El pacto migratorio no se trasladará al Congreso hasta que haya Gobierno

El nuevo Pacto Canario por la Migración alcanzado por el Gobierno de Canarias con la mayoría de los partidos políticos del Archipiélago, todos excepto Vox, no se va a trasladar a Madrid hasta que no se forme un nuevo Ejecutivo estatal. Quedará, por tanto, a expensas, en primer lugar, a que el actual candidato a la investidura, el socialista Pedro Sánchez, también presidente en funciones, logre la reelección si consigue llevar a buen puerto las negociaciones que actualmente lleva a cabo con los partidos independentistas catalanes y posteriormente con el resto de formaciones necesarias para obtener los apoyos necesarios.

Fuentes del Gobierno regional y de los distintos partidos canarios aseguran que previamente a ese proceso se estudiará la posibilidad de trasladar el pacto entre partidos al Parlamento de Canarias para convertirlo en un acuerdo parlamentario y avaluar si algunas de las medidas recogidas, en concreto la que pedir una modificación legal para que el Estado asuma por ley el reparto de los menores migrantes no acompañados, se traslade al Congreso como una Proposición de Ley (PDL) de la propia Cámara regional. Aunque inicialmente se descartó esa posibilidad, algunas fuentes señalan que se analizará en profundidad para tomar una decisión al respecto. En todo caso, insisten, la activación efectiva del pacto en el ámbito estatal no podrá ser efectiva hasta que haya un Gobierno en el Estado en plenas funciones y para ello hay que despejar primero la investidura de Sánchez.

El documento firmado por el Gobierno de Fernando Clavijo con PSOE, CC, PP, NC, AHI y ASG recoge una batería de demandas al Estado y a la UE para que “cumplan de forma más ágil y eficaz sus competencias en la gestión de la crisis migratoria” que experimenta el Archipiélago, y reclama al Gobierno de España una “política migratoria de Estado que contemple el fenómeno en su totalidad” y que “mejore la coordinación entre los distintos organismos de las administraciones públicas con competencias” en migración. El acuerdo dedica una especial atención a la atención y tutela de los menores migrantes no acompañados en un momento en que Canarias acoge ya más de 4.000. En concreto, Gobierno y mayoría de grupos parlamentarios piden “que se cumplan definitivamente los compromisos adquiridos por para del Gobierno del Estado para que impulse un mecanismo de acogida de corresponsabilidad entre todas las comunidades”. También se solicita a Madrid que realice las “modificaciones normativas necesarias” para que las competencias de menores extranjeros no acompañados “no sean exclusiva de las comunidades a que llegan”.

En teoría, esta medida tendrían que asumirla los diputados canarios de varios de los partidos representados en el Congreso, que lo harían de manera conjunta a través de una Proposición de Ley para modificar la Ley de Extranjería para incluir que los menores extranjeros no acompañados no sean responsabilidad exclusiva de los territorios a los que llegan y puedan ser distribuidos por el conjunto de comunidades autónomas. Este mecanismo obligaría a un acuerdo entre los grupos en el Congreso (con excepción de Vox) y eso supondría que los dos grandes partidos estatales tendrían que superar su actual grado de enfrentamiento, todo ello sobre la base de que el posible futuro gobierno asumieran la propuesta. “Ni una cosa ni la otra parecen ahora mismo fácil de conseguir”, según reconocen fuentes parlamentarias del Congreso. La otra posibilidad es que algunos de los dos grandes partidos se excluyera del pacto alcanzado en las Islas y entonces la propuesta quedaría a expensas de la mayoría que consiguiera entre el resto de grupos de la cámara.

Los partidos firmantes del pacto en las Islas aprovecharán esta semana de pleno en el Parlamento de Canarias para trabajar en la elaboración de un texto que pueda remitirse a las Cortes, donde esperaría turno para su toma en consideración en función del origen institucional de la propuesta legislativa. Si fuera del Parlamento de Canarias tendría que hacer cola en el embudo de iniciativas autonómicas registradas en la Cámara baja, más de una decena, lo que retrasaría mucho el trámite teniendo en cuenta que se debate una iniciativa por mes. Si son los grupos parlamentarios y alguno de los firmantes (hacen falta dos grupos) corresponde a uno de los dos grandes partidos estatales, PP o PSOE, el plazo se acortaría bastante y todo quedaría a expensas de la voluntad política del futuro gobierno y de los propios grupos del Congreso de facilitar esa fórmula para el reparto de menores migrantes con acompañados.