El Congreso abraza la calma ante el abismo de la crisis institucional más grave

Durante el último mes, la Cámara Baja ha vivido dos crisis: una sobre el debate, la otra sobre el procedimiento. La primera tuvo su cénit con aquella falta de respeto de la diputada de Vox Carla Toscano a la ministra Irene Montero y con la ofensa de la ministra de Igualdad al PP.

La segunda encontró el punto culminante el pasado jueves, cuando el tercer pleno extraordinario del Congreso en 21 días aprobó la reforma del Código Penal, y dentro del dictamen, unas disposiciones para cambiar la ley del Tribunal Constitucional y la del poder judicial, y con ello, alterar la mayoría actual de los magistrados, que se inclina a favor del sector conservador.

El proceso se ajustó al reglamento, sí, y hasta a la doctrina del Tribunal Constitucional, porque se puede formar una ponencia parlamentaria y una hora después aprobar el dictamen, pero es indudable que esto estrecha el debate y la deliberación. Y se pueden incorporar enmiendas sin vínculo temático con la propuesta legislativa que se está enmendando, pero a la oposición la práctica sorprende sin apenas capacidad de corregir o modificar. Como ha afirmado este martes el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, el PP “ha sido muy hábil” con su recurso.

Las dos crisis han desembocado en una tercera aún más potente, la institucional. Nunca hasta este lunes el Tribunal Constitucional se atrevió a paralizar un proceso legislativo en curso. El Senado continuará con la proposición de ley que reforma el Código Penal, pero sin las disposiciones incorporadas por las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos. No hay precedentes. Varios diputados, por este motivo, han usado expresiones como situación “grave”, “muy grave” o “especialmente grave”.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, había manifestado el acatamiento y el respeto a la decisión de la mayoría conservadora del Constitucional, pero no escondió su “honda preocupación” por las lesiones que pueda infligir al parlamentarismo.

Sin embargo, horas después, las apelaciones a la calma han sido numerosas en el Congreso. Incluso los mismos portavoces que han empleado expresiones tan solemnes y graves han apelado también al sosiego. Nada de soflamas para un choque institucional. Nada de empujones hacia el abismo. 

Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu, poco antes de las 10.00 horas, aseguraba en la sala de prensa del Congreso que urge una “reflexión con tranquilidad” sobre lo ocurrido, de manera que sea el Gobierno el que coja la batuta, llame a los grupos de la mayoría de izquierdas en el Congreso y busque una acción coordinada. Ha abogado por el diseño de “medidas conjuntas”. “Hablemos entre todos”, ha dicho.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, se ha escabullido de cualquier tentación de desobediencia o movilización en las calles. Su frase ha sido muy gráfica: “La desobediencia sin un plan, el conflicto institucional sin un mañana, es un gigante con pies de barro. Es confeti”. 

Así que su posición se ha resumido aquí. “Hago un llamamiento a la calma. ¿La situación es grave? Sí. (...) ¿Es subsanable? Sí. Se puede presentar una proposición de ley e intentar solucionarlo”, añadió. ERC, en definitiva, no quiere “nuevos 15-M”.

Clarísimo ha sido Patxi López. En rueda de prensa, ha desvelado que horas antes habló con Pablo Echenique, su homólogo de Unidas Podemos, para desvelarle que el plan del Partido Socialista consiste en planificar la respuesta al TC con “tranquilidad y serenidad”. “Creo que es lo que necesita la ciudadanía. No hagamos las cosas a trompicones, sino pensando en la mejor decisión para conseguir el objetivo, que es cambiar a los jueces que toca cambiar ahora” por haber caducado su mandato, según ha explicitado.

El portavoz socialista ha evitado en todo momento concretar cuál será esa respuesta. Todo apunta a que se registrará una proposición de ley. El diputado vasco ha remarcado la dimensión de los grupos parlamentarios como sujetos institucionales con potestad legislativa. La reforma del Código Penal en el Senado es, justamente, una proposición de ley.

Así que nada de agitar las calles, de inflar estados de ánimo. “No es momento de exacerbar”, ha dicho López, quien en numerosas ocasiones ha comentado que su partido acata las decisiones del Constitucional, aunque no las comparta.

La calma se ha instalado en el Congreso, sin duda. Llegar al borde de un precipicio da para pensar. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?, se habrán preguntado varios diputados. La reflexión, la pausa para ello, es también una decisión política. Y una apuesta estratégica. Como ha recalcado el portavoz del PNV, Aitor Esteban, una convulsión social “igual vendría bien” a los promotores del recurso ante el Constitucional. Para el diputado vasco, ese ambiente no está visible en la Cámara. El escollo es “superable”, ha zanjado.

Pastor recrimina a Batet

Hasta Echenique, tras hablar con el PSOE y constatar que los socialistas de desobediencia no quieren nada, ha reconocido que una respuesta desmedida, que refleje “nervios”, podría favorecer a la derecha. Le ha parecido bien que reine la calma.

Durante la reunión de la Mesa, este martes, se han producido dos conatos de tensión. Los han protagonizado Ana Pastor, representante del PP, e Ignacio Gil-Lázaro, de Vox. La diputada popular, que fue máxima autoridad de la Cámara entre 2016 y 2019, ha recriminado la intervención que el lunes por la noche dio Meritxell Batet. 

Cuentas fuentes presenciales a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que a juicio de Pastor, la dirigente socialista habló en nombre del Congreso cuando tal cosa no puede hacerla ‘motu proprio’, sino que debe someterla a deliberación de la Mesa. Y eso no había sucedido. 

Asimismo, Pastor contrastó esa declaración de respuesta a la decisión del Tribunal Constitucional con su comportamiento sobre el escaño de Alberto Rodríguez, el exdiputado de Unidas Podemos condenado por el Tribunal Supremo. Su apartamiento, en opinión de la vicepresidenta segunda de la Cámara, apuntan las fuentes consultadas, sí que debió someterlo a debate y deliberación de la Mesa, pero no lo hizo.

Siempre según las versiones de las fuentes, cuando en el órgano de gobierno del Congreso se ha discutido personarse ante el TC para hacer las alegaciones que correspondan, Pastor y Gil-Lázaro han votado en contra. Su posición, minoritaria, no ha influido. La Mesa se personará.

Nada más acabar la sesión de la Mesa, se ha celebrado la Junta de Portavoces. A diferencia de la cita de hace una semana, cuando el pleno extraordinario para dirimir la reforma del Código Penal desató una pequeña bronca, este martes ha reinado la calma. No ha hablado nadie. Nadie ha protestado. Ha durado muy poco.

La misma actitud de relativa normalidad está impregnando el Senado, sumido en el trámite presupuestario. Como en el Congreso, ha habido picos de tensión en la reunión de la Mesa, convocada a las 8.30 horas, antes de la formación de la ponencia de la Comisión de Justicia que habría de analizar la reforma del Código Penal. Aquí también, señalan a este medio fuentes de la Cámara Alta, el PP ha afeado al presidente, Ander Gil, su alocución de anoche, que cree “de parte”, no institucional. También han transmitido su pesar por haber sido convocados a la reunión tan tempranera de la Mesa con apenas 20 minutos de antelación, aunque ya a lo largo de la noche del lunes se avisó de que podría haberla.