Moncloa se abre a reformar el delito de sedición tras pedirlo ERC

El Gobierno recoge el guante lanzado la mañana de este martes por ERC sobre que es necesario avanzar en una reforma del delito de rebelión y sedición para apoyar los Presupuestos de 2023 y se muestra dispuesto a estudiarlo. Con el proyecto aún negociándose en el seno del Ejecutivo, entre el PSOE y Unidas Podemos, ERC ha mostrado su predisposición a apoyar las cuentas pero con condiciones.

El portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, no se ha referido de manera explícita a una reforma del Código Penal que reducir las penas de cárcel de ambos delitos sino que se limitó a apuntar que "se trataría de poner justicia donde hay injusticia". Los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición , señaló, "saben perfectamente lo que tienen que hacer". Pero fuentes de ERC recordaron después, según informa Europa Press, que la modificación de la rebelión y la sedición, para rebajar los años de cárcel, llevan meses sobre la mesa.

No han quedado dudas de que realmente esto es lo que los independentistas están pidiendo ya que, cuando los medios de comunicación preguntaron por ello a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ella respondió sin dudarlo. "España podría homologar la definición de este tipo penal a otros países de nuestro entorno", dijo. Pero recordó que se trata de la reforma de una ley orgánica y es necesario contar con una mayoría (absoluta en este caso). "Si logramos esas mayorías se puede explorar esa modificación", sostuvo.

La portavoz también replicó a la propuesta lanzada este martes en el Parlament por el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que planteó elaborar desde Cataluña una propuesta de "acuerdo de claridad democrática" para un referéndum de autodeterminación con el que plantarse en Madrid y forzar la celebración de una consulta vinculante y acordada. Un término, el de claridad democrática, que remite al proceso soberanista del Quebec, defendido en su día por Jordi Pujol.

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Isabel Rodríguez recordó que el marco en el que se produce la comunicación entre el Gobierno y la Generalitat para buscar una solución al conflicto político catalán es la mesa de diálogo, que se reunió a finales de julio. "Seguimos avanzando en aras de la normalización", señaló. Ellos, añadió (en referencia a ERC), "mantienen sus pretensiones de máximos que no son compartidas por el Gobierno". "Avanzar significa normalizar, recuperar prioridades", apuntó en referencia a la política económica y social.

Por otro lado, fuentes del PSC admiten que la cuestión está encima de la mesa, pero que no se presentará públicamente hasta que se tengan garantizados los votos suficientes para que sea aprobada en el Congreso. Aunque los socialistas no fijan el 31 de diciembre como una fecha máxima para que salga adelante, sí que admiten que es preferible que un acuerdo de esta magnitud se aleje al máximo de las elecciones autonómicas y municipales de mayo del 2023. Aún así, recuerdan que los indultos no supusieron para ellos un desgaste electoral, informa Sara González.