lo que es lo mismo, le dio la potestad para afectar la vida de más de 12 millones de españoles y españolas. Y le brindó la plataforma para propagar su mensaje de odio e incluso lo hizo parcialmente suyo, siguiendo un modelo ya ensayado por la señora Ayuso en Madrid.

Las consecuencias de ese pacto de la ignominia ya se están viendo.

En Castilla y León, el PP y Vox han recortado los presupuestos destinados a formar a personas en paro, integrar inmigrantes y combatir la violencia de género, mientras tratan de extinguir el diálogo social.

En Aragón, han vetado charlas para la prevención de violencia de género destinada a adolescentes, han eliminado la Dirección General que lucha contra el cambio climático, y están recortando las horas de consulta médica en zonas rurales.

En Madrid han anunciado la derogación por trámite de urgencia de la ley LGTBI, y el desmantelamiento de la red contra la LGTBI fobia. Todo este desmontaje legal implica el recorte de derechos y libertades; implica hacer aún más vulnerable a quien ya de por sí se siente vulnerable. Hoy es más necesario que nunca un Pacto de Estado por las personas LGTBI, y el nuevo gobierno de coalición progresista se compromete a hacerlo posible.

En Valencia, Madrid y Extremadura, las derechas han bajado los impuestos a las rentas más altas, al tiempo que han reducido el gasto en sanidad pública, dejando a miles de niños sin plaza en escuelas infantiles y comedores públicos, y duplicando el precio de los billetes y abonos de autobús.

En las Islas Baleares, se disponen a cerrar la Oficina para la lucha contra la corrupción, mientras promueven la opacidad en las declaraciones de bienes de los cargos públicos.

En muchos ayuntamientos, PP y Vox han eliminado los carriles bici, suspendido licencias fotovoltaicas, y frenado la implantación de zonas de bajas emisiones, teniendo que renunciar por ello a fondos europeos. En otros, han eliminado la educación sexual de los institutos, recuperado los nombres franquistas del callejero, retirado libros de las bibliotecas municipales y censurado conciertos, películas y obras de teatro.

Todo ello –por cierto– al mismo tiempo que se han subido el sueldo, aumentado el número de asesores, y ejercido toda clase de nepotismos. Demostrando que el problema no era que el Estado fuese grande o pequeño, central o autonómico; el problema era que ellos no lo ocupaban.

Se dirá que no hay nada definitivo en todo ello. Y es verdad. Pero la historia enseña que así sucede siempre en los comienzos de las oleadas reaccionarias.

Si seguimos normalizando a la ultraderecha, si le seguimos dando cotas de poder, irán elevando la agresividad de sus políticas y se irán mimetizando con sus referentes internacionales.

Se empieza desmantelando la negociación colectiva y se acaba recortando las prestaciones por desempleo, facilitando el despido, y aumentando la temporalidad de los contratos como están haciendo en países gobernados por la derecha y la ultraderecha.

Se empieza suspendiendo licencias para las energías renovables y se acaba volviendo al carbón, talando un 10% de los bosques, y aumentando las emisiones de CO2, como ha pasado en Hungría.

Se empieza asociando las personas migrantes a la delincuencia y se termina por denegar auxilio en el naufragio mortal de cientos de seres humanos.

Se empieza negando el acceso a determinados medios de comunicación y se acaba amordazando al poder judicial y censurando a la prensa, como hemos visto en Polonia.

Se empieza cuestionando a las instituciones en Bruselas y se termina haciendo campaña por la salida de la Unión Europea y el cierre de fronteras, como hizo la extrema derecha en Reino Unido y está haciendo en Francia y Alemania.

Y si, en nuestro país, estos movimientos no han ido más lejos en el desmantelamiento de los valores constitucionales y democráticos no ha sido por falta de voluntad ni mucho menos por límites políticos o morales. Tampoco, desgraciadamente, porque la derecha conservadora les haya exigido desistir.

El único muro eficaz contra las políticas de la ultraderecha en comunidades y ayuntamientos ha sido el Gobierno de España.

Solo un gobierno progresista en España fue capaz de paralizar el chantaje institucionalizado que PP y Vox quisieron imponer en Castilla y León a las mujeres que querían interrumpir su embarazo.

Solo un gobierno progresista en España fue capaz de aprobar normas de urgencia para impedir que el brote de tuberculosis bovina que apareció en esa misma comunidad, de la mano de las políticas de Vox, se extendiese por España y por Europa.

Solo un gobierno progresista en España fue capaz de recurrir la censura educativa que intentó legalizar el gobierno de la derecha y la ultraderecha en la región de Murcia.

Solo un gobierno progresista en España fue capaz de recurrir y de anular el veto a la ley de eutanasia que trataba de establecer el gobierno regional madrileño, donde el Partido Popular es indistinguible, en el fondo y en las formas, de los elementos más exaltados de la ultraderecha.

Y solo un gobierno progresista en España con el apoyo de la Unión Europea, señorías, ha sido capaz de defender nuestro mayor patrimonio natural, el Parque Nacional de Doñana, frente a una proposición de ley de PP y Vox en Andalucía, que lo amenazaba de muerte.

Un gobierno progresista que defiende con hechos la igualdad entre españoles. Porque defender la igualdad es subir el SMI. Es aprobar una reforma laboral con los agentes sociales que avanza en derechos de los trabajadores y no los recorta. Es revertir los recortes infligidos al Sistema Nacional de Dependencia. Es eliminar los copagos farmacéuticos y recuperar la universalidad del Sistema Nacional de Salud. Igualdad entre españoles es que haya un millón de estudiantes con becas. Y que puedan ir en transporte público gratuito. Es revalorizar las pensiones conforme al coste de la vida.

O aprobar impuestos a las grandes fortunas, a la gran banca y las empresas energéticas para poder sufragar esa protección social. Y a todas estas medidas, la derecha y la ultraderecha se han opuesto sistemáticamente.

¿Traducimos todas estas medidas en realidades cotidianas de la gente?:

La igualdad son los 23.000 jóvenes extremeños que podrán estudiar este curso gracias a una beca. Son las casi 60.000 mujeres castellanomanchegas que podrán pedir una hipoteca o pagar facturas gracias a que cuentan con un contrato indefinido que antes no tenían. Igualdad son los 264.000 hogares andaluces con bono social eléctrico que se librarán de pasar frío este invierno.

Igualdad son los 2,3 millones de españoles que antes no tenían empleo y ahora sí lo tienen. Son los 2 millones y medio de asalariados que han visto cómo sus ingresos han crecido de los 735 a los 1.080 euros al mes por la subida del SMI. Igualdad son los 9 millones de jubilados que no han perdido poder adquisitivo gracias a la revalorización de su pensión.

Son los 14 millones de trabajadores que han recuperado derechos con la reforma laboral. Igualdad son esas personas que están detrás de las cifras.

¿Quiere esto decir que la desigualdad ha desaparecido? Ni mucho menos. Quedan aún muchísimas cosas por hacer, pero la dirección emprendida es el camino. La única igualdad que peligra es la de las mujeres por los acuerdos de la derecha con la ultraderecha.

Señorías,

Si algo ha dejado claro la derecha reaccionaria es que no se va a detener. Por eso, en este debate elegiremos algo muy importante: o bien alzamos un muro ante esos ataques recurrentes a los valores de la España democrática o bien les damos un salvoconducto. Yo quiero anunciarles un compromiso: mientras sea presidente del Gobierno, toda la fuerza del Estado se dedicará a defender los valores de la democracia y la igualdad. Los valores y principios de la Constitución española.

Ni un solo retroceso, ni una sola involución, ni un paso atrás contará con el beneplácito ni con la indiferencia del gobierno de España. Ninguno.

Hoy, aquí, en esta sesión, nos toca elegir camino. O bien abrimos la puerta a ese movimiento o lo frenamos en seco erigiendo un muro de democracia, convivencia y tolerancia.

Porque esas mismas corrientes, esos mismos alineamientos que se expresan en otros países europeos y en otras naciones occidentales, están presentes en esta Cámara. Y traducen dos formas de entender la política que trascienden los ejes tradicionales de izquierda y derecha. Por un lado, hay fuerzas conservadoras y reaccionarias como el PP y VOX que quieren retroceder. Que creen que todo lo que se ha hecho en los últimos cuatro años es peor que malo, pernicioso.

Y por otro, están los partidos que quieren avanzar. De formas distintas. Con diferencias importantes. Pero que quieren avanzar.

Lo que se decide hoy, es a quién le entregamos las riendas del gobierno para los próximos cuatro años. Cual de esos dos caminos opuestos tomamos.

Lo que hoy se expresará en esta Cámara cuenta con la máxima legitimidad, puesto que deriva de la voluntad democrática de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país expresada con su voto.

Pero además coincide con el sentir aún más mayoritario de los españoles cuando se les sondea sobre sus preferencias concretas:

El 75% de los españoles piensan que hay que reforzar el estado del bienestar y que, para ello, debemos aumentar los impuestos a las grandes fortunas y a las grandes empresas. Y esa opinión es tan mayoritaria que es preponderante incluso entre los votantes de las derechas. Sin embargo, allí donde gobiernan PP y VOX hacen justo lo contrario.

Eliminan el impuesto de sucesiones a quienes heredan más de un millón de euros, impugnan un impuesto sobre el patrimonio que solo afecta a quienes tienen más de 3 millones de euros y –al mismo tiempo– saturan los servicios sanitarios y dejan a miles de niños sin plaza en las guarderías y colegios públicos.

Y este es solo un ejemplo. Podría poner otros muchos.

El 92% de los españoles quieren que se fomenten las energías renovables. PP y VOX recortan las ayudas y ponen un impuesto al sol.

El 75% de los españoles apoya el escudo social creado por el gobierno para hacer frente a los efectos de la inflación. PP y VOX se oponen o no votan a favor en tres ocasiones distintas.

El 91% se muestra partidario de que las personas LGTBI tengan los mismos derechos y visibilidad que el resto. PP y VOX se inhiben y aún alimentan la discriminación y el odio contra ellas.

En suma: la mayoría de españoles y españolas no comparten las preferencias reaccionarias. No comparten ni sus valores ni sus objetivos.

España es un país tolerante, abierto, igualitario, y concienciado con el cambio climático.

Por eso estoy aquí hoy.

Señorías, comparezco en esta sesión de investidura para proponer el camino del avance, el camino de la mayoría, el camino del progreso. Vengo a defender que descartemos la política del insulto, del odio y la crispación; que aparquemos el negacionismo climático, el clasismo, el machismo y la xenofobia.

Vengo a proponer que demos a España cuatro años más de estabilidad, de convivencia y progreso; y que digamos NO a los reaccionarios cuyo único propósito es la involución y la confrontación.

Vengo a proponer que prosigamos un camino que iniciamos hace un lustro y que arroja un saldo positivo para España y para la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos.

Un balance en el que también hay errores y carencias como en cualquier acción humana. Errores involuntarios por los que hemos pedido disculpas. Carencias que nos proponemos suplir en un nuevo mandato.

Pero un balance en el que destacan logros incuestionables. O mejor, solo cuestionables desde el partidismo extremo o la mala fe. Y logros que encierran particular mérito porque se han alcanzado en medio de la coyuntura internacional más difícil de las últimas décadas. Y a pesar del hostigamiento constante de la oposición más estéril y bronca que ha conocido nuestra democracia.

Hoy España es un país más próspero que cuando llegamos al gobierno. Somos la gran economía de la UE que más crece, y la que más crecerá en 2024, según las previsiones de todos los organismos internacionales. Tenemos una de las inflaciones más bajas de Europa, la energía más barata, unos niveles de inversión extranjera récord, y los mejores datos de empleo de nuestra historia, con dos millones de personas empleadas más que cuando gobernaba el PP. Y todo ello, con paz social.

Hoy, España tiene un Estado del Bienestar más amplio y robusto que cuando gobernaba el PP. Tenemos más sanitarios, más profesores, y más estudiantes becados que hace cuatro años. Y el dinero que el Estado invierte en el bienestar de cada ciudadano ha pasado de los 6.300 euros al año, a los 7.600 euros anuales.

Hoy, España también es un país un poco más justo, gracias a que hemos reducido la desigualdad y el número de personas que viven en riesgo de pobreza.

Hemos mejorado la igualdad de oportunidades en la escuela, y hemos recortado la brecha salarial entre hombres y mujeres hasta ser una de las más bajas de la OCDE.

También hemos cosechado grandes avances en sostenibilidad. Hemos incrementado en un 40% nuestra potencia instalada de energías renovables, descarbonizado fases enteras de nuestros procesos productivos, y logrado reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en un 14%.

Y, al tiempo que hacíamos eso, nos hemos vuelto una democracia más robusta e influyente. Mejorando nuestra posición en todos los rankings internacionales de calidad democrática y Estado de derecho, y ganando un prestigio y una influencia internacional que antes no teníamos y que nos está permitiendo defender mejor nuestros valores e intereses.

Los resultados están ahí, a la vista de todos. Los reconocen la Comisión Europea, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional. Las medidas de esta coalición progresista han funcionado.

Queda mucho por hacer. No nos conformamos. Sabemos de los problemas y necesidades de la clase media y los trabajadores. Pero, para su resolución, la dirección tomada estos últimos años es la correcta. Y hoy vengo a solicitar su apoyo para seguir transitando por el mismo camino.

La vicepresidenta Díaz y yo presentamos las bases hace un par de semanas. Aquí me gustaría compartir con ustedes los que a mi juicio son sus objetivos principales. Ocho compromisos que adquirimos con la ciudadanía española.

En el ámbito económico, vamos a culminar la modernización que pusimos en marcha la pasada legislatura, transformando en clave verde y digital nuestro tejido productivo. Redoblaremos nuestra apuesta por la innovación, la formación y la digitalización, y desplegaremos 115.000 millones de euros de los fondos europeos para ayudar a que este proceso de cambio llegue a todas nuestras PYMES y autónomos.

Todo ello, para alcanzar dos metas fundamentales.

Por un lado, tener más y mejores empleos. Vamos a seguir creando trabajos de calidad, y ayudando a los jóvenes y a los parados a incorporarse al mercado laboral, hasta lograr alcanzar el pleno empleo. Una ambición siempre soñada y nunca lograda antes por nuestro país.

Y –de la mano del diálogo social– vamos a impulsar además una cultura laboral distinta, que permita conciliar mejor la vida personal con la profesional.

Para que España sea uno de esos países en los que la gente trabaja para vivir y no vive para trabajar. Por eso les anuncio que esta legislatura será:

La legislatura del nuevo Estatuto de los Trabajadores,

• La legislatura en la que garantizaremos por ley que el SMI siga aumentando cada año para mantenerse en el 60% del salario medio, y
• La legislatura en la que impulsaremos una reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales, incorporando incentivos para que las empresas ofrezcan horarios más flexibles y potencien el teletrabajo siempre que sea posible.

Nuestra segunda meta será que el poder adquisitivo de los españoles vuelva a crecer. Nuestro país tiene una de las inflaciones más bajas de Europa. Pero sé perfectamente que eso no significa que el problema haya pasado.

Sé que la vida aún está cara. Que a muchos ciudadanos les cuesta hacer frente a la hipoteca, ahorrar, irse de vacaciones o simplemente llenar la cesta de la compra.

Vamos a dejarnos la piel para revertir esta situación, como ya hicimos durante la pasada legislatura. Con medidas de medio y largo plazo, acometiendo las reformas que ya he mencionado para mejorar la productividad. Pero también con medidas de corto, para ayudar a resolver el problema mañana y no dentro de diez años.

En concreto, les anuncio que, en los próximos meses, aprobaremos tres grandes acciones:

- Vamos a extender la bajada del IVA de los alimentos hasta junio de 2024,

- Vamos a elevar el umbral de renta media, de los 30.000 euros actuales a los 38.000 euros, para que más familias puedan acogerse a la medida de alivio hipotecario en vigor, que consiste en la congelación de la cuota mensual durante un año y la ampliación del plazo de amortización hasta los siete años,

- Y, además, a partir del 1 de enero, el transporte público será gratuito para todos los menores y jóvenes, y también para las personas desempleadas. Ya nos comprometimos a que durante 2024 se mantendría la reducción del precio de los abonos transporte, pero queremos dar un paso más: en coordinación con las comunidades autónomas y ayuntamientos queremos que esta política de transporte público gratuito sea permanente y consolide a España como un referente en sostenibilidad medioambiental.

Nuestro segundo compromiso será seguir reforzando el Estado del Bienestar para mejorarla vida de las personas. Empezando precisamente por el Sistema Nacional de Salud.

Es inadmisible que un ciudadano tenga que esperar más de tres meses para tener una primera consulta con un médico especialista. O 200 días para operarse de una hernia que le impide levantarse de la cama. Soy consciente de que esta es una competencia de las CCAA. Pero nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados.

Por eso vamos a poner en marcha, con los gobiernos autonómicos que lo deseen, un plan para lograr una reducción drástica de las listas de espera.

También vamos a reforzar la atención primaria, como hemos venido haciendo hasta ahora. Vamos a ampliar la cartera de servicios públicos para incluir tratamientos bucodentales y oftalmológicos para nuestros jóvenes.

Y vamos a promover un gran Pacto de Estado por la Salud Mental que aumentará el número de psicólogos y psiquiatras de los centros públicos, reducirá los tiempos de espera, y garantizará que en España no haya un solo ciudadano que necesite ayuda psicológica y no pueda obtenerla.

La mejora de la vida de las personas se procura también con la apuesta en favor de una educación pública de calidad, una ciencia puntera y una cultura libre y accesible para todos.

Por eso, en esta legislatura, vamos a seguir mejorando las condiciones y formación del profesorado, ampliando las ayudas de comedor y la disponibilidad de actividades educativas extraescolares, incrementando la dotación de las becas y reduciendo el precio de las tasas.

Vamos a incrementar la financiación de nuestros centros de investigación, vamos a fomentar una mayor colaboración público-privada en I+D+i, vamos a mejorar las condiciones laborales de nuestros científicos través del Estatuto del Personal Docente e Investigador, y vamos a recuperar todos esos cerebros españoles que tuvieron que irse al extranjero como consecuencia de los recortes del PP.

Vamos a aprobar una Ley de Derechos Culturales que garantizará el acceso de todas las personas y todos los territorios a la cultura, vamos a ampliar la presencia de la cultura y la creatividad artística en las escuelas e institutos, vamos a dar más ayudas a los creadores, y vamos a mantener el Bono Cultural Joven.

Mejorar la vida de los mayores significa brindarles certezas y asistencia y es un asunto de mera justicia tras una vida de trabajo y esfuerzo.

Para blindar la dignidad y el bienestar de nuestros mayores, les anuncio que seguiremos revalorizando las pensiones conforme al IPC, y aumentaremos los recursos destinados a la dependencia, para conseguir un modelo asistencial de mejor calidad, más personalizado, que priorice la atención domiciliaria.

Cumpliremos con el mandato del Pacto de Toledo, destinando al Fondo de reserva 5.000 millones de euros cada año para que los trabajadores de hoy tengan pensiones dignas en el futuro.

Mejorar la vida de las personas significa asistir a quienes más lo necesitan. En estos días hemos escuchado decir a un líder de la extrema derecha argentina que “la justicia social es una aberración y es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley". Algo que nos sorprendería, si no fuese porque ya lo había dicho unos meses antes la líder intelectual del PP –la señora Ayuso– quien afirmó que la justicia social es un “invento de la izquierda” para promover “la cultura de la envidia.”

Pues bien, el gobierno de coalición que represento no considera la justicia social una aberración. Antes bien, la considera la condición misma de la vida en sociedad. Porque eso es justamente el patriotismo, sabernos ligados los unos a los otros, ser conscientes de que navegamos todos en el mismo barco, y de que el bienestar de cada uno de nosotros depende del bienestar básico de cada miembro de nuestra comunidad.

Por eso, vamos a seguir apoyando a quienes más lo necesitan, dentro y fuera de nuestras fronteras, y por eso vamos a reforzar el Ingreso Mínimo Vital, simplificando los requisitos de acceso, para que más hogares puedan cobrarlo, y nuestros niveles de desigualdad y pobreza sigan bajando.

Señorías,

Soy consciente de que, muy a menudo, si el Estado del bienestar no sirve mejor a los ciudadanos es porque la administración es lenta, excesivamente burocrática y farragosa. Vamos a abordar ese problema.

Les anuncio que, en esta legislatura, simplificaremos todos los trámites administrativos, y pondremos los intereses y las necesidades del usuario en el centro del sistema. Por eso, estableceremos un nuevo modelo de atención presencial a la ciudadanía con horarios flexibles y sin cita previa obligatoria. Y fijaremos por ley un máximo de 30 días para la recepción de prestaciones como las ayudas a la dependencia.

Como ven, nos proponemos mejorar drásticamente la forma en la que opera nuestro Estado del Bienestar. Y queremos hacerlo, además, al tiempo que seguimos reduciendo el déficit público.

¿Cómo? Mejorando la eficiencia de la administración pública, combatiendo la economía sumergida, ensanchando nuestras bases fiscales, incrementando la progresividad del IRPF, y garantizando un impuesto mínimo efectivo del 15% en el Impuesto de Sociedades.

Hay que acabar de una vez por todas con la evasión fiscal de las grandes fortunas y las grandes multinacionales. Los ricos tienen que pagar sus impuestos. Es más, mientras nosotros gobernemos, van a pagar más que el resto. Porque lo justo –lo que mandata nuestra Constitución– es que contribuya más, quien más tiene.

Una vida mejor depende, ante todo, de un techo que la cobije dignamente. Por eso, nuestra tercera prioridad será mejorar el acceso a la vivienda.

Porque este es, a día de hoy, uno de los mayores problemas a los que se enfrentan nuestros jóvenes. La subida de los alquileres, el encarecimiento de las hipotecas y la dificultad de ahorrar han hecho que cada día sea más difícil desarrollar un proyecto vital.

En la pasada legislatura tomamos algunas medidas incipientes a este respecto. Pero sabemos que aún tenemos que hacer mucho más, siguiendo una premisa muy sencilla: ayudar a los inquilinos y a los pequeños propietarios.

Vamos a apoyar a los jóvenes que quieren y no pueden independizarse. Les anuncio que aumentaremos el bono para el alquiler; crearemos una línea de avales que les permitirá cubrir hasta el 20% de la hipoteca; y acometeremos la habilitación de las 183.000 viviendas públicas para alquiler asequible que prometimos hace unos meses.

También vamos a apoyar a todos esos españoles de clase media y trabajadora que tienen en la vivienda su principal instrumento de ahorro o una red de seguridad.

Vamos a ayudarles a reformar y modernizar sus viviendas, con un marco jurídico que las proteja y con incentivos fiscales para que aquellas que lo deseen puedan ponerlas en alquiler.

El empeño por lograr una vida mejor tiene una premisa básica: defender la vida y el planeta. Por eso, nuestra cuarta prioridad será impulsar una transición ecológica que ayude a mitigar el cambio climático, proteja nuestra naturaleza, y genere riqueza y nuevas oportunidades en todo el territorio.

Seguiremos desplegando las energías renovables de forma responsable y coordinada, integrando a los vecinos en la toma de decisiones y en el reparto de beneficios. También vamos a favorecer las comunidades energéticas y a triplicar la potencia instalada de autoconsumo. Todo ello para lograr que, a finales de esta década, la mitad de toda la energía que consuma nuestro país sea de origen renovable.

El desafío de la transición energética requiere de un regulador independiente especializado que cuente con el mandato y los recursos técnicos adecuados para preparar el sistema energético para el objetivo de neutralidad climática. Por eso, les anuncio que vamos a reestablecer la Comisión Nacional de la Energía, suprimida por el gobierno del PP y que será clave para garantizar el mejor funcionamiento del sistema energético y la diversificación de sus operadores.

Además, combatiremos la amenaza de la sequía, ampliando y modernizando infraestructuras, aumentando los recursos de los organismos hidrológicos competentes, cerrando pozos y regadíos ilegales, y ayudando a los agricultores a mejorar sus explotaciones.

España es una potencia mundial en agroalimentación y queremos que siga siéndolo. Por ello vamos a dedicar una parte sustancial de los fondos europeos a modernizar el sector, e impulsar la agricultura ecológica y regenerativa.

Vamos a aprobar una Ley de Agricultura Familiar que favorecerá este tipo de agricultura que genera mayor valor social y vinculación con el territorio. Y vamos a desplegar una Estrategia Nacional de Alimentación para España, que permita desarrollar toda la cadena de suministro alimentario, fomentar el empleo rural y mejorar la calidad de la alimentación.

Y seguiremos impulsando las ganancias de eficiencia y la circularidad de nuestra sociedad, con la ambición de que el tejido productivo acabe siendo un sistema simbiótico en el que nada se desperdicia y los residuos de un sector se convierten en los recursos de otro.

Yo sé que, a veces, la urgencia y escala de esta transición ecológica nos abruma y nos asusta. Pero créanme, podemos tener éxito. Sin perder tiempo, pero sin dejar a nadie atrás. Aprovechando esta oportunidad para generar nuevos empleos y nuevas industrias por todo el territorio, mejorar nuestras ciudades, y cuidar nuestra salud.

Por cada euro que gastemos ahora en acometer la transición ecológica nos ahorraremos diez en daños, en las próximas décadas.

Quinta prioridad: garantizar que España siga siendo un referente mundial en igualdad. Mejorar la vida es mejorar la condición de la mitad de nuestra sociedad, es mejorar la vida de las mujeres, es alcanzar la plena igualdad.

“El feminismo es un cáncer. Si pudiera, lo quitaría [de las escuelas] y pondría una asignatura de costura, empodera más coser un botón.”

“Nosotros no odiamos a las mujeres. En nuestro partido, hay muchísimas mujeres de gran valía, CASI tanta como la de los hombres.”

“Si las mujeres cobran menos, es porque así lo deciden ellas.”

Y “si hay puestos con más hombres, es porque los hombres están genéticamente más adaptados.”

Estas afirmaciones parecen sacadas de un manual de la Sección Femenina de la Falange franquista. Pero son declaraciones públicas realizadas por dirigentes de Vox en los últimos meses.

Dirigentes que –conviene no olvidarlo– han accedido a sus cargos autonómicos y municipales gracias al voto favorable del PP.

Y las cito aquí, porque son un testimonio vivo del problema al que nos enfrentamos.

A pesar de los muchos avances logrados en los últimos años, en nuestro país aún persisten prejuicios machistas. Las mujeres aún sufren un tratamiento desigual en muchos ámbitos y cobran salarios más bajos que los hombres.

Esa falta de igualdad efectiva es una injusticia que atenta contra los principios paritarios de nuestra Constitución, que nos está haciendo peores como sociedad, y que nos está impidiendo alcanzar todo nuestro potencial como país.

Debemos corregirla. Para ello, les anuncio que aprobaremos una Ley de Representación Paritaria que nos ayude a romper los techos de cristal. Si las mujeres representan el 50% de nuestra sociedad, el 50% del poder político y económico les corresponde a ellas.

Vamos a facilitar la conciliación de padres y madres, ampliando el permiso por nacimiento a las 20 semanas y universalizando la educación pública desde los dos años. Y vamos a darle a las familias monoparentales con dos hijos –encabezadas mayoritariamente por mujeres– el mismo nivel de protección que disfrutan las familias numerosas.

Una vida mejor es una vida que extirpa la lacra de la violencia machista. Por cada euro que un gobierno autonómico o municipal reaccionario retire a la prevención y eliminación de este cáncer social, nosotros dedicaremos diez a la lucha contra la violencia de género. Por cada minuto de respeto que los políticos de Vox nieguen a las víctimas, nosotros les consagraremos todo nuestro tiempo de esfuerzo.

Vamos a actuar. Como también vamos a actuar contra los abusos sexuales a menores, especialmente aquellos que se cometieron y cometen en el seno de la Iglesia.

El informe que ha presentado el Defensor del Pueblo revela la magnitud y gravedad de este problema, y nos interpela a todas las instituciones a responder como país.

Por eso vamos a reforzar el marco jurídico vigente para que los delitos de agresión y abusos sexuales a menores no estén limitados a un momento concreto y la responsabilidad civil no prescriba.

Vamos a crear un fondo estatal para el pago de ayudas y compensaciones a las víctimas que se ajuste a los estándares europeos. Y vamos a instar a la Iglesia Católica a que se comprometa a reconocer y reparar a todas las personas que sufrieron abusos por parte del clero, incluyendo a las víctimas de casos históricos o prescritos.

Pero, sobre todo, vamos a adoptar las medidas necesarias para garantizar que esta aberración no se vuelva a repetir.

Por eso les anuncio que, siguiendo las recomendaciones del Defensor del Pueblo, en esta legislatura reforzaremos los mecanismos de acompañamiento y supervisión de la ley de protección integral a la infancia y adolescencia, dotándoles de más personal y recursos. Inspeccionaremos a todos los centros educativos para asegurarnos que cumplen con los protocolos establecidos y que sus profesionales reciben la formación adecuada sobre abusos sexuales. Y estableceremos por ley que esos mismos protocolos de prevención y formación se cumplan en todas las instituciones religiosas.

Señorías,

Procurar una vida mejor a los españoles significa, además de lo dicho, reducir las diferencias que existen entre provincias y fortalecer la cohesión territorial de nuestro país. Esa será nuestra sexta prioridad.

En la Transición, los españoles apostamos por un estado autonómico que acercó las administraciones públicas a las 52 capitales de provincia y fomentó la creación de empresas y el dinamismo social en cientos de municipios medianos por todo el país.

Desgraciadamente, a lo largo de los últimos años esa tendencia se ha revertido. Hoy, Madrid y otras grandes ciudades se han convertido en gigantes que lo absorben todo. Y las diferencias entre provincias han aumentado. El reto demográfico interpela a todas las instituciones públicas, también al gobierno de España.

En la pasada legislatura, dimos algunos pasos y apostamos por el modelo descentralizado y policéntrico que postula nuestra Constitución, buscando el reparto equitativo e inteligente de las oportunidades por todo el territorio.

En esta nueva legislatura, seguiremos avanzando en la misma dirección.

Dedicaremos el grueso de los fondos europeos a crear nuevas industrias y oportunidades fuera de las grandes capitales. Crearemos mejores infraestructuras y conexiones ferroviarias. Garantizaremos por ley el acceso a servicios públicos básicos de todos los municipios en un radio de menos de 30 minutos. Para que nadie tenga que abandonar su pueblo porque no hay un cajero o un centro de salud cerca y para que las oportunidades de ningún español estén determinadas por su código postal.

También ampliaremos el diálogo entre administraciones, reforzaremos la co-gobernanza entre ellas, e impulsaremos un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice los recursos necesarios a todos los territorios, basándonos en los principios de equidad, autonomía financiera, y corresponsabilidad fiscal.

Señorías,

Los recortes que se aplicaron durante la etapa de gobierno de Mariano Rajoy dejaron a muchas CCAA sin recursos para atender las necesidades de sus ciudadanos y las obligaron a endeudarse. En aquellos años, la deuda de las comunidades autónomas casi se duplicó.

¿Qué ha hecho este gobierno? Auxiliar a las CCAA. Entregarles más recursos que en ningún otro momento de nuestra historia.

En cinco años de gobierno progresista, las comunidades autónomas han recibido un 40% más que en los últimos cinco años de Rajoy. 180.000 millones de euros más. Y todo esto es sin contabilizar los fondos europeos.

Gracias a ello, su deuda se ha reducido en relación con su PIB y los recortes han podido cesar en muchos ámbitos, a pesar de la política fiscal irresponsable e insostenible que las derechas están volviendo a desplegar.

¿Qué vamos a hacer ahora? Continuar por esa senda de solidaridad y asumir una parte de la deuda que las CCAA contrajeron durante la etapa del gobierno del Partido Popular. Esta medida será aplicable y extensible a todas las comunidades autónomas, con independencia de su color político y de que estén acogidas o no al Fondo de Liquidez Autonómica

Hacerlo nos permitirá financiarnos a costes más reducidos, aliviar la factura de intereses por los pagos de la deuda, y ayudar a que los ciudadanos puedan tener unos servicios públicos de calidad.

Señorías, la séptima prioridad será avanzar en la agenda del reencuentro para garantizar una mejor convivencia en nuestro país.

En la discordia no puede haber prosperidad. Lo sabían nuestros padres y abuelos, por eso hicieron de la convivencia uno de los principios rectores de la Constitución y de la Transición. Ahora, nosotros haremos lo mismo. Impulsar la convivencia y el perdón. No solo para ganar una legislatura de progreso. Sino para apostar por un futuro de reconciliación y paz social.

Hablemos claro. En Cataluña –y también en otros territorios– hay ciudadanos que consideran que estarían mejor siendo independientes.

El gobierno de coalición progresista que pretendo encabezar, no comparte esa creencia. Nosotros estamos convencidos de que una España unida es una España mejor. Más próspera. Más fuerte.

La pregunta es cómo garantizamos esa unidad.

Grosso modo, existen dos alternativas. Puede intentarse por la vía de la imposición y de la crispación social. O podemos intentarlo por la vía del diálogo, el perdón y el entendimiento.

El PP ya probó la primera opción. Todo lo que consiguió fue que el número de catalanes partidarios de alejarse de España alcanzase un récord histórico, que se incendiaran las calles de Cataluña, que el mundo mirara con estupor las imágenes que se difundían de nuestro país. Y el resultado fue la mayor crisis territorial de nuestra democracia. En definitiva, la receta del PP condujo al desastre.

¿Qué hemos hecho nosotros? Todo lo contrario. Hemos apostado por la vía del diálogo, el perdón y el entendimiento. Hemos antepuesto la negociación a la imposición. El reencuentro a la venganza. La unidad a la fractura.

No hay camino más seguro hacia el entendimiento que restablecer los puentes políticos que jamás debieron romperse. Por eso hemos indultado a los líderes del procès; y por eso hemos apoyado el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso y hemos promovido su uso en las instituciones europeas.

Y lo que resulta innegable, es que esta vía ha funcionado. La convivencia ha vuelto a las calles. El diálogo ha vuelto a las instituciones. Y nuestro país ha podido centrar sus energías en afrontar retos como la Covid o la crisis provocada por la guerra de Putin.

¿Qué prefiere la amplia mayoría de ciudadanos: la Cataluña de 2017 o la Cataluña de 2023? ¿Qué política beneficia más a la gente: la del enfrentamiento –que postulan el PP y Vox– o la del entendimiento, que defendemos nosotros?

No hace falta que especulemos al respecto. Ya conocemos la respuesta. Lo dicen las encuestas. La reflejan la convivencia y la paz social que hay en las calles de Cataluña. La refleja la forma en la que votaron los catalanes el pasado 23 de julio. Un 50% apoyaron a los partidos que componen el gobierno de coalición. Y solo un 20% a las derechas retrógradas.

El diálogo, la generosidad y el perdón han funcionado. Han ayudado a coser las heridas de nuestra sociedad. Por eso, vamos a seguir aplicándolos en los próximos cuatro años.

Es evidente que el marco legal vigente establece condiciones vinculantes. Pero ese no puede ser el único argumento a favor de una España unida. Necesitamos más motivos. Y si no están ahí, debemos tener la valentía para construirlos. Porque es posible. Porque, como dijo el genial Antonio Machado: Hoy es siempre todavía.

Y puesto que hoy es todavía, y el diálogo aún es posible, nosotros vamos a apostar por él, siguiendo aquel consejo que daba el gran Salvador Espriu, a toda España: DIALEG.

Diálogo para alcanzar una idea que se expresa exactamente igual en nuestras 4 lenguas, la de Machado, la de Espriu, la de Aresti y la de Castelao: CONCORDIA.

Por eso vamos a seguir impulsando reformas y mejoras en nuestro estado autonómico. Por eso vamos a seguir atrayendo empresas extranjeras e instituciones europeas a toda España y también a Cataluña, en lugar de ahuyentarlas como se hizo en mala hora.

Ypor eso, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encausadas durante en el Procès catalán.

Esta es una medida que pide una parte importante de la sociedad catalana y que aprueban el 80% de sus representantes políticos, así como la mayoría de fuerzas presentes en esta Cámara.

También es una medida que puede no ser compartida por muchos ciudadanos. Soy perfectamente consciente de ello. Y quiero decirles a todos ellos que respeto enormemente sus opiniones y emociones. Pero las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud, por dos motivos de interés general:

Primero, para consolidar los avances logrados en estos últimos años y seguir avanzando por la senda de la convivencia y el progreso.

No seamos ingenuos. Por muchos aspavientos que hagan, por mucho que se arropen en la bandera de todos, sabemos que a las derechas reaccionarias la amnistía les importa muy poco. Los poderes económicos que las auspician no están preocupados por ella. De hecho, saben que será buena para la economía del país.

Lo que de verdad no quieren las derechas es que sigamos mejorando las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. Que sigamos revalorizando las pensiones conforme al IPC.

Que sigamos reforzando la sanidad, la educación y el sistema nacional de dependencia. Que sigamos impulsando la transición ecológica. Que sigamos defendiendo los derechos de las mujeres, los migrantes y las personas LGTBI.

Por eso no quieren que gobernemos.

Miren, la última vez que el PP estuvo en el poder, en España era legal despedir a un trabajador mientras estaba enfermo.

Era legal pagar 700 euros al mes a alguien que se deslomaba a tiempo completo en su trabajo. Era legal que las viviendas públicas que habían sido construidas con el dinero de todos acabasen en manos de fondos buitre. Y era legal cobrar a los pacientes más vulnerables un copago farmacéutico.

Nosotros acabamos con esas injusticias. Los diputados de las derechas votaron en contra. Por eso es necesario que sigamos gobernando. Para evitar que España retroceda. Para lograr que nuestro país siga avanzando.

En segundo lugar, impulsamos la amnistía porque esta medida de gracia nos puede ayudar a superar la fractura que se abrió el 1 de octubre, a seguir acercando posturas, y a persuadir a muchos catalanes de que España es un buen país para ellos. Cataluña está lista para el reencuentro total y nosotros tenemos que tener el valor de dar un paso adelante.

La amnistía que planteamos es perfectamente legal y acorde a la Constitución.

De hecho, es una medida que se ha aplicado en países como Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, y Portugal.

Y que el Tribunal Constitucional español ha rubricado anteriormente.

Por ello, quiero pedirle al PP una mínima “responsabilidad.” Le pido que no continúe secundando a VOX en su deriva trumpista, alimentando conspiraciones y comportamientos antidemocráticos que llevaron a Estados Unidos al borde del colapso. Si el PP se considera aún un partido de Estado no puede actuar al dictado de una organización ultraderechista.

No pueden volver a sembrar la discordia como cuando preconizaron el boicot a los productos catalanes (insisto catalanes, no independentistas) y atizaron el fuego del odio.

Por eso le pido al PP “responsabilidad”. No le pido su apoyo. Solo le pido cordura y coherencia.

Porque –conviene recordarlo– nada de lo que estamos proponiendo es inédito. Todo fue hecho antes por gobiernos del PP.

Gobiernos del PP concedieron 1.400 indultos en un solo día. Gobiernos del PP indultaron a miembros de Terra Lliure sentenciados por terrorismo en el curso de una investidura. Gobiernos del PP entregaron numerosas competencias a los gobiernos autonómicos del País Vasco y Cataluña cuando necesitaron los votos del nacionalismo vasco y catalán para evitar el bloqueo y asegurar la gobernabilidad de España.

Y, que yo sepa, ninguna de esas concesiones debilitó a España ni corrompió nuestra democracia. Nos convirtieron en un Estado descentralizado, como lo son muchos de los países más avanzados del mundo.

La diferencia consiste en que, cuando la derecha llega a acuerdos con el nacionalismo, es un pacto entre caballeros. Pero cuando lo hace con la izquierda entonces es una traición a la patria.

Sean coherentes y no insulten a la memoria de los españoles. Les pido que no vuelvan a cometer los mismos errores de siempre. Les pido que no intenten aprovechar esta situación para incendiar las calles y cuestionar la legitimidad del gobierno de coalición.

La amnistía se aprobará bajo luz y taquígrafos. Con total transparencia. Contando con todas las garantías jurídicas y el voto mayoritario de esta Cámara democráticamente electa. Es decir, la amnistía no será un ataque a la Constitución del 78. Sino todo lo contrario: será una muestra más de su fortaleza y vigencia.

Esta amnistía va a beneficiar a muchas personas. A líderes políticos cuyas ideas yo no comparto y cuyas acciones rechazo. Pero también va a ayudar a cientos de ciudadanos que se vieron arrastrados por el Procès. Incluidos policías y mossos que sufrieron las consecuencias de una crisis política de la que nadie puede sentirse orgulloso; ni siquiera quienes carecíamos por aquel entonces de responsabilidades de gestión.

En última instancia, impulsamos esta medida de gracia movidos por la esperanza fundada de que nos ayude a superar una crisis de la que nadie puede estar orgulloso. De que contribuya a mejorar la convivencia de nuestro país y a canalizar por una vía más sana y pacífica las aspiraciones políticas de unos y de otros.

Señorías,

La octava prioridad de nuestro gobierno será Europa. En los últimos cuatro años, España ha cobrado un protagonismo internacional que nunca había tenido. Antes incluso de ostentar la presidencia rotatoria del Consejo, nuestro país ya lideraba en Bruselas debates clave, como el de la reforma del mercado eléctrico o la PAC, y ahora es un referente continental en temas como la autonomía estratégica, la transición verde y digital, o las políticas de migración y asilo.

En los próximos años, la Unión tendrá que tomar decisiones cruciales. Tendrá que tejer nuevos lazos con el resto del mundo, y en especial con los países de Latinoamérica, el Caribe y el Magreb. Tendrá que consolidar su liderazgo tecnológico y científico a nivel global. Tendrá que abordar desafíos como la migración y el cambio climático. Y tendrá que acometer una ampliación hacia los Balcanes Occidentales y hacia Ucrania, Moldavia y Georgia. Una ampliación que responde a un deber moral y un interés geopolítico para Europa, porque traerá más recursos, más resiliencia y más mercado a los Estados Miembros.

Pero que también implicará desafíos nacionales y una revisión del funcionamiento de las instituciones comunitarias.

España no será un mero testigo de esos procesos. Estará entre los países que los lideren. Analizando los retos y las oportunidades. Proponiendo soluciones. Defendiendo los valores europeos. Impulsando el diálogo y el respeto a la pluralidad en el Continente, como lo hace dentro de sus fronteras.

Todo ello, insisto, con un objetivo: mejorar la vida de los españoles. Ese es el propósito que ha guiado y guiará la acción del gobierno de coalición progresista. Dar a nuestros ciudadanos una vida más plena. Una vida de certezas y de seguridad, con más y mejor empleo, más y mejores servicios públicos, más viviendas asequibles, más sostenibilidad, más igualdad; más cohesión territorial, más convivencia, y más Europa.

Estas serán las ocho prioridades de nuestro gobierno, si sus Señorías acuerdan otorgarme el apoyo.

Concluyo ya.

Estimados diputados y diputadas,

Yo creo en España. Creo en nuestros ciudadanos. Creo en el enorme potencial de nuestro país.

A los 18 millones de españoles que votaron en las primeras elecciones democráticas de 1977, les habría resultado imposible imaginar las cotas de desarrollo y bienestar que tenemos hoy.

Les habría resultado imposible creer que un país atrasado y aislado se iba a convertir –en apenas cuatro décadas– en la cuarta mayor economía europea, en la decimosexta potencia comercial del mundo, y en una de sus democracias más plenas.

¿Qué habrían pensado nuestras abuelas si les hubiéramos dicho que aquella sociedad machista en la que se criaron se iba a convertir en el cuarto país más igualitario de Europa?

¿Qué habrían dicho aquellos españoles y españolas homosexuales que tenían que esconderse para besar a su pareja si hubiesen sabido que España acabaría siendo el tercer país del mundo en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo y el primero en reconocer su derecho a adoptar?

¿Cómo habría reaccionado aquellos pioneros de la ecología si hubiesen sabido que España se convertiría, como lo es hoy, en la séptima gran economía más sostenible del mundo y en el segundo país de la UE con más kilómetros de áreas naturales protegidas?

Lo hubieran visto como una utopía inalcanzable. Pero lo hicimos.

Y ahora, podemos hacerlo de nuevo.

Nuestro país cuenta con el talento, las empresas, las instituciones públicas, las infraestructuras, los valores cívicos y el prestigio internacional necesarios para convertirse en una de las naciones más prósperas y socialmente avanzadas del planeta.

España es un país formidable. Y puede ser aún mejor. Va a ser aún mejor. Será mejor si procuramos una vida mejor para todos. Si nos sentimos ligados los unos a la suerte de los otros.

A ese propósito quiero consagrarme en cuerpo y alma los próximos cuatro años. Y por eso les pido –Señorías– que, con su voto favorable, me otorguen su confianza.

Muchas gracias.