La mayoría progresista del Congreso se abre a iniciar el trámite de una ley específica para cambiar el TC

El PSOE y los aliados progresistas están analizando cómo responder a la decisión del Tribunal Constitucional de suspender una serie de disposiciones de la reforma del Código Penal, y por tanto, impedir que se tramiten en el Senado. Por primera vez en democracia, el órgano de garantías interviene para interferir en un procedimiento legislativo. Para los aliados está claro: la situación creada es “grave” o “muy grave”. Ahora bien, cómo responder ya no está tan claro.

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha destacado que su grupo está analizando qué hacer. El objetivo, ha dicho, no se ha alterado en absoluto, y éste es la renovación de los magistrados del Constitucional que tienen el mandato caducado desde hace meses. La opción más consistente, en términos parlamentarios, es el registro de una proposición de ley. Una formación ya lo ha hecho. Más País la ha presentado este mismo martes.

López ha eludido concretar si ésa, la de la proposición de ley, será la solución. Ha hablado con su homólogo de Unidas Podemos, Pablo Echenique, según el mismo ha avanzado en rueda de prensa, pero no para precisar una iniciativa o para concretar los tiempos. Lo ha hecho para transmitirle que el PSOE quiere tomárselo con calma y con “serenidad” con el fin de lanzar la respuesta más “adecuada”.

Desde la confluencia no indican más que es necesaria una actuación conjunta de la mayoría progresista. El diputado Gerardo Pisarello, que además es uno de los secretarios de la Mesa del Congreso, ha afirmado: “Si hay que registrar una proposición de ley, que se haga”. La apuesta indudable ha de ser “revertir” el estado institucional al que aboca la decisión del Tribunal Constitucional, según sus palabras.

ERC, formación clave en la construcción de la mayoría progresista, sí tiene clara la hoja de ruta: la proposición de ley. Es la fórmula parlamentaria que se reserva a los grupos para que puedan ejercer su potestad legislativa. La diferencia con un proyecto de ley es la entidad de la que procede dicha potestad: los proyectos los hace el Gobierno; las proposiciones, los grupos. Patxi López, por ello, ha subrayado algo muy importante en esta tesitura: los grupos parlamentarios tienen entidad y envergadura para cambiar la mayoría caducada del Tribunal Constitucional.

Rufián no se ha andado con misterios: “Haría un llamamiento a la calma. ¿Es grave? Sí. ¿Es subsanable? Sí. Se puede presentar una proposición de ley exclusiva del tema que se está vetando. Estamos por solucionarlo”. 

El portavoz republicano ha comparado lo sucedido este lunes entre las Cortes Generales y el Tribunal Constitucional con lo que sucedió entre el Parlamento de Cataluña y el Tribunal Constitucional en 2017. Patxi López, en su comparecencia ante la prensa, ha destacado que no hay similitud de ninguna clase. La clave está, ha dicho el diputado socialista, en que ahora, por primera vez, se ha suspendido un procedimiento en curso. Un procedimiento legislativo. El Senado dará curso a la reforma del Código Penal y prevé aprobarla, en pleno, el jueves próximo, pero sin las disposiciones que entraron en el dictamen por las enmiendas del PSOE y Unidas Podemos sobre las leyes del poder judicial y del propio Constitucional.

Rufián, además, ha rechazado la agitación social, la movilización en las calles. Ha sido muy gráfico: “La desobediencia, sin plan, es confeti”, han sido sus palabras.

Unidad de la izquierda

La vía está en el Congreso. Es la proposición de ley, ha repetido. Con una propuesta de ese cariz “se lo pones más difícil” a los magistrados del órgano de garantías. Ahora bien, el diputado catalán ha evitado cuestionar el procedimiento empleado para modificar las dos leyes mencionadas, a través de enmiendas.

En el PNV, uno de los grupos que, a pesar de haber apoyado en el Congreso la reforma del Código Penal y las enmiendas sobre las leyes del poder judicial y del Tribunal Constitucional, ha sido más críticos con el procedimiento, no ha rebajado la gravedad del momento. El portavoz, Aitor Esteban, ha calificado así la coyuntura. Pero también ha recordado que aquellas “prisas” del trámite no han sido positivas. “Más relajación hubiera sido bueno”, ha dicho.

Para Esteban, veterano parlamentario, lo más lógico es que un grupo registre una proposición de ley con un contenido prácticamente idéntico al de las disposiciones suspendidas por el Tribunal Constitucional.

Cree lo mismo Íñigo Errejón; de hecho, la suya es la única formación que ya ha movilizado una proposición de ley. Sólo está su firma, de momento. El texto únicamente afecta a la ley del Tribunal Constitucional de 1979. Suprime y altera varios preceptos para acabar con el sistema de verificación de los nombramientos de magistrados que efectúa el tribunal y para conseguir que, una vez haya casos de exceso de mandato, superior a 9 años y 3 meses, la entidad de la que depende el reemplazo, sea el Gobierno o el Consejo General del Poder Judicial, proceda. 

El diputado madrileño ha abogado por “un compromiso cívico” y por “la activación popular”. No ha sido explícito sobre movilizaciones en las calles o actuaciones de un tenor parecido. Sí lo ha sido sobre la necesidad de “desbloquear” las normas paralizadas, y los consiguientes nombramientos que ampare, mediante “transformaciones legales”.

Y sí ha sido rotundo sobre cómo tejer una mayoría progresista en el Parlamento para responder a la crisis institucional. “Si el Gobierno llama a los grupos y busca coordinación, ahí estaremos”.

A su entender, por tanto, es Pedro Sánchez el que debe coger la batuta y marcar el cauce por el que irán las decisiones y las acciones. La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, se ha pronunciado más o menos igual: “No vamos a presentar medidas concretas; no es momento de soluciones individuales, sino de medidas conjuntas. Ha de ser el Gobierno el que se ponga en contacto con la mayoría plurinacional y progresista del Congreso, y sobre ese eje girar la solución”.

Pisarello ha hablado de la conveniencia de “un frente democrático y social” y de desplegar “todos los recursos jurídicos al alcance” para la reversión de la situación, así como “todas las iniciativas legislativas”. Preguntado por cuáles serían esas iniciativas legislativas, ha incluido la proposición de ley.

Patxi López no. Su grupo estudia qué hacer para, dentro de la Constitución y de los procedimientos legislativos, dar la vuelta a la mayoría conservadora del alto tribunal. Sin tensiones. “Serenidad”, ha dicho. “No es momento de exacerbar nada”, ha sentenciado.