El PSOE firma el pacto de investidura con el BNG sin condicionarlo a los Presupuestos

El PSOE sigue sumando apoyos a la investidura a la espera de encajar la pieza de Junts. La ministra de Hacienda y funciones y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, fue la encargada de rubricar este martes en el Congreso el pacto con la portavoz nacional de los nacionalistas gallegos, Ana Pontón. El acuerdo se limita a “votar favorablemente a la investidura de Pedro Sánchez”, dejando la carpeta de los presupuestos para otra negociación. Eso sí, la mayoría de compromisos adquiridos dependen de que aprueben las cuentas del próximo año, como en el caso de las rebajas de peajes, o de que se materialicen en un plazo máximo de cuatro años, como a la implantación de cercanías en Galicia. No en vano, Pontón ha mostrado disposición a "dialogar y acordar" a lo largo de la legislatura, pese a insistir en que este pacto es “solo de investidura”.

El pacto por el que el representante del BNG en el Congreso, Néstor Rego, se suma al bloque de la investidura incluye que, en caso de condonaciones totales o parciales de la deuda adquirida por las comunidades autónomas adheridas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), se establezcan medidas compensatorias análogas para Galicia. La deuda que tiene actualmente cada comunidad autónoma gallega on el FLA es de cerca de 2.800 millones. Con todo, dependerá de que la Xunta, presidida por el popular Alfonso Rueda, la solicite. La portavoz nacional del BNG ha subrayado ante los medios que el acuerdo “garantiza la igualdad en cuanto a la quita de la deuda” y que Galicia tendrá un “trato exactamente igualitario” al de Cataluña u otras comunidades.

El Ejecutivo se compromete también con el BNG a convocar, antes de finalizar 2023, la Comisión Mixta de Transferencias “para programar la activación de la transferencia de la totalidad de las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de Galicia, así como de las competencias que habían sido objeto de consenso en el Parlamento de Galicia”. Las últimas transferencias de competencias a Galicia datan de 2012, en la época del bipartito entre socialistas y nacionalistas.

En materia de debate territorial, el pacto garantiza que Galicia cuente con el mismo estatus que Cataluña y Euskadi de procederse a una reforma de la estructura del Estado. Se compromete en esta línea el impulso, “a través del diálogo entre partidos e instituciones, las reformas precisas para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de los sentimientos nacionales de pertenencia”. Todo ello, teniendo en cuenta el actual estatus de Galicia, Euskadi y Cataluña “como nacionalidades históricas”.

ERC y el PSOE sellan el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez

La rebaja de los peajes se compromete en los próximos presupuestos. El acuerdo sobre los nuevos descuentos es para las concurridas autopistas AP-9 y AP-53. En el caso de los usuarios denominados “superrecurrentes” se aplicará un descuento de hasta el 50%. Al mismo tiempo, se promoverán mejoras en diferentes infraestructuras viarias. De los próximos Presupuestos depende también el compromiso de los socialistas de que el Gobierno aporte el 50% de la financiación para la ley de dependencia.

Firma de la de amnistía

Los socios potenciales miran de reojo las negociaciones con Junts que se centran ahora en pulir aspectos “técnicos” de la ley de amnistía. El objetivo de los socialistas es que, de cerrarse el acuerdo, todos los socios parlamentarios de investidura firmen la medida y registrarla en el Congreso antes de la investidura. Desde el BNG no se oponen, aunque fuentes de la formación avanzan que solo sumarán su firma si está también la del resto de partidos. Aunque su apoyo está garantizado, explican, les genera reticencias a la hora de firmar que sea una norma que no han negociado directamente.

Según avanzaban esta mañana fuentes socialistas, la negociación con Junts sigue “atascada” es aspectos “técnicos” de la norma. El intercambio de papeles continúa, otra vez con el número tres del PSOE, Santos Cerdán, en Bruselas. El objetivo, según las mismas fuentes que no descartan que el pacto pueda retrasarse a este martes, es que la ley sea impecable desde el punto de vista constitucional y de seguridad jurídica. “Hasta que los juristas no vean que está atada, no podemos firmar”, explican para negar que se estén poniendo sobre la mesa nombres de posibles beneficiarios.