CRISIS INSTITUCIONAL
Batet garantiza respeto al TC pero reconoce "honda preocupación" por el futuro del Parlamento

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha expresado este lunes su respeto a la decisión de la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional de suspender un procedimiento legislativo en curso en el Senado, y por tanto, su compromiso de acatamiento, pero ha reconocido preocupación porque se abre la puerta a que un solo diputado, con un recurso de amparo, pueda interrumpir el ejercicio del poder legislativo. La diputada socialista ha salido en defensa de la autonomía parlamentaria.
“En este punto la actuación del Congreso ha de ser sólo una: el cumplimiento. Y a la mayor brevedad posible esperamos ser oídos y presentar al Tribunal Constitucional nuestros argumentos para defender la autonomía parlamentaria, así como sus funciones”, ha proclamado Batet a través de una declaración institucional.
Tres de las primeras palabras que ha usado la presidenta de la Cámara Baja es “contexto de bloqueo”. Se ha referido, sin citarlos, al estado del Consejo General del Poder Judicial (más de cuatro años sin que PSOE y PP lleguen a un acuerdo para renovarlo) y al propio Tribunal Constitucional, en el que dos de los magistrados que han participado en la mayoría conservadora tienen mandato caducado, también por la falta de acuerdo entre los dos principales partidos.
Por esta razón, ha añadido acto seguido que el atasco institucional es una “frustración del mandato constitucional” y conlleva el “peligro de una potencial deslegitimación del sistema democrático”.
Era importante para Batet repasar someramente esta situación anómala para realzar el papel del Congreso, máxima Cámara legislativa. “Conduce su funcionamiento desde la lealtad a todos los poderes del Estado y la confianza en todas sus instituciones”. Siempre se guía por el reglamento y por la Constitución, que “interpreta y enmarca en su sentido posible”.
Por tanto, frente a la anomalía institucional que caracteriza al órgano de gobierno de los jueces y al pleno del TC, la lealtad y previsibilidad del Parlamento. El Congreso respeta y acata que un procedimiento en curso en el Senado, el de la reforma del Código Penal, y gracias a dos enmiendas, las de las leyes del poder judicial y del alto tribunal, se vea mutilado.
El Congreso aprobó el jueves pasado la proposición de ley registrada por PSOE y Unidas Podemos. Se unieron al respaldo ERC, PNV, EH Bilu, entre otros. Lo hizo tras un trámite que durado sólo un mes y que ha necesitado tres plenos extraordinarios.
El Senado recibió el dictamen la semana pasada. La Comisión de Justicia iba a reunir la ponencia para ratificar el texto y luego emitir dictamen este mismo martes por la mañana. El pleno dará aval definitivamente el jueves. La decisión del Constitucional deja en el aire el calendario previsto. La Mesa de la Cámara Alta resolverá qué destino da al texto.
"Hasta ahora"
Para Batet, se genera “la suspensión de un procedimiento legislativo en curso”. No hay precedentes en democracia, como ha destacado.
La consecuencia que ha reseñado, y no es menor, es la siguiente: “Con la decisión conocida se posibilita que la interrupción del ejercicio de la potestad legislativa esté al alcance de un solo diputado al interponer un recurso de amparo”. La presidenta ha reconocido “honda preocupación” por ello.
Aunque no ha empleado las palabras “grave” o “gravedad”, la presidenta del Congreso no ha disimulado solemnidad y trascendencia a la intervención. Se ha suspendido el “ejercicio de una función constitucional básica en una democracia como es el debate parlamentario y la potestad legislativa, reconocida en el artículo 66 de la Constitución”. En este precepto se dice que las Cortes Generales son inviolables. Aseguran “la libre formación de la voluntad” y legislan “sin interferencias”, ha proclamado Batet.
Noticias relacionadasNo hay función del parlamentario por encima del “debate, la deliberación y la votación” de las leyes. “Este es un principio que ha regido siempre”. Pero Batet ha apostillado: “Hasta ahora”. De ahí su preocupación.
Con todo, el Congreso acata.
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