MADRID

ACS y Acciona salvan el proyecto de Ayuso de la Ciudad de la Justicia de Madrid

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha confirmado este jueves en los pasillos de la Asamblea de Madrid la adjudicación del proyecto, después de que quedara desierta la licitación en noviembre

Isabel Díaz Ayuso y Enrique López en una visita a la actual sede del Instituto de Medicina de Legal y Ciencias Forenses, ubicada junto a la futura Ciudad de la Justicia.

Isabel Díaz Ayuso y Enrique López en una visita a la actual sede del Instituto de Medicina de Legal y Ciencias Forenses, ubicada junto a la futura Ciudad de la Justicia.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha recibido este miércoles una oferta para la concesión del contrato para la construcción del proyecto de la Ciudad de la Justicia del consorcio empresarial de ACS y Acciona, las compañías que presiden Florentino Pérez y José Manuel Entrecanales.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha confirmado este jueves en los pasillos de la Asamblea de Madrid la adjudicación del proyecto, después de que quedara desierta la licitación en noviembre.

"Madrid va a contar con unas sedes judiciales concentradas que van a ser referente en Europa en cuanto a calidad y calidez del servicio", ha celebrado López, que ha precisado que la mesa de contratación establecerá un calendario para el estudio de la documentación y la finalización del proceso, con la previsión de que esté definitivamente adjudicado a finales de marzo.

La intención es contar con las nuevas instalaciones a lo largo del segundo semestre de 2027 aunque, según López, "los plazos pueden ser acortados".

En 2021, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció que iba a relanzar el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Madrid, que aspira a ser la más importante del sur de Europa y que pondría en marcha una concesión.

En julio pasado el Gobierno autorizó la licitación para "la construcción, conservación y explotación de la nueva Ciudad de la Justicia" del Partido Judicial de Madrid en Valdebebas, que concentrará los 356 órganos judiciales actualmente dispersos en veintiocho inmuebles de la ciudad.

Sin embargo, hubo que ampliar el plazo de concurrencia para las empresas, que expiraba el 20 de octubre, en veintiún días naturales más para que los interesados pudiesen presentar ofertas hasta el 10 de noviembre, quedando finalmente desierta la licitación.

La Comunidad de Madrid achacó la ampliación del plazo a la situación económica con el aumento de los precios en el sector de la construcción como consecuencia de la guerra en Ucrania.

López ha rechazado que se hayan rebajado las condiciones de los pliegos sino que "se ha adaptado" teniendo en cuenta "la situación actual económica", así como "su eficacia y rentabilidad" por parte del concesionario.

Desde la oposición, el portavoz socialista Juan Lobato ha dicho que la decisión es "equivocada" por no apostar por un modelo de gestión pública, ha criticado el contrato de concesión de 40 años de esta infraestructura.

La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha dicho que es el mayor contrato que se va a hacer en España y se tiene que cumplir "con condiciones de rigor" y ver "durante cuántos años nos vamos a endeudar", ha calificado el pliego anterior de "desastre" y ha asegurado que Vox velará por que el dinero de los madrileños se utilice con "rigor, respeto y sin endeudamientos de aquí a la eternidad".

Alejandra Jacinto, coportavoz de Unidas Podemos, ha afirmado que la Comunidad va a cambiar un contrato para permitirle otro más rentable a Florentino Pérez y a Acciona, y que unos edificios que deberían costar 500 millones de euros costarán 1.200 millones "y la diferencia la va a ganar Florentino".