"Van a vestir el santo": El CGPJ da por hecho que el pacto Sánchez-Díaz anuncia una rebaja de las mayorías para forzar su renovación

"Garantizaremos el cumplimiento de la Constitución en lo referente a la renovación de órganos constitucionales, especialmente el Consejo General del Poder Judicial, impidiendo que la deslealtad constitucional de algunos actores políticos afecte al prestigio y a la salud de las instituciones públicas". Se trata de uno de los 230 puntos del acuerdo firmado este martes entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz que pone negro sobre blanco, aunque de manera algo inconcreta, el interés del Gobierno en superar de una vez el bloqueo por parte del PP que mantiene sin renovar desde hace casi cinco años el Consejo General del Poder Judicial.

La frase ha sido interpretada mayoritariamente por los actuales vocales del Consejo como un anuncio de la nueva reforma legal que, según buena parte de los consultados por El PERIÓDICO DE ESPAÑA, previsiblemente irá dirigida a rebajar la mayoría de tres quintos que exige la norma para que tanto el Congreso como el Senado puedan elegir a los nuevos vocales. El actual sistema exige un consenso entre las dos principales partidos que se tiene por imposible dada la actual situación politica, y la modificación irá dirigida a superar dicho obstáculo.

El PSOE ha forzado una redacción pretendidamente ambigua en el programa de coalición sobre la renovación del CGPJ. Dejar la puerta abierta a su renovación sin el PP, si persiste en el bloqueo, pero al mismo tiempo evitar concretar el cómo. En la pasada legislatura, Bruselas ya se posicionó en contra de rebajar las mayorías del sistema de elección de los vocales. Una falta de concreción preventiva para evitar una hipotética reprimenda, pero suficiente para mostrar sus intenciones se persiste el bloqueo.

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Desde Sumar reconocen que esta medida “se ha quedado algo corta”, al no concretar la reforma de la ley Orgánica del Poder Judicial para sortear a los populares en la elección de los vocales. Una redacción “ambigua”, admiten fuentes directas del equipo negociador del partido de Yolanda Díaz, pero que “no ha sido posible ir más allá” por las resistencias de los socialistas. 

Alerta en el Consejo

Para los integrantes del sector mayoritario del órgano de gobierno de los jueces, designados en su día a propuesta de los populares, lo peor está por llegar. "Salvo que Europa lo pare como en el caso de Polonia, todos los vocales judiciales serán nombrados por el Congreso por mayoría absoluta", señalan desde este grupo.

"La previsión constitucional al exigir mayoría de tres quintos es que exista consenso y acuerdo, no que se busquen atajos para eludir la exigencia constitucional y que unos se impongan a otros, y cualquier atajo será una barbaridad", añade a preguntas de este diario el vocal del sector mayoritario José María Macías.

Pese a que aún deberán conocerse los detalles, las fuentes consultadas señalan que no creen que se esté estudiando una alternativa diferente que la de escamotear al Senado, donde los de Núñez Feijóo tienen mayoría, sus competencias respecto a la elección de seis de los vocales de origen judicial. 

"Van a vestir el santo", señala a este diario una de las vocales, aludiendo a la expresión popular que se emplea cuando se intenta arreglar algo estropeando otra cosa. Según la magistrada, la solución debería pasar por un "pacto global por la justicia" que vaya más allá de acordar los nombres de los nuevos vocales y enfrente la magnitud del problema, que pasa por reforzar la independencia judicial mediante medidas como podrían ser la autonomía presupuestaria del propio Consejo y el refuerzo en los juzgados. 

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"El Ministerio lleva años sin crear plazas, y los asuntos se demoran en los juzgados, no puede ser que el ciudadano tenga que esperar un año por un divorcio o un cambio de colegio en los juzgados civiles", añade, para ilustrar que el problema va más allá de las 23 plazas vacantes en el Tribunal Supremo desde que una primera reforma impide al Consejo hacer nombramientos discrecionales estando en funciones.

Desde la asociación mayoritaria de jueces, la Profesional de la Magistratura, se recuerda que el cumplimiento de la Constitución "y también de lo que nos está diciendo Europa es que se modifique la ley orgánica y se devuelva a los jueces la facultad de elegir a los doce vocales judiciales", recuerda su presidenta, María Jesús del Barco. "Me temo que eso no va a ser", añade.

Que los planes de un futuro Gobierno de Sánchez pasan por una rebaja de las mayorías parlamentarias necesarias para poder renovar el Consejo del Poder Judicial lo tienen claro también en el sector progresista del órgano, cuyos miembros auguran incluso que el cambio se realizará mediante una "posible reforma exprés" de la Ley Orgánica del poder judicial que "guardará sintonía" con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

"Que el PP entre en razón"

"Podría ser el último amago para que el PP entre en razón y firme el acuerdo que estaba redactado hace justo un año", añaden las mismas fuentes, en alusión a la ruptura del pacto en octubre del pasado año, que los populares justificaron en los planes del Gobierno para reformar el delito de malversación.

El sector más progresista de la legislatura, como es el que representa Juezas y Jueces para la Democracia, recuerda que es obligación del Gobierno, y de " cualquiera que aspire a gobernar" el tratar de normalizar la situación del CGPJ "Esta provisionalidad es inadmisible, no tiene justificación y afecta gravemente a la administración de justicia y a la sociedad, la gran perjudicada por la parálisis del órgano de gobierno de la justicia", agrega su portavoz, Edmundo Rodríguez Achútegui. Considera que por ello el Gobierno "tiene que tratar de persuadir al PP para abandonar su tesis de que hay que reformar el sistema de elección a su conveniencia".

En la parte socialista del Gobierno en funciones se insiste en que su prioridad es que el PP de Alberto Núñez Feijóo se siente a negociar la renovación del órgano de gobierno de jueces. Solo si se vuelve a demostrar falta de interés, aunque no establecen un plazo temporal de salir adelante la legislatura, se buscarían alternativas para forzar la renovación sin los votos del PP. La única vía para ello pasaría tanto por rebajar el sistema de mayorías para la elección de los vocales, como ya se planteó en la pasada legislatura, como por sortear el Senado, con mayoría absoluta del PP. 

“Con que cumplan se acabaría el problema”, explicaban fuentes de la Moncloa durante la recta final de las negociaciones con Sumar en las que se puso sobre la mesa el redactado de esta medida. “Que el PP cumpla la Constitución y la ley y renueve el CGPJ”, siguen exhortando los socialistas. Nada hace presagiar en estos momentos un escenario similar y la amenaza de reforma tampoco causó el efecto esperado en la pasada legislatura. 

En ningún momento descartan desde la parte socialista del Gobierno la posibilidad de retomar la rebaja de las mayorías, centrar la elección solo en el Congreso. Tanto es así, que al mismo tiempo argumentan que los populares están llevando al límite la situación en el CGPJ tras caducar su mandato en diciembre de 2018. Sus esperanzas a que “el PP cumpla” son más bien retóricas y de denuncia sobre el hecho que los populares se sitúan fuera de la Constitución.