Así desmonta la Fiscalía las denuncias conspiranoicas sobre las fumigaciones con 'chemtrails'

Los bulos en las redes sociales, sobre todo los que constituyen teorías conspiranoicas sobre poderes oscuros que se ciernen sobre los ciudadanos aparecen por rachas, para luego olvidarse y volver a aparecer en un tiempo. Lo que no es habitual es que lleguen como denuncia ante los poderes públicos y éstos tengan que reaccionar para evitar sus efectos, como está pasando con el denominado bulo de los chemstrails o estelas que dejan los aviones en el aire y que según estas historias obedecen a fumigaciones con sustancias nocivas que buscan tener determinados efectos en los ciudadanos.

Las primeras denuncias sobre estas actuaciones llegaron a la la Fiscalía en 2017, se dio otro nuevo conjunto de avisos en el mismo sentido en 2019 y vuelven ahora en 2023, en medio de una creciente sequía que ha hecho llegar a las fiscalías de toda España más de medio centenar de denuncias, según adelantó La Sexta, 39 de elllas sólo en la Fiscalía de Madrid.

En dichas denuncias se dice que la aparición de estas estelas contaminantes como consecuencia del vuelo de los aviones llega a contravenir hasta cien artículos de diferentes leyes, lo que constituye conductas previstas en el Código Penal como torturas y delitos contra la integridad moral. Se reclama, además de una investigación para identificar a los posibles autores, indemnizaciones por problemas dermatológicos, o que se localice qué sustancias exactamente son las que se rocían desde el aire.

Según añaden fuentes fiscales, en dichas denuncias se argumenta también que las estelas en el cielo que se presumen intencionadas buscan provocar el cambio climático o someter a la población a una situación de riesgo para la salud, basándose en teorías de conspiraciones que obedecen a intereses ocultos que circulan por las redes sociales. Asimismo son numerosas las llamadas telefónicas de ciudadanos preocupados que demandan información sobre lo que sospechan pudiera suponer un riesgo para la salud. 

Frente a ello, el Ministerio Público tiene desde el primer momento la respuesta técnica para combatirlas, y así lo está haciendo en hasta 25 diligencias de información que ha tenido que abrir recientemente para cerrar la boca a los conspiranoicos con argumentos científicos. Esperan tener que abrir varios expedientes más en los próximos días, porque las denuncias no paran de llegar.

El documento en el que se basa la Fiscalía para cerrar todas ellas -y las que se esperan-, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA es un informe que fue solicitado a Enaire, la entidad empresarial española que tiene asignada la gestión de la navegación aérea en España, por la Fiscalía de Sala de Medioambiente y Urbanismo ya en 2017. Dos años después, cuando las denuncias volvieron a repetirse, se emitió otro informe para recordar a los fiscales sus conclusiones.

Nubes de hielo

Estas pasan por subrayar que las etelas que los aviones dejan en el cielo no son más que marcas de condensación del vapor de agua resultante en la combustión de los motores de los aviones, siendo por tanto, simplemente, nubes de hielo. Una vez formadas, su evolución y permanencia depende de las condiciones atmosféricas como la temperatura o la humedad del aire.

En cuanto al posible impacto de la aviación en el medio ambiente, éste se centraría, en todo caso, en un posible impacto en el aumento de la temperatura global por el aumento de la cobertura nubosa; la emision de gases efecto invernadero originados en la combustión de los motores; así como la exposición al ruido de las aeronaves, pero ni fumigaciones tóxicas ni nada parecido. Por esta razón, la Fiscalía irá abriendo diligencias y cerrando estos asuntos uno por uno según vayan llegando a sus dependencias. 

En febrero de 2022 el Tribunal Constitucional ya estableció libertad de expresión tiene límites, y más si hablamos de bulos o noticias falsas que pueden difundir en redes sociales profesionales de la información que tiene cierto número de seguidores e influencia. Así lo señaló en la primera sentencia que abordaba este asunto para afirmar que este tipo de mensajes reducen el derecho a la libre comunicación.