TRIBUNALES

El juez abre juicio contra Luceño y Medina por el pelotazo de las mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid

Les impone una fianza de 7,8 millones para que respondan frente a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios por las comisiones "ocultadas conscientemente" al equipo de Martínez-Almeida.

También decomisa bienes de los empresarios por valor de 4,6 millones de euros en el caso de Luceño y 912.000 euros de Medina

Luis Medina y Alberto Luceño

Luis Medina y Alberto Luceño

Cristina Gallardo

El juez Adolfo Carretero envía al banquillo al empresario Alberto Luceño y al aristócrata Luis Medina por el pelotazo millonario que lograron mediante una operación de compra de material sanitario -mascarillas, guantes y kits par diagnosticar covid- para el Ayuntamiento de Madrid en el peor momento de la pandemia.

En su escrito, que tiene fecha del pasado 23 de octubre, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid impone a ambos una fianza en concepto de responsabilidad civil para que, en el caso de ser condenados, indemnicen con un total de 3.626.009,39 euros a la empresa funeraria municipal por las comisiones que fueron "ocultadas conscientemente al Ayuntamiento de Madrid en la operación de las mascarillas". A ello se suman otros conceptos por los sobreprecios de los guantes y el transporte de los test que resultaron inservibles que elevan la cantidad total de la fianza hasta los 7.852.579,98 euros. 

Los dos procesados deberán responder por delitos de estafa agravada y falsedad documento mercantil en una vista que se celebrará ante el órgano competente, que es la Audiencia Provincial de Madrid. La Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para el principal implicado y 9 años y 10 meses para el aristócrata por la estafa del material sanitario.

Por otro lado, el juez decreta el decomiso de los bienes ya embargados a ambos empresarios, "así como de cualesquiera otros en poder de los acusados" hasta alcanzar la cantidad de 4.623.350, 05 euros el caso de Alberto Luceño y 912.700 euros en relación de Luis Medina, añadiendo en su auto que el dinero que se obtenga de la realización de los bienes decomisados "será destinado con carácter prioritario al pago de la responsabilidad civil".

Los cargos municipales quedan fuera

La decisión del juez se produce después de que la Audiencia Provincial haya ha desestimado los últimos recursos de apelación y haya confirmado por tanto la investigación del instructor, que excluyó cualquier responsabilidad por parte de los gestores municipales.

"La intención de ambos acusados fue la de enriquecerse exageradamente a costa de la citada situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios, vendiendo los productos por un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores, y ello como consecuencia de la imposición de unas comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas en todo momento al comprador", recalca el fiscal en su escrito de acusación, que hizo público el pasado mes de mayo.

Insistía Luis Rodríguez Sol en que los acusados "convencieron" al Ayuntamiento de Madrid de que actuaban movidos por razones altruistas, sin obtener ningún beneficio de la operación" a pesar de las comisiones millonarias que se desembolsaron.

Luceño engañó a Medina

En cuanto a las mordidas, el escrito de la Fiscalía Anticorrupción recoge que las transferencias que constan en la causa corresponden "al cobro de las comisiones previamente pactadas entre la empresa de Malasia Leno y los acusados, si bien Luis Medina no negoció con Leno el importe de su comisión, sino que dejó la esta gestión en manos de Alberto Luceño".

El empresario ocultó al hijo del duque de Feria que en otro documento aparte había pactado con Leno una comisión adicional de 2 dólares por mascarilla; es decir, Alberto Luceño cobró en total 3.000.000 dólares como comisión por esta operación, una cantiad que triplica lo obtenido por su socio.

Tanto el fiscal como el juez instructor concluyen que las ventas en las que intervinieron los investigados constituyen un caso de "negocio jurídico criminalizado al haber engañado al Ayuntamiento de Madrid, ocultando con dolo unas comisiones excesivas para cualquier tipo de negocio, sin tener poder alguno de la empresa vendedora y con falsedad de documentos mercantiles".