Podemos se querella contra Batet por retirarle el escaño a Alberto Rodríguez

Podemos declara la guerra a Meritxel Batet y anuncia una querella por prevaricación horas después de que haya retirado el acta de diputado a Alberto Rodríguez después de que el Tribunal Supremo urgiera para la ejecución de su condena de inhabilitación. La decisión de la presidenta del Congreso de los Diputados, que ha comunicado en la tarde del viernes su decisión al afectado, ha despertando la indignación en el socio minoritario del Ejecutivo, que ahora amenza con poner en jaque la coalición el mismo día en que ha pedido una revisión de urgencia con el PSOE por injerencias en los acuerdos de Gobierno. Podemos justifica su embestida legal contra la socialista al considerar que su decisión se debe a la "vergonzosa presión del Supremo y a la extrema derecha", algo que a su juicio hace "un daño enorme" a la democracia.

La querella llegará a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que paradójicamente es la misma que emitió la sentencia condenatoria al diputado canario y cuyo presidente, Manuel Marchena, envió esta semana un oficio al Congreso para urgir a la ejecución de la condena de inhabilitación. Después de acusar al Alto Tribunal de ejercer "presiones" y de imponer una pena inexistente, Podemos tendrá que dejar en manos de la misma Sala su querella contra Batet por retirarle el escaño a Rodríguez. Una decisión que la presidenta tomó sólo después de haber recibido la aclaración por parte del Supremo donde apuntaba que era "obligada" la retirada de su cargo público.

En un comunicado de Podemos emitido a última hora del viernes denuncia directamente a Batet, que "ha tomado la decisión de retirarle el escaño a Alberto Rodríguez de manera unilateral, contra el criterio de los letrados de la Cámara y de la Mesa del Congreso que se reunió el pasado martes y ayer". En este punto, acusan a la socialista de tomar una decisión a sabiendas de que es contraria a la ley, un hecho que implica el delito de prevaricación.

"La presidenta del Congreso conoce la sentencia y sabe que la inhabilitación de Alberto Rodríguez era para ser elegido en unas próximas elecciones durante 45 días, lo que en ningún caso implica perder el escaño", detalla el comunicado, emitido el viernes a las nueve de la noche. "Presentaremos una querella contra Meritxell Batet por prevaricación. La decisión que ha tomado cediendo ante la vergonzosa presión del Supremo y a la extrema derecha hace un daño enorme a la democracia y a nuestro país", concluye. Fuentes moradas apuntan a que será Rodríguez quien interpondrá dicha querella, al ser el afectado.

Este paso de Podemos pone en jaque la estabilidad del Gobierno y aboca a un choque directo entre los dos socios. El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha mediado este mismo viernes en la guerra abierta entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño a cuenta de la reforma laboral, para posicionarse a favor de la ministra socialista. Un cierre de filas uqe podría ir en línea a la respuesta al ataque frontal emprendido los morados hacia Batet, que representa la tercera autoridad del Estado.

La reacción de los morados no es nueva. Unidas Podemos llevaba días calentando motores por si la decisión final sobre Rodríguez era la que ha sido. Casi instantáneamente a la comunicación de Batet, sus dirigentes han soltado la munición a través de las redes cargando directamente contra la presidenta.

La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ya apuntaba a la acusación de "prevaricación", pero al Tribunal Supremo, y recordaba que Rodriguez "fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí". El único objetivo ha sido "quitarle el escaño". "El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia", remataba Belarra en Twitter.

Otra de las críticas más feroces de Unidas Podemos ha sido el cuestionamiento de la democracia que supone lo que ha sucedido con el escaño de Rodríguez. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado en Twitter que "no hay un solo argumento legal que permita retirar la condición de diputado" a su compañero de bancada, sobre todo tras un informe, el de los letrados del Congreso, que explicaban su caso con "claridad". "Detrás está la reacción judicial y política más profunda. Es un asalto a la democracia", ha zanjado.

En una línea similar, Pablo Iglesias: "Contra el criterio de los letrados del Congreso y tras las presiones de Marchena y la derecha, Meritxell Batet, que sabe además que el juicio contra Alberto Rodríguez fue impresentable, le retira el acta de diputado. Como en la República de Weimar, el monstruo avanza con aliados".

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha sido lacónico e irónico en su perfil de la red social: "Manuel Marchena, nuevo presidente del Congreso".

Desde el PSOE, el diputado Odón Elorza también se ha pronunciado: "Me parece desproporcionado y escandaloso que se prive a un diputado de su escaño por una pena del Supremo de un mes y medio de cárcel, sustituida en el fallo por una multa de 540 euros y acompañada de la inhabilitación".

Sin embargo, la satisfacción ha sido la nota común en PP, Vox y Cs. Máximos representantes de estos tres partidos se han posicionado en una línea casi idéntica. Cuca Gamarra, Macarena Olona e Inés Arrimadas se han congratulado de la decisión porque Rodríguez estaba condenado y no era aceptable, según sus pareceres, que siguiera en el Congreso.

Pierde el acta

La decisión de Batet ha llegado un día después de haber pedido al Tribunal Supremo una aclaración sobre el alcance de la sentencia que le condenaba por haber pegado a un policía nacional hace siete años. Aclaración que el juez Manuel Marchena transmitió horas antes: el diputado de Unidas Podemos debe quedar inhabilitado. Y eso es lo que ha pasado. Al diputado de Unidas Podemos se le ha comunicado el oficio del presidente del Tribunal Supremo por el que se da traslado de la sentencia de la Sala Segunda, así como del auto por el que se dispone su ejecución, según un comunicado de la presidencia de la Cámara Baja.

No ha sido la única diligencia de Batet, ya que también ha notificado la decisión a la Junta Electoral Central para que proceda a habilitar al sustituto de Rodríguez, que será el siguiente candidato que figuraba en la lista de la formación por Santa Cruz de Tenerife y que en los comicios generales de noviembre de 2019 no resultó elegido. La Secretaría General del Congreso también ha sido informada para que desactive toda la operativa interna que afecta a Rodríguez.

La Junta Electoral Central tiene previsto reunirse el miércoles que viene para analizar los escritos del PP, Vox y Cs en los que piden la pérdida del escaño de Rodríguez. La decisión ya está tomada y el trámite consistirá en analizar la adecuación del caso a la ley electoral. Fuentes de este organismo han indicado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que la sesión, tras la resolución de Batet, no será ni tan difícil ni tan larga. Había preocupación entre sus vocales por la deriva del asunto.

Un proceso largo

El caso de Alberto Rodríguez comenzó el pasado día 7 cuando el Tribunal Supremo le condenó a un mes y quince días de prisión por haber golpeado y lesionado a un agente de la Policía Nacional durante una manifestación contra la 'ley Wert' (la entonces ley educativa) en la Laguna (Santa Cruz de Tenerife). No era aún diputado, eso ocurrió más adelante.

La sentencia del Supremo hacía constar que dicho castigo conllevaba la "inhabilitación especial para el ejercicio del derecho del sufragio pasivo" durante el tiempo de la condena, que se sustituyó por una multa de 540 euros a pagar durante 90 días.

El mismo día 7 se desató también la presión política. PP, Vox y Cs pidieron la retirada inminente del acta de diputado. Unidas Podemos criticó durante la sentencia, y sobre todo, los fallos procedimentales que, a juicio de este partido, tergiversaban la decisión judicial.

Consideran los servicios jurídicos que el castigo a Rodríguez no genera más consecuencias que las ceñidas al caso, y por tanto, no cabe aquí la retirada del escaño

El caso se trasladó a la Mesa del Congreso de los Diputados, y en concreto, a la presidenta. Los servicios jurídicos de la Cámara recibieron el encargo de hacer un informe, el cual se estudió durante la reunión de este pasado martes. No acarreó decisión alguna. Poco después, el juez Marchena envió una comunicación a Batet en la que pedía que se le informara sobre el momento en que ejecutaría la sentencia. El texto delataba la posición del presidente de la sala segunda del Supremo, tendente a la inhabilitación.

El informe de los letrados, sin embargo, tendió a lo contrario. Consideran los servicios jurídicos que el castigo a Rodríguez no genera más consecuencias que las ceñidas al caso, y por tanto, no cabe aquí la retirada del escaño. El choque estaba servido.

La presidenta del Congreso convocó de urgencia otra reunión de la Mesa el pasado jueves por la mañana. Prevista para las 13.00 horas, no comenzó hasta una hora después. Acabó entrada la tarde y fue una sesión muy tensa. Por una mayoría de 5 a 3, estando en la mayoría dos representantes del PSOE (menos, precisamente, Batet) y tres de Unidas Podemos, el órgano de gobierno de la Cámara decidió enviar una solicitud de aclaración al Supremo acerca del alcance de la sentencia. Batet, pese a todo, había comunicado su posición a sus colegas: a favor de dejar a Rodríguez sin acta de diputado.

Fuentes de la Mesa señalaron a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, terminada la reunión, que la decisión previsiblemente sería la que al final ha adoptado la presidenta, pues es lo que dijo sin ambigüedades durante la reunión. Como también dijo que el desenlace lo asumiría ella sola, pues a ella se dirigían los requerimientos del presidente de la sala segunda del Supremo. Y así ha sido, aunque no sin dilaciones ni dudas, puntualizan las fuentes.

Sin embargo, una vez conocida la respuesta de Marchena a esa solicitud de aclaración, ya sin ambages a favor de la inhabilitación, el margen de maniobra de Batet se redujo al máximo.