La magistrada española del TEDH alerta de las disfunciones por la no renovación del CGPJ

La sentencia dada a conocer este jueves por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a cuenta de la demanda de seis de los aspirantes a renovar el Consejo del Poder Judicial, ha dividido a este órgano europeo, cuyo fallo ha contado con dos votos particulares. En uno de ellos, aunque conforme con la decisión de ver una vulneración de derechos en el papel jugado por nuestro Tribunal Constitucional, la magistrada española María Elósegui da un paso más que el resto de sus compañeros y advierte expresamente de que la "disfunción" creada por el bloqueo político no es conforme a derecho.

Elósegui llega esta conclusión porque, a su juicio, los candidatos tienen derecho a una decisión sobre su nombramiento al CGPJ. Y reitera que la "inobservancia" de las leyes procedimiento de renovación de la composición del órgano de gobierno de los jueces puede tener un impacto significativo en el funcionamiento del sistema de justicia y el cumplimiento por parte del Estado demandado de sus responsabilidades dentro del sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El voto particular de esta magistrada ha provocado recelos en algunos sectores del Consejo, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que creen que ha pretendido introducir opiniones rechazadas por la mayoría por ser ajenas al debate, que no era otro que el de determinar si el portazo dado por el Constitucional vulneró sus derechos de acceso a la justicia.

"El hecho de que el Parlamento tenga un margen de discrecionalidad en relación con los resultados y al hecho de que esta elección no se basa únicamente en criterios de capacidad y mérito, sino en la evaluación de otras capacidades que los partidos políticos consideren conveniente incluir, no significa que el bloqueo de esos nombramientos es conforme a derecho, porque la renovación de este órgano es obligatorio conforme a la Constitución y la Ley Institucional del Poder Judicial", precisa Elósegui en su voto particular.

Así, y pese a mostrarse conforme al criterio de la mayoría, considera que la demanda impulsada por seis miembros de la Asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria , "va mucho más allá porque toca la esencia misma de la independencia del Poder Judicial". 

Vacantes en la cúpula de la carrera.

Alude igualmente Elósegui a la incapacidad del Consejo del Poder Judicial para realizar nombramientos en la cúpula de la carrera desde marzo de 2021, una situación que genera una "cadena de interrupción de todo el sistema judicial". En total, "hay 80 vacantes en estos tribunales superiores", llega a concretar.

Añade esta magistrada que en la actualidad "solo quedan" 17 de los 21 miembros que fueron elegidos para integrar el CGPJ, en referencia a la jubilación de Rafael Fernández Valverde, la muerte de Victoria Cinto, la renuncia de Carlos Lesmes y la dimisión de Concepción Sáez.

Por otro lado, reprocha que el Gobierno de España no explicara de "manera convincente" ante el TEDH el porqué de la disputa, que a su juicio "surge de la manifiestamente "ilícita e injustificada", omisión de ciertas actuaciones con miras a proseguir el proceso de elección de los vocales al CGPJ no ameritaba tutela judicial.

En el marco de la sentencia, consta también un voto particular discrepante firmado por los magistrados Carlo Ranzoni (Liechtenstein), Mattias Guyomar (Francia) y Mykola Gnatovskyy (Ucrania).

Los firmantes se muestran en contra de la sentencia aprobada por la mayoría al considerar que no se ha vulnerado el derecho de los seis magistrados de la AJFV a un proceso justo. Aunque consideran que los hechos denunciados son "deplorables" y "afectan negativamente" el funcionamiento del Poder Judicial español, consideran que no ha habido una violación del Convenio europeo.